Quién gobierna en el país: La autoridad legítima o la criminalidad

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La experiencia del paro del transporte público ordenado por las pandillas, y que prácticamente ha paralizado al país, constituye un signo verdaderamente dramático de lo que está pasando en nuestro ambiente en lo que al Estado de Derecho se refiere. Cuando bandas delincuenciales tienen la suficiente fuerza para imponerse sin otro argumento que el de la violencia puesta al servicio de sus intereses, es que la situación ha traspasado ya con mucho los límites de la misma delincuencia organizada, y estamos en el borde del caos total.

Para evitar que eso llegue a ocurrir es indispensable que se activen de veras los mecanismos de la ley en todos los sentidos, de manera que no haya escapatoria para los transgresores del orden social e institucional.

Es claro que los grupos pandilleriles están poniendo a prueba no sólo la voluntad de las autoridades sino también su capacidad para reaccionar de manera contundente y eficaz. Porque evidentemente pretender que con medidas de esta índole se va a lograr que las pandillas pasen a ser parte negociadora con el Gobierno y con otras fuerzas nacionales es irreal. Aquí de lo que se ha tratado es de ver quién puede más en el pulso de la realidad cotidiana, y el hecho de que un paro como el aludido se haya podido llevar a cabo en la dimensión que ha tenido demuestra que la criminalidad ha venido ganando espacios que hasta hace muy poco hubieran sido inconcebibles.

Cuando se dan hechos de tal magnitud y significación, lo primero que habría que hacer es un análisis de fondo sobre lo que está pasando, para sacar de ahí las líneas de acción que el fenómeno amerita. Ya no se puede estar con disimulos o con medias tintas: El país se halla atrapado en una vorágine de inseguridad que hay que revertir cuando antes. De lo contrario, todas nuestras posibilidades de desarrollo que desde luego existen en muchos órdenes se irán quedando en nada, porque para que un país sea funcional tiene que tener una sólida base de seguridad, que dé confianza y perspectivas.

El Gobierno ha sido enfático en afirmar que bajo ninguna circunstancia dialogará o negociará con grupos criminales. En esta línea debe sostenerse, porque aquí hay que ver las cosas en plan integral. Ya se tuvo la tristemente célebre experiencia de la llamada tregua entre pandillas, que redujo artificiosamente los índices de homicidios entre pandilleros pero dejó intactas todas las otras formas de agresión criminal contra la ciudadanía. Y es fácil colegir que fue ese hecho el que ha dado pie para que los delincuentes quieran repetir una fórmula semejante, que les produjo tantas ventajas en el terreno.

Nuestro país merece vivir en paz y con tranquilidad aseguradas. Eso no se podrá lograr en tanto las estructuras del crimen sigan imponiéndose a sangre y fuego. Este es un enfrentamiento que no se va a resolver con medidas parciales ni con mecanismos de ocasión. Lo que se requiere es una estrategia que no deje ningún cabo suelto, y que se aplique hasta las últimas consecuencias. Lo que hay que hacer de seguro tiene riesgos, que habrá que tratar en forma inteligente y responsable, para que en ningún sentido vaya a ser peor el remedio que la enfermedad.

Lo que ya no hay es tiempo que perder. Las cosas han llegado a límites casi catastróficos en lo que a inseguridad se refiere, y cuando eso sucede se impone accionar soluciones que tengan eficacia probada. Ya no estamos en momento de vacilaciones o de retrasos.

Editorial del diario La Prensa Gráfica de El Salvador, del viernes 31 de julio de 2015.

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