Proceso Concursal de Reorganización, una realidad en Panamá, a partir del 2017

La solicitud y apertura del proceso de reorganización,  le provee al deudor de ciertas protecciones importantes con el propósito de lograr su reorganización

Con el nuevo año 2017, a partir del 2 de enero, entró a regir en Panamá el régimen de procesos concursales de insolvencia aplicable a personas naturales comerciantes y sociedades mercantiles (inscritas o no en el Registro Público de Panamá). Con ello, se deja atrás el régimen de quiebra existente desde hace 100 años bajo las disposiciones de nuestro Código de Comercio. Por tanto, se hace imprescindible para los comerciantes y sociedades mercantiles en Panamá, conocer sobre este importante cambio en nuestra legislación.

El régimen de los procesos concursales de insolvencia se adopta mediante la Ley 12 de 19 de mayo de 2016 (la Ley) la cual, como hemos mencionado, comenzó a regir el 2 de enero de 2017.

Dicha Ley es extensa (cuenta con 269 artículos) y regula tanto el proceso concursal de reorganización,  como el proceso concursal de liquidación. La Ley también dispone sobre la Insolvencia Transfronteriza y reforma (entre otros) el Código Penal en relación a la apertura de procesos concursales de reorganización o de liquidación en fraude de acreedores.

Ya que el régimen de quiebra existente tiene como finalidad la liquidación de los activos del deudor, hacemos énfasis en el presente artículo en el proceso concursal de reorganización, que-  y como expresamente dispone como  objeto-, tiene como finalidad garantizar la recuperación y conservación de la empresa eficiente, como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.

Así las cosas, un deudor que se encuentre en una situación de cesación de pago, insolvencia o falta previsible de liquidez (Art. 29 de la Ley), queda legitimado para solicitar al tribunal correspondiente la reorganización de la empresa en dificultades económicas.

Hecha la solicitud de reorganización, le corresponde al juez examinar que dicha solicitud cumpla con lo requerido por la Ley, y, dentro de los cinco días siguientes, resolver si admite la solicitud y así da por iniciado el proceso concursal de reorganización, o si, en cambio, rechaza la misma.

Luego de examinada la solicitud de reorganización, en caso de ser admitida por el juez, se dispone, entre otras cosas, la designación de un administrador concursal y se le ordena al mismo que publique en medios masivos de comunicación escrita durante cinco días consecutivos el auto de apertura del proceso de reorganización, llamando a todos los acreedores interesados (nacionales y extranjeros) a comparecer dentro del proceso de reorganización.

Con dicha admisión de la solicitud y apertura del proceso de reorganización, se le provee al deudor de ciertas protecciones importantes con el propósito de lograr su reorganización. La Ley denomina lo anterior como la protección financiera concursal del deudor. Mientras esté vigente dicha protección financiera concursal, establece la Ley que (salvo los supuestos previstos en ella): No podrá iniciarse ningún proceso ejecutivo contra el deudor; todos los contratos suscritos por el deudor se mantendrán vigentes al igual que sus condiciones de pago y no podrán terminarse anticipadamente de forma unilateral ni exigirse anticipadamente su cumplimiento o hacerse efectivas las garantías contratadas respecto a los mismos; y no se le podrá incapacitar o inhabilitar al deudor para contratar con entidades estatales.

Una vez los acreedores interesados comparecen dentro del proceso concursal de reorganización y verifican sus créditos, entonces se constituye una Junta de Acreedores con el propósito de negociar un Acuerdo de Reorganización con el deudor. Si la Junta de Acreedores y el deudor no logran el Acuerdo de Reorganización en la primera Junta, se abre un período de negociaciones de 10 días (plazo el cual puede extenderse hasta por un plazo máximo de 20 días).

La  Ley establece mecanismos de votación por los miembros de la Junta de Acreedores para aprobar o rechazar el Acuerdo de Reorganización, requiriéndose para ello el voto de al menos el 66% de la totalidad del pasivo.

Aprobado el Acuerdo de Reorganización, se procede a una ejecución supervisada del mismo por un supervisor designado en el mismo acuerdo. También, se designan en el Acuerdo de Reorganización a un administrador de la empresa y a un encargado de la ejecución del Acuerdo de Reorganización, quienes presentan un informe mensual de su gestión al juez del concurso y quienes deberán mantener a disposición de los acreedores la información actualizada que permita evaluar la situación del deudor durante la ejecución del Acuerdo de Reorganización.

La reorganización concluye una vez que el encargado de la ejecución del Acuerdo de Reorganización presenta su informe final al juez sustentando el cumplimiento del mismo (cabe mencionar, en caso de que el Acuerdo de Reorganización no sea aprobado, se tendrá también por terminado el proceso concursal de reorganización, sin perjuicio de que se pueda proceder con el proceso de liquidación). Terminado el proceso concursal de reorganización se tendrá también por terminado el plazo de protección financiera concursal.

Aristides G. Anguizola T.
Abogado,  Asociado en la firma forense Morgan & Morgan

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