Panamá reacciona tímidamente ante acciones de Colombia contra la ZLC

Panamá reacciona tímidamente ante acciones de Colombia contra la ZLC

El país suramericano evadió un fallo de la OMC emitiendo un nuevo Decreto

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pesar de contar con una Ley de Retorsión que le permite tomar un amplio espectro de medidas contra cualquier país que adopte medidas discriminatorias contra el Estado panameño, que afecten el desempeño de su economía, el Consejo de Gabinete acordó la conformación de un Equipo Ah Hoc que evaluará una serie de acciones integrales a implementar para garantizar la protección de sus intereses comerciales, luego que Colombia desconociera el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que le exigía el desmantelamiento de los aranceles mixtos aplicados de forma unilateral y discriminatoria contra algunas mercancías procedentes de la Zona Libre de Colón (ZLC).

La decisión del Ejecutivo panameño se registra luego que Colombia anunció que el 1 de noviembre dejó de aplicar el arancel mixto establecido desde el 2013 para las importaciones de confecciones y calzado, y que fue encontrado incompatible por el rgano de Solución de Diferencias de la OMC en el caso con Panamá, pero inmediatamente, el 2 de noviembre, el Ministerio de Comercio Industrias y Turismo de Colombia emitió los Decretos 1744 y 1745 que tienen el objetivo manifiesto de luchar contra el contrabando y la subfacturación, mediante el fortalecimiento del control aduanero, aunque evidentemente su verdadero fin es a proteger a la industria colombiana de textiles y calzados.

De esta forma Colombia nuevamente utiliza mecanismos legales no solo para desconocer los fallos de la OMC que la obligan a desmantelar las normas destinadas a la aplicación de impuestos específicos contra los textiles y calzados procedentes de la ZLC, por considerarlas discriminatorias y contrarias al libre comercio, extendiendo su aplicación gracias a pequeñas modificaciones, sino que en esta ocasión la situación es más grave, pues los nuevos decretos establecen la exigencia de presentar una extensa documentación para poder importar estos productos.

En este caso, por ejemplo, aunque Colombia afirma que ha dejado de aplicar el arancel mixto establecido desde el 2013 para las importaciones de confecciones y calzado, la realidad es que los mimos han sido modificados, reduciéndolos levemente,  fijando ahora un umbral de $10,00 por kilogramo para prendas de vestir y entre $6,00 y $10,00 por cada par de zapatos (dependiendo del tipo de calzado), bajo el cual aplicará temporalmente el arancel máximo consolidado en la OMC, de 40% y 35%, respectivamente, y por encima del umbral aplicará el arancel de 15%, que regía previamente.

A lo que hay que agregar que aquellas mercancías importadas por debajo de los umbrales de precios establecidos mediante el decreto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) solicitará certificados de los proveedores en el exterior, en los que se evidencie la relación comercial con su cliente, certificaciones de la existencia del proveedor en el exterior, manifiesto del representante legal del agente aduanero en el que certifique conocimiento de su cliente, manifiesto del importador en el que certifique que el valor a declarar de la mercancía corresponde al valor pagado, así como garantías específicas para su importación, entre otros.

Rechazo tímido

Tan pronto se conocieron las acciones adoptadas por Colombia el gobierno panameño, a través del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (Mici) señalando que con estos Decretos emitidos por el gobierno de Bogotá incumplen nuevamente tanto sus obligaciones como Miembro de la OMC, como lo dispuesto en los fallos del rgano de Solución de Controversias sobre el arancel mixto y las restricciones sobre puertos de entrada.

Ante este hecho, el titular del Mici, Augusto Arosemena, adelantó que la administración del presidente Varela ya ha analizado diferentes opciones destinadas a evitar mayores perjuicios a nuestro sector afectado (que es la ZLC) y equilibrar así los flujos de comercio con Colombia.

Sin embargo, en el Consejo de Gabinete en que se debatió la posibilidad de adoptar acciones contra Colombia dentro del marco de la nueva Ley de Retorsión aprobada por la Asamblea Legislativa recientemente se adoptó una postura más tímida, optando por la conformación de una Comisión Ad Hoc que evaluará las acciones a seguir y que estará integrada por la vicepresidenta y canciller de la República; Isabel De Saint Malo de Alvarado y los ministros de la Presidencia; Álvaro Alemán, de Comercio e Industrias; Augusto Arosemena y de Economía y Finanzas; Dulcidio De La Guardia.

Esta Comisión, según precisó el ministro Arosemena, analizará todas las opciones a fin de proteger -en toda su integridad- los intereses comerciales del país, aunque agregó que esas medidas también buscarán el mantenimiento armónico de las relaciones comerciales internacionales, para que incidan positiva y directamente en la circulación de flujos comerciales libres y equilibrados.

Discrepancias en el sector privado

No obstante, las empresas que conforman el sector logístico panameño, a través del Consejo Empresarial Logístico (Coel), pidió al Ejecutivo actuar de forma enérgica e inmediata en pro de la defensa de uno de los principales ejes históricos de desarrollo del país como lo es la ZLC.

Y es que de acuerdo con el presidente del Coel, Leroy Sheffer, la ZLC lleva 10 años continuos de ataques provenientes de las autoridades colombianas, las cuales ha desconocido dos fallos de la OMC en lo que aparentemente es su intención de desmantelar el intercambio comercial que existe entre ambos mercados, en abierta protección a sus intereses y desconociendo los acuerdos y compromisos internacionales pactados y afectando inclusive a los propios consumidores colombianos.

El documento firmado por empresas de las principales asociaciones logísticas del país, agrega que estas medidas son un obstáculos al comercio, que les obliga a exigir a a las autoridades panameñas la inmediata aplicación de la Ley 48 del 26 de octubre del 2016 que pone las medidas de retorsión que pueden ser aplicadas cuando el país sea víctima de acciones y restricciones discriminatorias e injustificadas.

De acuerdo con el presidente del Coel, Leroy Sheffer, las acciones de Colombia en la práctica tienen por objeto desincentivar el intercambio comercial bilateral, lo cual regresa, conceptualmente, a una disputa que hace siete años claramente un panel arbitral advirtió como ilegal.

Es inverosímil pensar que un país que apuesta al desarrollo de su conectividad, prefiera controlar el acceso de determinados productos, vía la restricción de puntos de ingreso, que aplicando eficientes medidas supervisión aduanera dijo Sheffer.

Sin embargo, para Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), si bien la actuación del gobierno colombiano es injusta y abusiva con un país hermano que siempre ha actuado conforme a los principios de equidad y buena fe, este no es momento de adoptar medidas que agraven el conflicto, sino más bien de utilizar la diplomacia para tratar de lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes. Un criterio que es compartido por el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP); Mikel Morales.

García Icaza consideró que hay que tener en cuenta que ya el Ejecutivo panameño aumentó los aranceles de importación aplicados a algunos productos procedentes de Colombia y que esto sin duda alguna está teniendo un impacto negativo en el volumen de las importaciones originarias de ese país suramericano, que en al cierre de 2015 sumaron un total de $361,6 millones (Ver recuadro: Aumento de aranceles)

Hitler Cigarruista
hcigarruista@capital.com.pa
Capital Financiero

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