Panameños exigen nombres de involucrados en el Caso Odebrecht

Panameños exigen nombres de  involucrados en el Caso Odebrecht

El Ministerio Público parece esconder los nombres de las personas investigadas

 

El acuerdo anunciado por la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, mediante el cual la empresa Norberto Odebrecht adquirió el compromiso verbal y formal de devolver al Estado panameño la suma de $59 millones que pagó en concepto de sobornos o coimas para adjudicarse un número plural de licitaciones públicas ha recibido un fuerte rechazo de parte de amplios sectores de la sociedad panameña, que consideran que esa cifra no refleja adecuadamente el perjuicio provocado al Estado panameño y exigen, además que se divulgue el nombre de las personas que recibieron esos dineros.

El acuerdo anunciado por la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, mediante el cual la empresa Norberto Odebrecht adquirió el compromiso verbal y formal de devolver al Estado panameño la suma de $59 millones que pagó en concepto de sobornos o coimas para adjudicarse un número plural de licitaciones públicas ha recibido un fuerte rechazo de parte de amplios sectores de la sociedad panameña, que consideran que esa cifra no refleja adecuadamente el perjuicio provocado al Estado panameño y exigen además que se divulguen los nombres de las personas que recibieron esos dineros.

Según informes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EE.UU.) directivos de Odebrecht admitieron el pago de $59 millones en sobornos, localmente conocidos como coimas, a funcionarios públicos durante el período 2009-2014 con la finalidad de adjudicarse diversas licitaciones públicas, lo que le generó a esa empresa una ganancia de $175 millones.

No obstante, para diversas organizaciones de la sociedad civil como el Colegio Nacional de Abogados (CNA) y el Movimiento Independiente por Panamá (Movin), así como para figuras públicas de la talla de los ex contralores Alvin Weeden y José Chen Barría, el catedrático universitario Miguel Antonio Bernal y las diputadas Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez, lo pactado entre el Ministerio Público y Odebrecht es insuficiente para resarcir el daño infringido a las arcas públicas tomando en cuenta que a lo largo de las últimas tres administraciones la empresa brasileña se adjudicó la construcción una amplia cartera de proyectos estatales por los que recibió pagos estimados en $9.226,6 millones, monto que supera en $951,3 millones la cifra original establecida en los actos públicos correspondientes.

Para Weeden, Chen Barría, Bernal, Goméz y Rodríguez la principal razón de su rechazo a lo actuado hasta el momento por el Ministerio Público es que a la fecha no se han dado a conocer los nombres de las personas que recibieron los pagos ilegales, tal como ha ocurrido en otros países, de forma que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de quiénes y cuánto dinero recibieron, así como de los pasos que adelantan las autoridades para recuperar esos fondos y procesar penalmente a todos los involucrados, sin importar su nombre o afiliación política.

Por su parte, Movin envió una carta abierta al presidente de la República, Juan Carlos Varela, en la que plantea que el Gobierno no ha sabido proteger los intereses del Estado y advierten que el país atraviesa por una situación de alta vulnerabilidad, económica y política, con una empresa cuyas prácticas corruptas dejaron de ser una sospecha, por lo que exigieron a las autoridades adoptar acciones concretas para combatir la corrupción.

En tanto, el abogado Alfonso Fraguela, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), manifestó que la devolución de los $59 millones anunciada por el Ministerio Público podría ser considerada como un atenuante del delito que se le imputa a Odebrecht, pero no lo hace desaparecer.

Y es que a su juicio, la empresa, con esa devolución, confirma que se hizo algo incorrecto, buscando que las sanciones que puedan emitirse en su contra no sean las máximas establecidas por la ley o que las autoridades consideren que hubo un desprendimiento y puedan hacer valer los beneficios legales que permita nuestro ordenamiento jurídico.

¿Debe Odebrecht terminar las obras que adelanta?

Por otra parte, algunos de los consultados por Capital Financiero no se limitan a cuestionar el Acuerdo que el Ministerio Público negocia actualmente con Odebrecht sino que advierten la necesidad de separar a esa empresa de las obras que actualmente ejecuta, entre las que destacan la construcción de la Línea 2 del Metro, la Tercera Línea de Transmisión de Energía, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el proyecto de Renovación de la ciudad de Colón.

Para los ex contralores, José Chen Barría y Alvin Weeden, lo correcto sería poner fin a las relaciones contractuales entre Odebrecht y el Estado panameño, a lo que agregan la necesidad de que el Municipio de Panamá haga lo mismo con el contrato para el ordenamiento de la ciudad de Panamá, de forma que las obras que ejecuta la constructora brasileña sean terminadas por otras empresas. 

De acuerdo con Chen Barría es inmoral que el Estado mantenga una relación contractual con una empresa que ha confesado que corrompió a funcionarios públicos para adjudicarse obras y beneficiarse con el cobro de sobreprecios, que si se estiman tan solo como el 10% del valor de los pagos recibidos por Odebrecht, representarían para el país una lesión de entre $900 millones y $1.000 millones.

Sin embargo, no todos los que han advertido la necesidad de que las autoridades del Ministerio Público den a conocer los nombres de las personas involucradas e impongan sanciones ejemplares contra Odebrecht consideran indispensable que esa empresa abandone las obras que ejecuta en este momento.

Por ejemplo, Fernando Aramburú Porras, ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), considera que tanto el Ejecutivo como el Municipio de Panamá deben suspender cualquier contrato firmado con Odebrecht cuyas obras no se hayan iniciado o tengas niveles muy bajos de ejecución, pero aclaró que los proyectos que ya están en ejecución y tienen niveles importantes de avance deben ser terminados por la empresa brasileña.

Aunque advirtió que en el caso de la Línea 2 del Metro el Ejecutivo y la sociedad panameña deben mantenerse vigilantes, para garantizar que Odebrecht cuenta con el financiamiento necesario para culminar su construcción exitosamente, ya que de lo contrario se debe buscar una fórmula para que la responsabilidad de culminar esa importante obra recaiga sobre el resto de las empresas que conforman el Consorcio Línea 2 u otra compañía.

José García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), señaló que es importante conocer los nombres de las personas involucradas en el caso Odebrecht no por el morbo de saber quiénes son, sino para que los ciudadanos puedan constatar que estas personas son sometidas a la justicia penal y son castigadas ejemplarmente, demostrando a propios y extraños que Panamá está realmente empeñada en combatir este tipo de prácticas.

De hecho, el presidente del principal gremio empresarial del país invitó a los panameños a iniciar una cruzada contra la corrupción y anunció que como parte de ese esfuerzo su Junta Directiva tomó la decisión de expulsar de sus filas a Odebrecht, aunque advirtió que en su opinión esta empresa debe terminar las obras que en este momento ejecuta.

Por su parte, Saúl Méndez, secretario general del Sindicato nico de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) dice que la justicia debe dar con los responsables de los actos de corrupción admitidos por Odebrecht, por lo que se debe abrir la investigación desde el gobierno de Martín Torrijos a la fecha, aunque aclaró que a su parecer las obras que actualmente ejecuta esa empresa no deben paralizarse, pues cada una de ellas es producto de un contrato diferente y en muchos casos hay otros contratistas que podrían verse afectados. Agregó que si las obras se paralizan habría demandas al Estado y miles de empleos comprometidos.

Finalmente, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, aclaró que el Gobierno Nacional ha sido muy claro en su pronunciamiento del 27 de diciembre de 2016 en el que anunció que se tomarán las medidas correspondientes para que Odebrecth no participe en ninguna licitación pública mientras no coopere plenamente con las autoridades del Ministerio Público y brinde toda la información sobre los sobornos recibidos por funcionarios públicos durante el período 2014-2019 y las personas involucradas en este escándalo de corrupción sean sancionadas ejemplarmente.

No obstante, aclaró que al mismo tiempo el Ejecutivo ha adquirido el compromiso de supervisar la obras que adelanta la empresa brasileña para que se culminen satisfactoriamente y así preservar los 8.000 puestos de trabajo de panameños honestos que laboran en esa compañía y no son responsables de lo ocurrido.    

Las autoridades ya tienen algunos nombres

En tanto, el secretario General de la Procuraduría de la Nación, Rolando Rodríguez, manifestó a diversos medios de comunicación que ya se han identificado a algunas de las personas que presuntamente están involucradas en el pago coimas por parte de la empresa Odebrecht e incluso advirtió que se ha tenido contacto con algunos abogados que las representan. 

Hitler Cigarruista
hcigarruista@capital.com.pa
Capital Financiero

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