Panamá requiere importante consolidación fiscal para evitar perder su grado de inversión

Panamá requiere importante consolidación fiscal para evitar perder su grado de inversión

Panamá debe transitar hacia una consolidación fiscal que implica reducción del déficit fiscal, por la vía del incremento de los ingresos o la disminución del gasto, condición para mantener su grado de inversión.

Estas conclusiones tuvieron lugar en el contexto del evento Agenda Panamá, organizado por Capital Financiero y Connectax, con el auspicio de Morgan & Morgan y MMG Bank, moderado por el director de Capital Financiero, Hitler Cigarruista, durante el cual se abordaron temas fiscales y financieros, cruciales en un momento de esperada reactivación pospandemia.

 

Dulcidio de la Guardia, director financiero de Morgan & Morgan, abordó las perspectivas fiscales de PanamáArístides Anguizola, socio de Morgan & Morgan detalló los lineamientos de la Ley 212 de 2021 sobre procesos de reorganización conciliada y Alejandro Cifuentes, manager de portafolio de MMG Bank, evaluó las Perspectivas macroeconómicas 2021 (estudio de MMG Asset Management).

Consolidación fiscal, desafío de Panamá

Dulcidio de la Guardia, director financiero de Morgan & Morgan y exministro de Economía y Finanzas, ofreció un amplio panorama que incluyó la revisión de la regla fiscal de Panamá (Ley de Responsabilidad Social Fiscal, LRSF); el desempeño fiscal 2013-2020; análisis del déficit 2021 (presupuesto), resultado fiscal a marzo 2021; la evolución de la deuda pública y el impacto en la calificación de riesgo.

En relación con la LRSF que establece límites máximos anuales del déficit fiscal para el Sector Público No Financiero (incluye ministerios, órgano judicial, empresas públicas, entre otros, pero no al Canal de Panamá, a Etesa o al Banco Nacional de Panamá), señaló que para este año permite un déficit fiscal del 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB) o $4,700 millones del presupuesto.

Advirtió que la Ley 185 de 2020 autorizó un incremento al límite de déficit fiscal de 10.5%, un aumento de 240% en relación con 2018.

Analizó que en 2020 el déficit fiscal del 2020 fue del 10.1% del PIB que se traduce en $5,350 millones, “el más elevado de los últimos 20 años”.

Señala que esta tendencia es insostenible para las finanzas públicas de allí la necesidad de ir hacia una consolidación fiscal que permita reducir el déficit fiscal.

Es un término, observó, que se escuchará mucho en los próximos meses: ir reduciendo de manera gradual o acelerada el déficit fiscal.

Cabe señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera reducir el límite de déficit fiscal a 4.0% en 2022 hasta alcanzar el 2.0% en 2024.

De la Guardia observa que el MEF tratará de usar todo el espacio fiscal disponible para frenar el impacto del cierre de la economía.

Ocurre, reflexiona, que los gastos de funcionamiento del Estado son mayores que los ingresos. De hecho, se contrató deuda por $1,569 millones para financiarlos.

Observa que desde el año 2013 al 2018, Panamá pagaba la totalidad de sus gastos de operación y lograba destinar recursos para inversiones públicas.

Esto se revirtió en 2020 cuando el gasto de funcionamiento superó a los ingresos corrientes y se contrató deuda pública para mantener el funcionamiento del Estado, en lugar de destinarlo a inversiones “que se traducen en mejorar la calidad de vida de los panameños”.

En 2020 los ingresos corrientes se situaron en $9,732 millones contra un gasto corriente de $11,347 millones, con un ahorro corriente negativo de -$1,569 millones que ameritó recurrir a deuda.

Estos gastos de funcionamiento incluyeron aumento de la plantilla, fueron para transferencia o subsidios, Caja del Seguro Social (CSS) e intereses de la deuda.

En este contexto, la CSS “terminó con un déficit operacional de $671 millones en el 2020 y en los próximos años se proyecta que el déficit presione los resultados fiscales”, observó.

Al respecto, señaló que es “urgente y crítico resolver el déficit operacional de la CSS”, porque de lo contrario “no se podrá llegar a una consolidación de las finanzas públicas”.

Al establecer un comparativo entre el presupuesto del 2020 y 2021, observa que establece un aumento del 25.9% en ingresos; aumento del 18.3% en gastos corrientes; con una disminución del gasto en inversión del 5.3%, aumento del déficit corriente del 6.9% y del déficit fiscal del 12%.

Observa estas cifras de presupuesto con escepticismo “porque es poco probable llegar a las metas de ingresos totales”. Ameritaría una reforma tributaria que al no estar contemplada, la única explicación es la de una “sobreestimación de los ingresos”.

Al evaluar el desempeño fiscal a marzo 2021, el experto observa que el déficit fiscal asciende a $992.1 millones, “un incremento de $158 millones versus 2020”.

En perspectiva, para llegar a la meta del déficit fiscal de -$4,700 millones será necesario proceder con recortes de gastos por $1,500 millones.

Al evaluar el indicador deuda pública, analiza que a marzo 2021, conforme al último informe del MEF, asciende a $38,405 millones.

La relación deuda/PIB se situó en 70% (2020) vs 46% en 2019, lo cual refleja “un deterioro de los indicadores”, afirma el director financiero de Morgan & Morgan.

Al referirse a la calificación de riesgo de Panamá, recordó que Fitch rebajó la calificación (BBB- perspectiva negativa), así como Moody’s (Baa2, perspectiva estable) y Standard & Poors (BBB, perspectiva estable).

De la Guardia no prevé un cambio en la calificación a menos que se tomen medidas para consolidar las finanzas públicas y en unos 12 a 18 meses Fitch, que la mantiene en negativa, cambie la perspectiva.

El experto evaluó que son varios los aspectos que influyen en la calificación de riesgo:

-Crecimiento económico que el Banco Mundial estima en 9%. Considera que puede ser una cifra más cercana al 5%.

Déficit fiscal que proyecta se cumpla de acuerdo con la LRSF y avanzando hacia la consolidación fiscal.

-En relación con el déficit de la CSS no ve solución en el corto plazo. “El diálogo no avanza o avanza lentamente”.

-La gobernabilidad es otro elemento a considerar, capacidad que “el Gobierno va a mantener”.

-La salida de las listas discriminatorias es otro factor a considerar. De la Guardia no ve factible esta salida rápida “porque se debe mostrar efectividad”.

“Se han aprobado las leyes necesarias para cumplir con los estándares internacionales, pero no hemos sido eficaces en mostrar efectividad. Allí esta el reto de Panamá”.

Me preocupa, afirmó, que se siguen promulgando leyes que imponen costos sin que el Estado haga una revisión interna.

“Los reguladores sí han mostrado efectividad en sus procesos y no así otros entes. Es preciso asegurarse que sean más efectivos, en lugar de estar pasando nuevas obligaciones a los regulados”.

En general, no considera que este año el Ejecutivo impulse “una reforma fiscal porque la situación económica es frágil; sí requiere una consolidación fiscal importante que implica una reducción del déficit fiscal, aumento de ingresos o disminución del gasto”.

Resaltó que esta consolidación es fundamental en los próximos años para mantener el grado de inversión que hace una diferencia crucial en el crecimiento de 20% en positivo; si el país la tiene; negativo, si se pierde.

Con respecto a los elementos de esta consolidación fiscal, dijo que dependerá de la política pública, pero se inclina por eliminar gastos superfluos y revisar el gasto en planilla.

Perspectivas macroeconómicas 2021

Alejandro Cifuentes, manager de portafolio de MMG Bank, al evaluar las Perspectivas macroeconómicas del 2021, analizó varias tendencias que vienen ocurriendo.

Estados Unidos emerge “como líder de los mercados bursátiles a nivel mundial” y su sector de tecnología, mientras el índice europeo queda rezagado, como parte de un lento desempeño en los últimos diez años.

En el caso de los índices de renta fija (perspectiva global), la “deuda latinoamericana queda rezagada en la recuperación comparado con sus pares”, con los corporativos de Estados Unidos como líderes.

Analiza que el “área financiera o de inversiones se mantiene en un tono al alza y lo vemos tanto en renta variable como en renta fija”.

Al ponderar el indicador del gasto fiscal como porcentaje del PIB global, analiza que el gasto fiscal ha sido más agresivo en las economías avanzadas, de manera fundamental porque tenían un mayor espacio fiscal.

Las economías emergentes y en desarrollo gastaron un 5% o más, mientras que países como Estados Unidos destinaron el 31% de su PIB para atender la pandemia.

Esta comportamiento también es consistente del lado de los paquetes fiscales, al observar las economías avanzadas con planes más robustos.

Analiza que Estados Unidos y China avanzan hacia una recuperación completa; no ocurre lo mismo en Japón y Europa que todavía están en proceso.

“Lo que sí podemos concluir es que todavía queda mucho espacio para seguir estimulando a estas economías desarrolladas a través del gasto fiscal”.

Al evaluar el indicador empleo, hay leve mejora en Japón y Europa, con mayores cambios en Estados Unidos y en general “niveles por encima de las cifras prepandemia”.

De hecho, “los reclamos de desempleo reflejan destrucción de plazas laborales” y refuerza la necesidad de mantener “agresivos paquetes fiscales”.

Un aspecto relevante es la tasa de ahorro en Estados Unidos, con cifras por encima de niveles históricos, lo cual pronostica presiones inflacionarias y que “un exceso de ahorro sin capacidad de gasto” termine en los mercados financieros.

Esta realidad está alineada con un “costo de servicio de la deuda privada del hogar a niveles bajos históricos” que brinda espacio “para incrementar el gasto” de las familias.

En perspectiva, el analista estima una recuperación más agresiva y rápida; con una inflación que todavía da margen al gasto fiscal.

Panamá, economía en vías de desarrollo, con el uso del dólar y sin banco central, tendrá una recuperación distinta a mercados como el de Estados Unidos.

Cifuentes analiza que conforme al estudio hay una “baja expectativa a corto plazo, con recuperación completa a partir de 2022 y un crecimiento a largo plazo estimado al 7.1%”.

El informe de MMG Asset Management con respecto a la deuda bruta del Gobierno como porcentaje del PIB (que estimó una expectativa de crecimiento en 2020 de 55%), estima una reducción a largo plazo “sin visibilidad de regresar a niveles originales prepandemia”.

Ciertos aspectos como “costo de capital de las compañías en niveles bajos históricos, tanto en EE.UU. como a nivel global”, se puede traducir en Panamá en más Inversión Extranjera Directa (IED).

De igual modo, un dólar a la baja beneficia la competitividad de Panamá así como un predecible incremento en los precios de materias primas como el cobre, “que nos puede ayudar a mejorar la balanza de pagos”, señaló el analista.

Considera que la recuperación global “debería afectar de manera positiva a los mercados emergentes, a través de exportaciones y demanda de bienes”, con beneficios para el país.

La reorganización conciliada y sus cambios más notorios|

Arístides Anguizola, socio de Morgan & Morgan, detalló los alcances de la Ley 212 de 2021 que de manera general ofrece una oportunidad a las empresas para organizarse luego de la afectación a causa de la pandemia.

“En Panamá, por cien años, lo que existía era un régimen de quiebra absoluto. En nuestro país no había este concepto de reorganizarse y darle una segunda oportunidad a las empresas: La que no podía pagar sus dudas debía declararse en quiebra, un proceso muy demorado que no tenía otro fin que liquidar o rematar los bienes”, detalló.

La ley 12 de 2016 fue un avance al generar un régimen híbrido: se podía optar por reorganizarse, reestructurarse o que alguien la declarara en liquidación.

Esta ley 12, observa, no contempló que podría venir una pandemia.

De esta forma se establece la Ley 212 de 2021 que “establece un proceso conciliado para ayudar a las empresas afectadas por el COVID-19”.

Tiene dos grandes objetivos:

Proteger el crédito y a los acreedores ante situaciones de insolvencia originados durante el estado de emergencia.

Promover la recuperación y conservación de las empresas como “fuentes generadoras de empleo y la obtención de recursos para hacerle frente a sus obligaciones”.

Pueden beneficiarse de esta ley “personas naturales comerciantes y sociedades mercantiles” con cesación de pago o insolvencia debido al estado de emergencia.

Mínimo, requieren estar operativas desde hace 20 meses de manera continua.

Es importante que los beneficiados de la ley deben presentar el llamado “aviso de intención” en un plazo máximo de dos años desde promulgada la ley “en la cual se le solicita el inicio del proceso de reorganización conciliado”.

El experto explicó que el proceso común requiere ir a un juzgado lo cual da inicio a un proceso judicial.

En este caso, “hay un aviso de intención: se notifica a un juzgado que el proceso ocurre ya sea en un centro de mediación o arbitraje”.

Son los solicitantes el deudor o una Junta de Acreedores (conformado por la mayoría absoluta de los acreedores que integran la totalidad del pasivo del deudor”.

Destaca la importancia del Plan de Continuidad (plan de reorganización en la ley de 2016) que persigue lograr la recuperación de la empresa o negocio.

Hay dos figuras relevantes en el proceso, tanto el conciliador (persona designada para administrar el proceso) como el experto financiero, un profesional con experiencia acreditada, quien examina los libros contables del deudor y sus operaciones, elabora el plan de continuidad y evalúa las recomendaciones.

Otros efectos de interés en este proceso de reorganización conciliada es que los empleados participan, se aplazan gastos pero el deudor tiene la posibilidad de contraer deuda para lograr la recuperación de su empresa.

Si el plan de continuidad no logra aprobación, termina el proceso y los acreedores recuperan sus derechos sobre los bienes del deudor. Avanza de manera favorable, si la mayoría de los acreedores (representantes del 51% de la totalidad del pasivo), lo aprueban.

Anguizola reconoce que esta ley es una vía en la recuperación, pero hay quienes “no pudieron resolver porque nunca contaron con el apoyo económico”.

Violeta Villar Liste
[email protected]
Capital Financiero

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