Plan de Acción Beps sigue generando preocupación

Plan de Acción Beps sigue generando preocupación

Abogados panameños piden que  se implementen medidas de retorsión

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La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el  G-20 están promoviendo la implementación del denominado estándar Base Erosion and Profit Shifting (Beps), que tiene como  objetivo evitar  las prácticas fiscales abusivas que ejecutan algunas empresas transnacionales y  limitar la competencia fiscal entre países.

La propuesta busca que las compañías informen a las autoridades fiscales de sus respectivos países  las facturaciones, beneficios, impuestos y activos que  mantienen  en los países  donde operan, con el fin de realizar  análisis  más preciso de los precios de transferencia (el traslado de beneficios a un país con ventajas fiscales).

Sin embargo, esta noticia anunciada por la Ocde, el pasado 16 de septiembre, ha provocado  la molestia de  los empresarios panameños y de otros países, quienes coinciden en señalar que este organismo todo lo hace por medio  de la imposición, la discriminación y la coerción.

El  abogado Camilo Valdés M., de la firma  Tapia, Linares y Alfaro,  manifestó que la Ocde busca   implementar las 15 acciones que forman parte del plan Beps en los sistemas jurídicos de los países, lo que afectará a Panamá, sobre todo en regímenes fiscales especiales como las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), el  Área Especial Panamá Pacífico y  la Zona Libre de Colón, entre otros.

Las  señalamientos de  Valdés fueron emitidos  en el XXXIV Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (Colade 2015), organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

Hace un año los países miembros de la Ocde y del G-20 se reunieron en San Petersburgo, Rusia, donde aprobaron el plan Beps, que contiene las medidas para combatir la ingeniería fiscal de las multinacionales y limitar la competencia fiscal entre los países.

Este proyecto  tiene un calendario establecido: Se presentaron  siete medidas en 2014 y el resto en 2015, para que el proyecto pudiera desarrollarse al completo a finales del 2016.

Con este plan esperamos cambiar las reglas del juego, señaló  Pascal Saint-Amans, director de asuntos tributarios de la Ocde, y añadió  que las empresas tendrán que informar sobre sus cifras de negocios por países.

Para Valdés, el plan Beps viola los derechos humanos de los contribuyentes, el derecho a la intimidad,  la confidencialidad bancaria,  la confidencialidad tributaria, el derecho de propiedad privada, el secreto empresarial, el  secreto industrial, el secreto profesional, el debido proceso y a la presunción de inocencia.

Sostiene  que Panamá es una plataforma  eficiente de servicios   financieros  internacionales y no o es un paraíso fiscal y  no  discrimina entre extranjeros y panameños.

Y en el caso de la  Ocde, aseguró que este organismo no es una   fuente de derecho internacional público, por lo que  indicó que llegó el momento de aplicar la Ley de retorsión.

Valdez  propuso la creación de un espacio  donde los países de bajos ingresos y en desarrollo puedan discutir y confrontar a los países desarrollados y proponer sus propias soluciones.

Los  países que están liderizando  este proyecto son: El Reino Unido, Estados Unidos (EE.UU.), Francia y Australia.

Por su parte, Michael Zavaleta Álvarez, socio y Ceo de Zavarod, coincidió con Valdés y  señaló que  este plan distorsiona la competitividad,  y puede dar lugar a una asignación ineficiente de los recursos hacia actividades que tienen tasas de impuestos más bajas.

Primero fue el  Account Tax Compliance Act  (Fatca, por sus siglas en ingles) y ahora el Beps, destacó Zavaleta, para quien este tema se está convirtiendo en un mecanismo  para perseguir a las personas que producen.   

Karelia Asprilla
karelia.asprilla@capital.com.pa
Capital Financiero

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