Piden evitar la selectividad en las investigaciones del Ministerio Público

Piden evitar la selectividad en las  investigaciones del Ministerio Público

Gremios marcharon para exigir los nombres de todos los involucrados en el  Caso Odebrecht

 

Mientras el Ministerio Público ordenó la conducción de nueve personas al despacho de la Fiscal Especial, Tania Sterling, para ser indagados por delitos contra la estabilidad económica del país y blanqueo de capitales y el Consejo de Gabinete aprobó querellar a la constructora Odebrecht Panamá por el pago de sobornos a funcionarios públicos durante el período 2014-2019, diversas organizaciones empresariales, sindicales, gremiales y de la sociedad civil, así como personalidades de la vida económica y política del país marcharon hasta la Procuraduría General de la Nación para exigir que se den a conocer los nombres de las personas involucradas en este escándalo de corrupción y que la acción de la justicia los alcance a todos por igual, evitando la selectividad que se percibe hasta el momento.

La decisión de los panameños de todos los sectores sociales de exigir justicia y decir no a la corrupción se puso de manifiesto el pasado martes 24 de enero cuando miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), así como dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y algunos partidos políticos, junto a diversas personalidades del mundo político y empresarial del país se concentraron en la Iglesia del Carmen para luego marchar hacia la Procuraduría General de República para exigir que se dieran a conocer los nombres de las 17 personas, que de acuerdo con el Ministerio Público, están siendo investigadas por su participación en el caso Odebrecht.

Los manifestantes exigieron a la procuradora Kenia Porcell informar a la comunidad panameña  quiénes fueron los funcionarios públicos que recibieron pagos por un monto de $59 millones para garantizar que la empresa brasileña se adjudicara la construcción de un  número plural obras públicas, que de acuerdo con informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.),  le representó ganancias por el orden de los $175 millones.

Igualmente exigieron no limitar las investigaciones al período 2014-2019, por considerar que las mismas deben abarcar todas las obras licitadas durante las últimas tres administraciones gubernamentales, incluyendo los tres años que han transcurridos de la administración del presidente de la República, Juan Carlos Varela.

El Ministerio Público toma acciones

Un día después de esa manifestación, la procuradora Porcel ofreció una conferencia de prensa en la que informó que luego que Suiza levantó el velo de la confidencialidad de sus investigaciones sobre el uso de su sistema bancario para el presunto blanqueo de capitales como parte de sus investigaciones sobre el Caso Odebrecht, se ha logrado identificar a las primeras 17 personas que serán indagadas por su supuesta participación en actos de corrupción y atentar contra el orden económico del país.   

Explicó que esa lista incluye a ex funcionarios del gobierno anterior y a ocho empresarios a quienes ya se les ha formulado cargos, pero cuyos nombres declinó revelar argumentado la necesaria reserva del sumario que establece el Código Procesal Penal.

Posteriormente, la fiscal especial, Tania Sterling, emitió una orden de conducción contra los ciudadanos Federico José Suárez, Ricardo Francolini, Evelyng Ivett Vargas, Ricardo Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares, Guillermo Sáez Llorens, Ana Isabel Suárez, Mario Martinelli Berrocal y Nitzela Bonilla Pérez a fin de ser indagados en las investigaciones que se adelantan por el delito Contra el Orden Económico.   

El ejecutivo decide querellarse

Por su parte, el Consejo de Gabinete aprobó que el Estado se constituya en querellante dentro del proceso que adelanta el Ministerio Público en contra de la empresa Odebrecht por el pago de sobornos a funcionarios públicos.

En una reunión encabezada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, los ministros coincidieron en que es de interés del Estado -y en cumplimiento de la Ley- presentar una querella, de modo que las distintas instituciones que pudieran resultar afectadas formen parte del proceso, colaboren activamente y recuperen fondos desviados.

El Gabinete solicitó a la Dirección Jurídica del Ministerio de la Presidencia la coordinación entre las instituciones respectivas de modo que se presente una acción en nombre del Estado.

No obstante, el presidente Varela reafirmó su compromiso y el de su equipo de gobierno con la transparencia y la defensa de los intereses del Estado, compromiso que según  el mandatario: Ha dado como resultado procesos de licitación competitivos y transparentes generando beneficios y ahorros en múltiples renglones que inciden directamente en la calidad de vida de los panameños.

Siempre en línea con sus advertencias  que las investigaciones  en curso deben centrarse en lo ocurrido en el período 2014-2019, a pesar  que la población ha solicitado extenderlas a la administración del ex presidente Martín Torrijos y a lo que va de su gestión gubernamental.

Exigen otras acciones

Por su parte, la Cciap, gremio empresarial que convocó al país a desarrollar una Cruzada contra la Corrupción, emitió un comunicado en el que exigió que se investiguen todas las obras ejecutadas por la empresa Norberto Odebrecht desde su llegada al país hasta la fecha, de manera que se resarza al Estado y se envíe un mensaje claro al mundo: Que en Panamá no se tolera la corrupción y que, quien se arriesgue será castigado por robarle al pueblo.

No obstante, advirtió que hay que separar los temas, ya que la lucha contra la corrupción no es contra una persona, una empresa o un gobierno, es contra un fenómeno multidireccional que afecta la gobernabilidad, la confianza ciudadana y la economía en el mundo. Las obras que ya iniciaron se deben concluir sin retrasos ni sobre costos y con las garantías, pero bajo minuciosa supervisión, mientras se adelantan las obras.

Señaló el comunicado de la Cciap  la necesidad de modificar la Ley que regula la Contratación Pública, como parte vital de una estrategia contra la corrupción, así como la inclusión de mecanismos de inhabilitación para participar en actos públicos a las empresas que hayan sido condenadas local e internacionalmente por delitos de blanqueo de capitales o corrupción, tal como lo propusimos en abril pasado.

Odebrecht se compromete a decir la verdad

Por su parte, el nuevo jefe de Cumplimiento de la Constructora Norberto Odebrecht, Mike Munro, aseguró a Capital Financiero que como parte del compromiso de esa empresa de reestructurarse para evitar que en el futuro sus ejecutivos puedan caer nuevamente en actos ilícitos, la empresa está comprometida a informar a las autoridades judiciales de los países involucrados toda la verdad de lo ocurrido y así se está haciendo, aunque aclaró que son las autoridades competentes a las que les corresponderá, en su momento, informar a los ciudadanos sobre el avance de las investigaciones.

Hitler Cigarruista
hcigarruista@capital.com.pa
Capital Financiero

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