Panamá enfila sus cañones hacia Francia

Panamá enfila sus cañones hacia Francia

Especialistas consideran que la reforma a la Ley 58 debe ajustarse para que su aplicación sea automática

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Aunque evidentemente el proyecto de reformas a la Ley 58 de 12 de diciembre de 2012, que reestructura las medidas de retorsión en caso de medidas discriminatorias contra Panamá por parte de otros Estados, parece tener como prioridad la adopción de medidas económicas contra Colombia, una revisión rápida de su contenido deja en evidencia que el documento también enfila los cañones panameños hacia Francia, país que a principios de año incluyó al istmo en su lista de paraísos fiscales.

En abril pasado, en medio del escándalo mediático generado por un informe publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y un conglomerado de medios de comunicación liderados por el diario alemán Süddeutshe Zeitung (Gaceta del Sur) sobre la creación de sociedades offshore por parte de la firma forense panameña Mossack- Fonseca, el ministro de Finanzas francés Michel Sapin, desató una guerra contra Panamá.

Primero Sapin anunció su decisión de incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales, debido a que, a su juicio, el escándalo de Mossack Fonseca demostraba que el país le había mentido a su gobierno meses antes, al presentarse a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en París, donde fue excluido de la lista gris de paraísos fiscales de ese organismos tras la aprobación de un paquete de leyes para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Y de nada sirvió el viaje del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, a París para reiterarle a Sapin la decisión de Panamá de hacer más transparente su plataforma de servicios internacionales mediante la firma de un acuerdo bilateral para el intercambio de información fiscal conforme a los términos exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en materia de lucha contra el lavado de activos, ya que posteriormente, en un encuentro contra la corrupción y el blanqueo de capitales, celebrado en Londres  Sapin calificó a Panamá como un enorme problema para los países desarrollados y advirtió que: El resto del mundo está convergiendo en la aplicación de medidas de transparencia. Así que Panamá acabará por ser el único, el último, a favorecer a gran escala lo que condenamos.

Por ello no es extraño que ahora que se prepara una nueva Ley de retorsión Panamá perfile sus cañones contra Francia, y prueba de ello es que una vez aprobada la reforma se abrirá la posibilidad de suspender el movimiento de transporte terrestre, aéreo y marítimo de cargas peligrosas bajo la Clase 7, lo que se refiere a material radioactivo, una medida que,  sin duda, podría poner fin al paso por el Canal de Panamá de barcos con uranio empobrecido o enriquecido para el sistema degeneración de energía francés.

Otra iniciativa contenida en la nueva Ley de Retorsión que podría impactar los intereses franceses es la que restringe o suspende a las personas naturales o jurídicas originarias de cualquier Estado que sea sancionado con esta norma (o que estén incorporadas en cualquier otra jurisdicción, cuyos beneficiarios finales sean nacionales del Estado sancionado), para participar en cualquier proceso de contratación pública u otorgamiento de nuevas  concesiones, permisos o autorizaciones, incluyendo de comercio, servicios públicos,  transporte terrestre, aéreo o marítimo, de extracción, explotación de metales, hidrocarburos, uso de suelos, subsuelos, suelo marítimo, recursos naturales, o renovables de cualquier tipo en la República de Panamá.

Una acción que de aplicarse, por ejemplo, le impediría al Consorcio Línea 2, conformado por las empresas Odebrecht Infraestructura y FCC, que actualmente adelanta la construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá comprar las locomotoras y los vagones de este nuevos sistema de transporte masivo a la empresa francesa Alstom, sin importar si estos son fabricados en España o en cualquier otro país.

El ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, aclaró que la reforma aprobada por el Consejo de Gabinete y que se espera sea discutida con urgencia notoria por la Asamblea Nacional de Diputados no está orientada contra ningún país en particular, pero la iniciativa incorpora a la Ley 58 nuevas definiciones, alcances, procedimientos así como la creación de una lista para distinguir a los países o estados, que por diversas razones incurran en prácticas que  discriminen o impliquen una lesión a los intereses económicos o bienes comerciales de la República  de Panamá, a fin de adoptar medidas en defensa de los intereses nacionales.

Recordó que esto incluye sanciones tributarias, arancelaria, migratorias y de movimiento de mercancías y cualquier otra medida que tenga a bien aplicar el Consejo de Gabinete.

Sin embargo, para el abogado Eduardo Morgan, la iniciativa del Ejecutivo es positiva,  pero requiere ajustes al momento de ser debatida en el rgano Ejecutivo para que tal como ocurre en Estados Unidos
(EE.UU.), la inclusión en la lista de países que discriminan a Panamá y las sanciones aplicables sean automáticas y solo puedan ser levantadas cuando un país cese la discriminación o cuando el presidente de la República lo considere como una situación de interés nacional.

Un criterio que es compartido por el abogado Ramón Anzola, quien destacó que la reforma a la Ley 58 pone en manos de los ministros de Comercio e Industria y Economía y Finanzas la labor de confeccionar la lista de países que han adoptado medidas contra Panamá, lo que  incorpora el elemento político a esta decisión en lugar de que sea un procedimiento  automático como ocurre en la legislación estadounidense.

Hitler Cigarruista
hcigarruista@capital.com.pa
Capital Financiero

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