Panamá defiende su decisión soberana ante la Unión Europea de mantener su régimen fiscal

Panamá defiende su decisión soberana ante la Unión Europea de mantener su régimen fiscal

La República de Panamá, como Estado soberano, confiado en los esfuerzos que han sido implementados a través de los años y considerando que cualquier modificación al régimen fiscal territorial debe ser el resultado de un estudio exhaustivo que contemple el impacto que representaría para la nación, decidió no acceder a las exigencias de la Unión Europea, que implicaban modificaciones normativas no consensuadas, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.

La República de Panamá y la Unión Europea (UE), a través de los años, han mantenido un canal de comunicación continua en donde el país ha demostrado su mayor voluntad en cooperar con la información requerida y contribuir con una fiscalidad más transparente y equitativa, detalla en comunicado.

 “Desde junio de 2021, la UE, a través de su Código de Conducta, comunicó a la República de Panamá que consideraba el régimen fiscal territorial como pernicioso en función de cinco criterios, (1) nivel bajo de imposición; (2) ring-fencing; (3) sustancia; (4) principios internacionalmente aceptados y (5) transparencia.

Ante las consideraciones expresadas, “la República de Panamá argumentó sobre la solidez de su sistema impositivo y destacó todos y cada uno de los mecanismos que ha implementado en los últimos años para evitar los posibles riesgos que pudiesen surgir a partir de interacciones entre dos sistemas tributarios distintos”.

 Entre los múltiples esfuerzos realizados por parte de Panamá, el MEF cita que se destacaron: la adherencia al Marco Inclusivo de BEPS desde 2016, la implementación de los estándares de intercambio de información fiscal automático y a requerimiento, la implementación de los estándares internacionales para la aplicación de las normas de Precios de Transferencia, el cumplimiento e implementación de los estándares mínimos del Proyecto BEPS, la adecuación legislativa e implementación operativa de cambios sustanciales a los regímenes especiales en la República de Panamá, entre otros.

 Los cambios mencionados demuestran la voluntad de la República de Panamá en adecuarse a los estándares internacionales tributarios para evitar que el resultado de la interacción entre su sistema fiscal territorial con otros sistemas fiscales fuese la no imposición o la doble imposición.

 

Sin embargo, precisa el comunicado, a pesar de los esfuerzos realizados y de la argumentación sustentada por parte del país, el resultado de la evaluación por el Código de Conducta concluyó en considerar el sistema fiscal de la República de Panamá como pernicioso y se solicitó que el Gobierno Nacional expresara su compromiso del más alto nivel técnico y político para realizar todas las modificaciones normativas necesarias antes del 31 de diciembre de 2022 y que su implementación iniciase a partir del 1 de enero de 2023.

“El Código de Conducta comunicó a Panamá que la consecuencia de no expresar compromiso sería la inclusión de Panamá en la Lista de la Unión Europea de Países no Cooperadores en materia fiscal, lista en la cual el país actualmente se encuentra por la calificación de “parcialmente cumplidores” otorgada por el Foro Global, en materia de intercambio de información fiscal a requerimiento”.

 La República de Panamá, reitera el comunicado, como Estado soberano, confiado en los esfuerzos que han sido implementados a través de los años y considerando que cualquier modificación al régimen fiscal territorial debe ser el resultado de un estudio exhaustivo que contemple el impacto que representaría para la nación, decidió no acceder a dicho compromiso.

 La decisión oficial de mantener a Panamá en la Lista de la Unión Europea de Países no Cooperadores en materia fiscal se haría oficial una vez ocurra la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), que será en octubre de 2021.

SMV destaca trabajo por la transparencia y el cumplimiento

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) reiteró en comunicado su compromiso de cumplir con los estándares internacionales para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como continuar trabajando en la consecución del Plan de Acción que ejecuta Panamá para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ser excluido de la Lista Gris.

Para la Superintendencia del Mercado de Valores es una prioridad mantener los estándares normativos y de supervisión que permitan cumplir con las regulaciones internacionales, así como robustecer la plaza panameña para contribuir a que Panamá sea excluida de las listas discriminatorias.

En este sentido, señala, la SMV ha realizado acciones para implementar mejoras continuas en los procesos de supervisión, investigación y en los mecanismos para atender las solicitudes de cooperación internacional.

La SMV señala que a la fecha se ha dado respuesta oportuna a 13 asistencias internacionales en el año 2021 provenientes de jurisdicciones como España, Nicaragua, Estados Unidos, Bahamas, Ecuador, Australia y Sudáfrica.

Además, “como signataria del apéndice A del MMoU de IOSCO, esta Superintendencia ha efectuado 15 solicitudes de información a reguladores del mercado de valores de otras jurisdicciones para cumplir con su función de investigación y sanción”.

La SMV señala continúa su trabajo de posicionar a Panamá como plaza competitiva, transparente y cooperadora a través del ejercicio de una apropiada supervisión con base en riesgo hacia los participantes del mercado de valores panameño con la finalidad de prevenir el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y brindar la protección establecida en la Ley del Mercado de Valores a nuestros inversionistas.

De esta forma, enfatiza, la SMV estableciendo acciones ejemplares y efectivas, se suma a la estrategia gubernamental y a las iniciativas del sector privado, en este esfuerzo país, cuyo objetivo es cumplir con las recomendaciones del GAFI.

 

 

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