Primer Código Tributario de Panamá facilitará el comercio y los negocios

Primer Código Tributario de Panamá facilitará el comercio y los negocios
El país mejorará su posición ante los inversionistas al ofrecer mejores condiciones jurídicas | Archivo

El proyecto del primer Código de Procedimiento Tributario (proyecto de ley 692) para la República de Panamá permitirá la modernización de los procedimientos tributarios y ofrecerá un marco de actuación para judicializar la pena de prisión por defraudación fiscal, permitiendo a Panamá cumplir con estándares internacionales en esta materia, lo que facilitará el comercio y los negocios.

Este Código establece formas novedosas de pagar los tributos, clarifica los conceptos, establece la creación de la figura del Defensor del Contribuyente y sitúa a Panamá como país con mejores condiciones para el comercio y los negocios.

El proyecto, junto con el 591 que adiciona el capítulo XII (Delitos contra el Tesoro Nacional) al título VII del Código Penal, para adecuar la legislación panameña al combate de la evasión fiscal, son fundamentales para que el país atienda las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y evitar posibles sanciones.

Cabe recordar que el pleno de la Asamblea Nacional (AN) suspendió la discusión en segundo debate de la Ley 591, entre otras razones para analizar en detalle las sugerencias del Gafi y por discrepancias políticas.

A continuación, se propuso avanzar con la discusión del Código de Procedimiento Tributario (ley 692) que en realidad allana las condiciones hacia el castigo penal (ya existe el administrativo) de la evasión fiscal.

“Si a Gafi realmente le interesa la situación de Panamá deberían preocuparse también porque tengamos primero un Código Tributario”, advirtió Javier Mitre Bethancourt, asesor de Asuntos Tributarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y quien aclaró a Capital Financiero los aspectos más relevantes del proyecto de Ley 692 sobre el Código de Procedimiento Tributario.

Mitre explicó que este modelo de Código recoge las mejores prácticas del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Ciat), organismo internacional con sede en Panamá.

El trabajo del Ciat ha servido de apoyo a los países de la región para definir sus códigos tributarios.

Nuevos sistemas de pago
Mitre reflexiona que este proyecto de ley permitirá “hacernos más competitivos y atractivos como un país para que los inversionistas quieran hacer negocios, porque tendremos una Administración Tributaria que será realmente eficaz y eficiente”.

Recordó que Panamá, a pesar de introducir modernas tecnologías para mejorar el pago de los contribuyentes, es considerado un país que no facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Tres propuestas en esta dirección, contenidos en el Código, ofrecen mecanismos novedosos.

1. Pago en especie de los impuestos nacionales, por ejemplo, mediante terrenos, con el debido refrendo por parte de la Contraloría. Mitre citó el caso de un deudor con terrenos en la provincia de Darién, incluso sobre el cual estaban construidas oficinas públicas, que no pudo pagar su deuda con la Dirección General de Ingresos (DGI) porque solo pueden ser cancelaciones en efectivo, si bien la Caja de Seguro Social (CSS) sí lo permite.

2. Compensación de cuentas. Esta fórmula operaría en el caso de proveedores del Estado que tienen pendiente recibir un pago de una entidad pública y, a su vez, son deudores del fisco. Ocurre, en estos casos, que un proveedor no puede cobrar porque no está paz y salvo, justo porque le deben los pagos. Por esta fórmula, se autoriza a descontar del monto que le adeuda el Estado lo correspondiente a los impuestos. Al proveedor se le pagará la diferencia que resulte.

3. Se restablece la opción para que los créditos líquidos y exigibles de un contribuyente o responsable por concepto de tributos puedan ser cedidos a otros contribuyentes o responsables, sea una persona natural o jurídica, quien asumirá el pago ante la DGI.

Otro aspecto novedoso que consagra el Código es que los impuestos nacionales prescribirán de manera automática a los seis años y no a los 15 años como ocurre en la actualidad.

Mitre aclara que de esta manera el país se estandariza con los modelos de la región, genera mayor competitividad “y se hace con el objetivo de mantener la cuenta corriente de los contribuyentes saneada con las deudas tributarias efectivamente cobrables y eliminar el desgaste por gestiones de cobros luego declaradas prescritas”.

Explicó que cuando la DGI, vía notificaciones electrónicas, reporta al contribuyente que tiene deuda, se interrumpe la prescripción: Solo tendría validez si en ese lapso la autoridad no comunica la deuda al usuario.

Vinculación jurídica
Otro elemento a resaltar es que “la contestación a las consultas tributarias tendrá efectos vinculantes jurídicos por parte de la Administración Tributaria”, refiere Mitre.

Este concepto es de gran avance porque así cambien las autoridades tributarias, existirá seguridad jurídica y un criterio no se podrá alterar por discrepancias de una a otra administración.

Incluso los recursos de reconsideración se elevarán ante el juez administrativo tributario, quien estará adscrito al MEF y no a la DGI para darle mayor imparcialidad.

Mitre espera que este avance permita resolver la mora. En la actualidad hay más de 1,500 expedientes que esperan, en algunos casos, hasta ocho años para resolver.

Esta demora, advierte el experto, perjudica al contribuyente y, por supuesto, el inversionista extranjero pierde interés en hacer negocios en Panamá.

Una figura de particular interés es el Defensor del Contribuyente, quien estará adscrito de manera inicial a la Defensoría del Pueblo, pero en el futuro podría ser una institución propia, cuya misión se orienta a resguardar al ciudadano de cualquier arbitrariedad del fisco.

Defraudación y elusión
El Código tiene un sentido didáctico al aclarar definiciones.

De esta forma, se entiende que defraudación fiscal o evasión son sinónimos, distintos a la elusión fiscal.

La defraudación o evasión ocurre cuando no se pagan conceptos, valiéndose de conductas dolosas. Por ejemplo, al elaborar facturas falsas. En este caso la conducta es sancionable.

Bajo este concepto entraría la defraudación fiscal contemplada en la Ley 591.

Si el monto evadido es inferior a los $300,000, sería una evasión de carácter administrativa. Si es superior a los $300,000, de tipo penal. Mitre resalta que se constituye un sistema mixto.

En este sentido, mientras el Código Penal consagra el delito, en el Código Tributario se hace la distinción.

En el caso de la elusión fiscal, no hay conducta dolosa pero sí abuso en la interpretación de la norma. Ocurre, por ejemplo, si se crea una sociedad para percibir cierto beneficio que no corresponde. Ante estas conductas, el Estado exige la devolución del dinero, pero no se contempla sanción.

Mitre explicó que el Código Tributario debe entrar en vigencia en el año 2020 porque se requiere el presupuesto y las adecuaciones de ley para formar los jueces tributarios.

Sin embargo, los artículos del Código (cerca de 12) vinculados con la defraudación fiscal sí deben estar en vigencia, junto con la ley que penaliza la evasión fiscal, antes del mes de febrero, para evitar sanciones de organismos internacionales.

Tanto la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) como el MEF y gremios del sector privado, han advertido de los riesgos de exponer al país a entrar en listas que no se corresponden con los esfuerzos demostrados por Panamá de actuar como país cumplidor.

Violeta Villar Liste
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

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