Presidente Varela sanciona la Ley de Contrataciones Públicas

Presidente Varela sanciona la Ley de Contrataciones Públicas
El 1 de julio el Presidente se comprometió a retomar el debate de esta ley que fue aprobada en tercer debate el 23 de agosto pasado en la Asamblea Nacional. | Cortesía

La eliminación de la licitación abreviada, mayor control en los procesos de “llave en mano”, un tope en las adendas de contratos públicos, límite del uso de pagos anticipados, son las principales modificaciones que se hicieron a la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública en Panamá.

Según el Gobierno, esta ley promueve la transparencia en el manejo de las contrataciones y protege los intereses económicos y financieros del Estado.

Este 29 de septiembre se informó que la norma fue sancionada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Se detalló que estas modificaciones tienen como principio hacer más eficientes los procesos de compras y mejorar los niveles de transparencia en el sistema de contrataciones del Estado.

La nueva ley busca que las empresas interesadas en contratar con el Estado puedan competir en igualdad de condiciones y, sobre todo, velar porque se garantice la mejor calidad. Todo ello sin que se entorpezca o dilate la ejecución de los proyectos públicos.

Estas modificaciones ayudarán a promover una mayor participación de proveedores, empresas, personas naturales y jurídicas en las licitaciones públicas.

Esta Ley establece las reglas y los principios básicos que rigen los contratos públicos que realizan las instituciones del Gobierno, entidades autónomas y semiautónomas, municipios, intermediarios, financieras y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del 51 % o 100% de sus acciones, así como los que se efectúen con fondos públicos o bienes nacionales.

Modificaciones

Entre los principales cambios aprobados están que la licitación pública y la licitación por mejor valor se realizarán en las contrataciones que superen los 50 mil dólares.

Se incluye dentro de la incapacidad legal para contratar con el Estado, a quienes hayan sido declarados judicialmente responsables por la comisión de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.

Se amplía el ámbito de aplicación de la Ley 22 de 2006 para abarcar las adquisiciones de medicamentos, insumos y equipos médicos.

Para dar más transparencia a la participación de las personas jurídicas en los actos de contratación que excedan de 300 mil dólares, se hace obligatorio que estas presenten anualmente ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, una declaración jurada en la que se certifique el nombre de cada persona natural que sea directa o indirectamente el beneficiario final de por lo menos el 10% del capital accionario emitido y en circulación.

Para la publicación de las convocatorias, se unifican todos los términos de días calendario a días hábiles, así como se adecúan los días de publicación en cuanto al monto de la orden de compra o del contrato.
Se introduce la modificación al artículo 67 para establecer fines específicos por los cuales se ejecutarán contrataciones públicas por parte de la Dirección de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia.

En lo concerniente a las adiciones a un contrato, se plantea que por ninguna circunstancia la
sumatoria de todas las modificaciones al contrato podrá sobrepasar el 40% del monto total del convenio original.

En los contratos de llave en mano, las entidades licitantes que requieran utilizar este tipo de contratación deberán solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, la no objeción de las condiciones relacionadas con fechas de pago y montos.

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