Panamá debe disciplinar sus procesos administrativos

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Nada es inmutable en la vida. Todo cambia y por tanto los seres vivos deben amoldarse constantemente a las nuevas condiciones y retos, desarrollando nuevas habilidades y estrategias no solo para subsistir, sino también para crecer y multiplicarse. Esta característica fundamental de los seres vivos, la capacidad de evolucionar, se expande a otros ámbitos de la vida del ser humano como la organización productiva y las estructuras políticas.

Prueba de ello es cómo la sociedad humana ha evolucionado de la recolección y caza de alimentos por tribus nómadas, al cultivo y la cría de animales domésticos que dio paso al desarrollo de las ciudades, en una primera etapa donde la esclavitud era universalmente aceptada, para luego dar paso al feudalismo, la revolución industrial y finalmente a la revolución informática. Un proceso que fue acompañado por una evolución igual de significativa en el ámbito político donde pasamos de la estructura patriarcal de la tribu (inicialmente matriarcal) al Estado Nación, a la República Romana y finalmente al surgimiento de los Estados Nacionales.

En el caso de Panamá, no debemos olvidar que se trata de un país joven, con poco más de 110 años de vida independiente, pero cuyo Estado Nacionales terminó de perfeccionar hace tan solo 15 años, cuando Estados Unidos cumplió con su compromiso de transferir a manos de los panameños el Canal de Panamá y las  áreas que conformaron ese enclave colonial denominado Zona del Canal.

Esto significa que la agitación que experimenta el país debido a las acciones que adelantan el Ministerio Público y otras autoridades, para denunciar, perseguir y castigar los supuestos actos de corrupción perpetrados durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli, debe ser entendida como algo natural dentro de los cambios que experimenta un país en pleno crecimiento, pero que hasta ahora carecía de las normas necesarias para evitar y perseguir la corrupción en la administración pública. Los estadounidenses llaman a este tipo de situaciones growing pain, lo que significa literalmente dolores de crecimiento.

Recordemos que hasta hace poco el presupuesto de inversión del Estado panameño no superaba los $500 millones anuales, eso significa que durante sus mandatos, presidentes como Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso dispusieron de menos de $2.500 millones para ejecutar proyectos de inversión, sin embargo hoy, gracias a la reversión del Canal y al crecimiento de diversos sectores de la economía se estima que el presupuesto de inversión del presidente Juan Carlos Varela para el quinquenio 2014-2019 rondará los $20.000 millones.

En consecuencia, las posibilidades de que parte de esos dineros se pierdan en las manos de personas inescrupulosas es significativamente mayor hoy en día. El problema es que las normas que regulan la administración pública no han evolucionado al mismo ritmo que la economía del país y por tanto hemos dejado abiertas una gran cantidad de puertas por las que la corrupción puede penetrar e infectar las estructuras estatales.

Ante esta realidad, una de las tareas que se desprende de la actual coyuntura que vive el país es tomar los correctivos necesarios y ello significa disciplinar la administración pública. Esto implica transferir a  normas legales los parámetros éticos con que los panameños queremos que nuestros gobernantes administren los recursos públicos, rediciendo la discrecionalidad y estableciendo límites bien definidos en materia de conflicto de intereses.

El país está frente a una oportunidad para evitar situaciones como la danza de millones que se registró en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y tenemos que aprovecharla. Porque no hacerlo sería dejar abierta nuevamente la puerta al despilfarro y la malversación de los fondos públicos, fondos que el país requiere para ofrecer a los panameños, especialmente a los menos favorecidos, una mejor calidad de vida.    

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