Panamá ratifica su lucha contra el blanqueo de capitales

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Panamá acaba de dar un paso vital en su lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo mediante la adopción de la Ley 23 de 2015, misma que se suma a las recién aprobadas Leyes 10, 11, 18 y 22 que cubren aspectos en materia penal y comercial, todas ellas adoptadas con la intención de que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sobre países que representan riesgo para el sistema financiero internacional en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Y es que, hoy en día, el problema no es simplemente estar en la lista, sino las repercusiones de dicha situación que están afectando nuestra economía, bancos y casas de valores que pierden sus relaciones de corresponsalía, empresas sin acceso a medios para transferir dinero a proveedores o pagar dividendos a sus accionistas en el extranjero, por mencionar los más evidentes. Para que nuestro lema Pro Mundi Beneficio siga siendo una realidad, es necesario tener acceso a ese mundo, o más bien, al sector financiero mundial. La inclusión en la lista gris es un duro golpe al país, y lo seguirá siendo mientras que el Gafi no decida excluirnos de la misma. El camino hacia esa meta ya ha sido trazado y los avances son notorios.   

La Ley 23 de 27 de abril de 2015 adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones, lo cual, en gran parte no es nada nuevo para diversos sectores de nuestro país, en el cual la lucha contra el blanqueo de capitales, o más bien dicho el lavado de dinero, tiene más de 30 años de existir en las normas que rigen diversas actividades del comercio.

La Ley 42 de 2000, hoy derogada por la Ley 23, fue de importancia material en sacar a Panamá de la lista negra del Gafi hace más de una década, sin embargo, la lucha internacional contra el terrorismo que sobrevino los hechos del 11 de septiembre de 2001, las convenciones internacionales sobre el desarme nuclear, y el hecho de que, cada vez que se estima el monto de dinero que es blanqueado a través del sistema financiero y el comercio, la cifra aumenta, han resultado en la necesidad de actualizar las normas sobre la materia a nivel internacional, y generado un mayor escrutinio sobre los países que no han actualizado las normas y que, como Panamá, por sus servicios internacionales  se convierten en el blanco de individuos y organizaciones criminales en busca de un lugar para ocultar el producto de sus actividades.

Se podría argumentar que la Ley 23, más que imponer medidas más estrictas a un centro bancario y de inversiones, flexibiliza las normas de debida diligencia ampliamente consideradas como excesivas por los panameños y extranjeros que acuden al mismo.  Dicha flexibilización tiene su génesis en la adopción de un sistema de debida diligencia basado en un enfoque de riesgo, tal y como recomienda el Gafi en la actualidad.

Empero lo anterior, la Ley aumenta la carga para otras actividades comerciales y profesionales cuya regulación, y sobre todo supervisión, no daba la talla de acuerdo con el equipo evaluador del Fondo Monetario Internacional (FMI), y adicionalmente suma a otras actividades comerciales y profesionales previamente no incluidas en la lucha contra el blanqueo de capitales.  La Ley, además intenta fortalecer a los organismos de control, como por ejemplo la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los cuales por diversas razones no han logrado ser eficientes en su labor para suprimir las conductas abusivas en el comercio nacional.

Si bien la Ley 23 ya ha entrado formalmente en vigencia, se espera que pase un tiempo antes de que el Ejecutivo la reglamente mediante los organismos de supervisión (la Ley le ha concedido 120 días para aquella tarea), lo que significa que a estos les corresponderá emitir (a corto plazo) los acuerdos y resoluciones que reemplazarán las reglas previas de identificación de clientes, monitoreo y entrega de reportes a las autoridades, o bien deberán crear nuevas reglas, cuando sea el caso.

Uno de los cambios más interesantes es también el que posa uno de los mayores retos para el sector público. Se trata de la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, la cual, aunque su nombre no lo dice, también regirá a los profesionales que realicen actividades que de acuerdo a la Ley son sujetas a supervisión por el riesgo de abuso asociado con ellas. La Intendencia que ha sido creada aglutinará a varios sectores y como tal reemplazará a la Junta Técnica de Bienes Raíces del Ministerio de Comercio e Industrias, la gerencia de la Zona Libre de Colón, la Lotería Nacional de Beneficencia y la Junta de Control de Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros.   

El reto de la nueva Intendencia no sólo será contar con un presupuesto adecuado para llevar a cabo sus delicadas funciones, sino también el de contar con personal especializado en cada rama del comercio o ejercicio profesional cuyas actividades deberá regular y supervisar para asegurarse que todas las empresas y profesionales bajo su control (cuyo número se estima en las decenas de miles) jueguen el rol que les corresponde en esta lucha.  Parece utópico pensar que 120 días van a ser en la práctica suficiente para conformar este equipo de trabajo y reglamentar la Ley con respecto a cada una de las actividades comerciales y profesionales bajo su supervisión, pero, por el bien de nuestra economía, ojalá Panamá demuestre nuevamente al mundo que puede cumplir con los objetivos y metas que se traza.   

Alejandro Abood Alfaro
Avant Consulting

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