Preparan anteproyecto de ley para frenar pensiones fraudulentas

Preparan anteproyecto de ley para frenar pensiones fraudulentas

Aprovechan los vacíos  que existen en la legislación actual para lograr una pensión que elimine el descuento

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Ante el incremento del fraude cometido a través de las llamadas pensiones amarillas, representantes de las instituciones financieras del país trabajan en el borrador de un anteproyecto de ley mediante el cual buscarán que se modifiquen los artículos 37 y 46 de la Ley 42 de agosto del 2012, que regula el establecimiento de las pensiones alimenticias en el país, además de elevar esta práctica a categoría de delito penal,  y que será presentado a la Asamblea Nacional de Diputados,

Capital Financiero pudo conocer que las entidades financieras básicamente buscan disminuir y sancionar la práctica fraudulenta que han venido realizando algunas personas, que para evitar obligaciones crediticias adquiridas instauran procesos de pensiones alimenticias.

Explicaron que por orden de prelación, los descuentos de las pensiones alimenticias se descuentan por encima de los embargos judiciales y de los descuentos directos para el pago de los préstamos, por lo que en años recientes deudores de distintas entidades financieras se han aprovechado de esta situación para evitar el pago de los préstamos que adquieren.

Para esto se valen de pensiones alimenticias que no responden a una exigencia real de dependientes, con procesos judiciales que son llevados sin pruebas documentales, aprovechando los vacíos  que existen en la legislación actual para lograr una pensión que elimine el descuento.

Las entidades financieras sostienen  que harán llegar a la Asamblea Nacional de Diputados estudios que demuestran que esta mala práctica ha tenido un incremento en los últimos años y se ha visto con mayor auge en las pensiones alimenticias concedidas por las corregidurías de policía, donde sin mayores pruebas o trámites, se decretan pensiones alimenticias que terminan afectando un descuento directo para un préstamo, lo cual al repetirse en tiempo y personas, afecta al sistema financiero nacional.

Desde una óptica institucional, consideramos que debe modificarse el artículo 37 de la Ley 42 de agosto del 2012, por el cual se establece una jerarquía de competencia para conocer la prevención de los procesos alimenticios en primera instancia, toda vez que solo debe ser competencia de los juzgados municipales de Familia, exclusivamente, sostuvieron.

En su petición destacan adicionalmente que se ha tergiversado el valor intrínseco de la norma, que es sin duda salvaguardar al pensionado sin afectar a terceros. La realidad del país es que se incumplen los pagos de préstamos a entidades financieras.

La petición agrega que el Código Penal y el Código de la Familia deben trabajar de manera tajante, cónsona y mancomunada para confrontar esta realidad, por tanto, es necesaria la modificación del artículo 282 del Código Penal.   

Manuel Luna
mluna@capital.com.pa
Capital Financiero

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