Puerto Rico no necesita declararse en bancarrota

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Este año fiscal, el pago de intereses sobre la deuda consumirá menos de 17% del presupuesto consolidado de Puerto Rico. En el presupuesto general, que no incluye a las empresas y agencias propiedad del Estado, el costo de la deuda está por debajo de 16%. Ninguna de esas cifras suena como un argumento para declararse en quiebra. Sume a eso todo lo que se le podría recortar al gasto del gobierno y el caso a favor de abandonar sus obligaciones con los acreedores es aún más débil.

Sin embargo, Estados Unidos está entrando en un año de elecciones presidenciales y los encuestadores aseguran que los votantes tienden a escoger al candidato que se preocupa por gente como yo. Los puertorriqueños que viven en la isla no votan, pero aquellos que viven en el continente sí. ¿Qué más podría expresar esa preocupación a estos votantes hispanos en lugares como Florida, Ohio y Pensilvania que un permiso federal para rebajar el valor de los $73.000 millones de deuda de Puerto Rico?

El Departamento del Tesoro desea que el Congreso apruebe un proyecto de ley que le permitiría a Puerto Rico declararse en bancarrota. En un análisis publicado en su sitio Web, el Tesoro calcula que el pago de intereses sobre la deuda como un porcentaje del presupuesto general es en realidad 38%, lo que quiere decir que cree que la forma en la que la isla ha estado calculando su carga de pago de intereses durante los últimos 40 años está equivocada. Sería interesante saber cómo logró la isla eso sin que las firmas de calificación de crédito, los abogados y los evaluadores de riesgo de los bonos lo
advirtieran.

También, hay que mencionar que la carga de deuda de Puerto Rico incluye $18.500 millones que según la constitución de la isla deben recibir el pago de intereses antes de realizar cualquier otro
desembolso del fondo general.

En una carta con fecha del 28 de julio al presidente del Comité de Finanzas de Senado estadounidense, Orrin Hatch, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, escribió: Me preocupa profundamente que un proceso largo y desordenado de reestructuración cause daños a la salud, seguridad y bienestar financiero de las familias que viven y trabajan en Puerto Rico.

Dow Jones

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