Policía fiscal internacional y el principio de no intervención

Policía fiscal internacional y el principio de no intervención

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En el concierto de las naciones, los Estados tienen la plena libertad de actuar sin más limitaciones que las voluntariamente impuestas por el Derecho Internacional, ya sea mediante normas convencionales o consuetudinarias. Tal afirmación quedó expuesta por la Corte Permanente de Justicia Internacional en su emblemático caso Lotus de 1927, y no es más que la reafirmación de la visión Westfaliana sobre la libertad que tienen los Estados para regular sus propias conductas.

La obligación de respetar la soberanía de un Estado no se limita a no intervenir militarmente en el territorio de otro, sino que comprende también la de no inmiscuirse en los asuntos que son propios de éste, sean internos o externos, tales como la decisión de qué sistema económico o político regirá dentro de la jurisdicción ajena. Este principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado no sólo ha sido consagrado en múltiples tratados internacionales como: La Carta de las Naciones Unidas (ONU) (art. 2.7), La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) (art. 18), la Convención de Montevideo de 1933, sobre los derechos y deberes de los Estados (art. 8), sino que también ha sido reconocido como una norma de derecho internacional consuetudinario.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que Panamá es un país libre y soberano, y en virtud del principio de autodeterminación de los pueblos, dicho Estado tiene el derecho de decidir qué sistema político y económico regirá en su jurisdicción, sin interferencias o presiones foráneas. Que una organización internacional de la que Panamá no es parte, o que terceros Estados adopten consideraciones sobre el sistema tributario y financiero que debe seguir el país; que se le catalogue como un país de prácticas fiscales nocivas ; o que por no ceder a sus estándares internacionales en la medida exigida por estos, sea bautizado como un paraíso fiscal e incluido en listas negras, representa una infracción al principio de no intervención en los asuntos internos de Panamá, porque al tenor de La Declaración de las ONU sobre La Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de los Estados, todos los Estados en la conducción de sus relaciones internacionales en la esfera económica y comercial  tienen el deber de abstenerse de adoptar medidas que constituyan una injerencia o intervención en los asuntos internos de otros Estados, impidiéndole así determinar libremente su desarrollo político, económico y social; lo que incluye, entre otras cosas, adoptar medidas de represalias como instrumento de presión y coerción política contra otro Estado.

¿Estándares internacionales de acuerdo a quién? ¿Quién ha investido de autoridad a los sujetos mencionados para que ejerzan funciones de policía fiscal internacional? Es preciso mencionar que para el Derecho Internacional no existe una definición generalmente aceptada sobre qué corresponde a un paraíso fiscal o una práctica fiscal nociva, más que las mencionadas en un reporte de una organización internacional de la que Panamá no forma parte. En consecuencia, los epítetos que surgen en razón de la inobservancia de cualquier métrica fiscal autoritaria y discrecionalmente calificada como perfecta para el mundo, no sólo no tienen efectos vinculantes para Panamá, sino que no dejan de ser más que meras consideraciones unilaterales, sin perjuicio de la violación del principio de no intervención al que ya me he referido.

No pretendo hacer una apología del dinero mal habido, las malas prácticas financieras y fiscales contrarias a la ley, o del patrocinio de actividades en detrimento de la humanidad; todas ellas son deplorables. Tampoco puedo decir que el sistema es perfecto; pero no considero apropiado corregir un mal con otro. No cabe duda de que Panamá debe realizar los ajustes internos que sean necesarios, y si así lo estima conveniente, suscribir los tratados internacionales sobre materia para su corrección, pero siempre bajo el manto de la libertad reconocida en el caso Lotus de 1927, y en ausencia de cualquier tipo de presión de parte de la policía fiscal internacional, agrupación conformada por terceros Estados y organizaciones internacionales que usted y yo ya conocemos.

Gianfranco Smith
Miembro
Fundación Libertad

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