¿Qué más quiere el Gafi de Panamá?

¿Qué más quiere el Gafi  de Panamá?
Panamá no sólo ha cumplido con la gran mayoría de las recomendaciones de Gafi, sino que se ha comprometido a profundizar su aplicación y su efectividad| Archivo

Una mezcla de indignación e impotencia fue lo que dejó en los corazones de la gran mayoría de los panameños la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que tras la revisión de los avances del marco regulatorio de Panamá y su efectividad en la implementación de las prácticas para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, optó por incluir nuevamente a Panamá en el Documento de Cumplimiento y bajo monitoreo, la llamada “lista gris” de ese organismo internacional.

Y no es para menos el malestar que generó esta decisión, ya que la misma implica ignorar todos los esfuerzos y avances registrados por el país para adecuar sus normas e instituciones a los estándares internacionales de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.

La lista de acciones adoptadas por el país es larga y demuestra el compromiso del Estado panameño por cumplir con las exigencias de un mundo cada vez más globalizado y transparente, reforzando el marco regulatorio del sistema financiero y de un gran número del sector económico que previamente no debía cumplir las políticas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales. 

Pero analicemos  los hechos en términos numéricos para tener una idea del trabajo realizado por Panamá: En el período 2012-2014, de las 49 recomendaciones planteadas por Gafi sólo se cumplieron 4, para un promedio de cumplimiento de 8%, mientras que en el período 2017-2018, de 45 recomendaciones se cumplieron 40, para un promedio de cumplimiento de 87%.

Ahora veamos hechos concretos que demuestran que Panamá no solo se limitó a adecuar su marco regulatorio, sino que ha registrado importantes avances en materia de supervisión de los agentes económicos llamados a implementarlas, lo que ha derivado en sanciones para aquellos que han incurrido en alguna falta:  

1.    Hoy la Superintendencia de Bancos de Panamá cuenta con 65 profesionales especializados en el área de prevención de blanqueo de capitales (incremento del 250%), realizando 615 inspecciones (incremento de 200%), ejecutando 67 procesos sancionatorios y aplicando 30 sanciones por un total de $6 millones  del 2015 al 2019.

2.    Se crea en abril de 2015 la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos no Financieros, con la promulgación de la Ley 23 que regula 11 nuevos sectores. El equipo está conformado por 55 profesionales que han recibido entrenamiento especializado y han realizado 485 supervisiones concentradas en los sectores de alto riesgo. La Intendencia ha realizado 68 procesos sancionatorios y ha impuesto 16 sanciones por un total de $1 millón del 2015 a 2019.

3.    La Unidad de Análisis Financiero (UAF), facultada en 2015 por la Ley 23, ha realizado 1,059 cooperaciones internacionales del beneficiario final.

4.    El Ministerio Público incrementó de 28 a 118 (321%) las investigaciones de delito precedente por blanqueo de capitales distintos al narcotráfico; reporta un incremento de 27 a 47 (74% de aumento) en sentencias condenatorias en investigaciones por blanqueo de capitales e incrementó el monto de dinero decomisado de $4 millones a $242 millones en los periodos 2012–2015 y 2016 – 2019.

5. En 2018 la Asamblea Nacional  aprobó la Ley 70 que tipifica como delito la evasión fiscal y fortalece el marco regulatorio sobre el beneficiario final.

Más aún, Panamá, atendiendo las objeciones de Gafilat, se comprometió a reforzar la efectividad de los cambios realizados en su marco regulatorio y aplicará medidas como:

1. Fortalecer la Evaluación Nacional de Riesgo, incluyendo riesgo del financiamiento del terrorismo y delito fiscal. 

2. Identificar los remitentes de dinero sin licencia, aplicando un enfoque basado en riesgo en el sector no financiero, y asegurando sanciones efectivas. 

3. Asegurar la verificación y actualización de la información del beneficiario final y fortalecer mecanismos eficaces de monitoreo de entidades “offshore”, evaluar los riesgos de uso indebido de personas jurídicas y prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominales. 

4. Asegurar el uso efectivo de los insumos generados por la UAF, demostrar mayor capacidad para investigar lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros, proporcionar mayor cooperación internacional con dicho delito, y continuar las investigaciones con énfasis en áreas de alto riesgo.

En conclusión: Panamá no sólo ha cumplido con la gran mayoría de las recomendaciones de Gafi, sino que se ha comprometido a profundizar su aplicación y su efectividad, aun cuando sabemos que muchas de estas medidas pueden tener algunos impactos negativos para ciertos sectores económicos, pero atendiendo los mejores intereses del país.

Por ello vale la pena preguntar: ¿Qué más quiere el Gafi de Panamá? ¿Por qué en lugar de reconocer los avances del país siguen presentando nuevas exigencias? ¿Hasta dónde estas exigencias son legítimas’ ¿Cuántos de los países que conforman Gafi cumplen con el 100% de las recomendaciones que ese organismo le exige a Panamá?   

En todo caso, ya sabemos que Panamá tendrá plazo de un año para cumplir con las recomendaciones pendientes, y con las que se le antoje al Gafi establecer, para salir de la “lista gris”, por lo que le corresponderá al presidente entrante, Laurentino Cortizo, definir  una nueva estrategia para enfrentar esta situación y defender los intereses del país.

Editorial
Edición 942
Del 24 al 30 de junio 2019
Capital Financiero

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