Reactivación de Barú (Banapiña) sigue en pie, pese a demanda de inconstitucionalidad

Reactivación de Barú (Banapiña) sigue en pie, pese a demanda de inconstitucionalidad
Con el contrato ley entre Banapiña y el Estado se pretende poner a producir 5 mil 804 hectáreas en Barú, Bocas del Toro y Alanje.| Foto Melissa Novoa

Diariamente, Alexis Morales Morales empacaba cajas y cajas de banano para la empresa Chiquita Brands. La faena era pesada, pero la recompensa de poder mantener a su familia durante 31 años con los frutos de su trabajo, era algo que no tenía precio.

El trabajador formaba parte de las decenas de baruenses que se movían en torno a la actividad bananera y que habían puesto todos sus huevos en esa canasta. Y es que Barú era banano. Los que trabajaban en el muelle, en el ferrocarril y los comerciantes que cada quincena llegaban a vender telas, gallinas y legumbres se beneficiaban de esa economía que giraba en torno a un monocultivo.

El dinero circulaba en el lugar. Jaime Abdiel Guerra sabe de lo que Morales habla. Él se encargaba de poner el banano en bolsas, despacharlo y cargarlo, y donde lo llamaban él iba así fuera a cortar la mata que ya no servía para producir o para liberar el agua que se estancaba en el suelo.

Su plan era mantenerse trabajando en la actividad que hacía de Barú la tacita de oro de la región occidental. Ambos ex trabajadores bananeros son de los que aún se aferran a su tierra a pesar de que con la ida de la trasnacional Chiquita Brands, a través de su subsidiaria Puerto Armuelles Fruit Company, la economía de Barú se ha deprimido, el desempleo se ha incrementado y el dinero ya no circula como antes.

Sin poder pronosticar que Chiquita Brands se iría, fueron pocos los trabajadores de la compañía que se prepararon para desenvolverse en otra actividad que no fuera la bananera.

Alexis Morales Morales es uno de los que se preparó para sortear los momentos difíciles. Aprendió el oficio de pescador, adquirió un equipo de pesca y un bote, y antes de empacar los últimos racimos de banano, se lanzó al mar.

Cuando aún la economía baruense recibía los beneficios del cultivo de banano, Morales lograba vender lo que pescaba diariamente, pero cuando la actividad bananera sucumbió, las ventas no eran tan buenas. Todavía se dedica a la pesca, pero la rentabilidad del negocio no es muy buena.

A Jaime Abdiel Guerra la salida de Chiquita Brands lo agarró desprevenido. Durante este tiempo se ha unido a las decenas de baruenses que viven y trabajan en la informalidad.

Tierras en disputa

Más de una década después, Guerra y Morales vuelven a tener esperanza con la sanción del contrato ley entre la trasnacional Del Monte, a través de su subsidiaria Banapiña y el Estado, para poner a producir 5 mil 804 hectáreas en Barú, Bocas del Toro y Alanje.

Ellos crearon el Comité de Reactivación Económica Bananera de Barú para promover y garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población baruense.

Sin embargo, una demanda por inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de productores de Barú contra el contrato ley entre el Estado y Banapiña, los tiene en alerta.

Uno de los líderes de este grupo demandante, Marvin Wilcox, defiende la medida tomada por 800 productores de las fincas de Malageto, Ceiba, Guayacán y parte de Jocote.

Primero él asegura que el Gobierno nunca les mostró el acuerdo logrado entre el Estado y la empresa, por lo que desconocían hasta dónde serían afectados. Y agrega que los representantes del Gobierno no se les acercaron para llegar a un acuerdo con los productores de mil 950 hectáreas del lugar.

Según Wilcox el grupo tiene entre 16 y 20 años de estar produciendo esas tierras con cultivos como plátano, maíz, yuca, papaya y palma aceitera; por lo que tienen derechos posesorios sobre esos terrenos.

Esas tierras baldías y en desuso les fueron entregadas por las autoridades del distrito de Barú cuando la trasnacional Chiquita Brands las abandonó, y por ende,  les corresponde por desafectación de dominio público.

Marvin Wilcox

Marvin Wilcox afirma que en la reunión que sostuvieron con un representante del Gobierno mantuvieron su posición de solicitar que esas mil 950 hectáreas sean eliminadas del contrato ley entre el Estado y Banapiña, para que ellos sigan produciéndola como lo han venido haciendo hasta ahora.

Otra versión

Eduardo Caballero Aparicio, asesor legal del Comité de Reactivación Económica Bananera de Barú, contradice lo dicho por Wilcox. El abogado asegura que estas hectáreas eran tierras en descanso que fueron entregadas por la trasnacional Chiquita Brands a extrabajadores bananeros para que sembraran rubros perecederos, con el compromiso de que una vez la empresa las requiriera les fueran devueltas.

Al irse la empresa en 2003 y crearse la cooperativa Coosemupar para seguir operando la actividad, algunas personas se quedaron con esas tierras, otras las vendieron y otro grupo las ocupó de manera ilegal. Así lo asegura Caballero Aparicio. Pero la historia no termina allí.

Un grupo de invasores llegó a acaparar más hectáreas de tierra y son los que se han negado a ser desalojados. El abogado afirma que con el tiempo algunos cedieron y llegaron a un acuerdo con el Gobierno, y los que no lo han hecho son los que pusieron la demanda ante la Corte Suprema de Justicia.

Este es un grupo minúsculo, que no pasa de 20 personas, las que están promoviendo la demanda de inconstitucionalidad”

Eduardo Caballero Aparicio

Pero, además, el abogado explica que estos no pueden utilizar la figura de desafectación de un bien de dominio público porque esta señala que para poder hacerlo se debía ocupar el bien en un periodo ininterrumpido de mínimo 15 años y de manera pacífica.

El representante legal del comité de reactivación subraya que en dos ocasiones se emitió órdenes de lanzamiento de estas tierras y estas personas siguen ocupando los terrenos de manera forzosa; lo que significa que no han estado allí de una forma pacífica.

El contrato-ley está vigente

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia aclara que tanto el Gobierno como la empresa están comprometidos en cumplir con las obligaciones del contrato ley, pese a la demanda de inconstitucionalidad que existe en la Corte Suprema de Justicia.

Al mismo tiempo el Gobierno dice seguir manteniendo conversaciones con los grupos y personas que estén en tierras del Estado, para lograr una salida pacífica dentro del periodo que establece el contrato para la entrega efectiva de los terrenos en concesión a la empresa.

Acercamientos

Ayer, 16 de agosto, tanto el Gobierno como representantes de los demandantes sostuvieron una reunión para conversar sobre el tema, pero aún se desconoce si llegaron a un acuerdo.

Mientras se soluciona esta situación, la empresa está trabajando en el estudio de impacto ambiental, en el plan de desarrollo de la reactivación económica de Barú, y la coordinación con el Estado y la empresa de distribución eléctrica para el nuevo sistema eléctrico del distrito.

Tanto Alexis Morales como Jaime Abdiel Guerra confían en que la reactivación de Barú continúe su curso. El primero espera que con el movimiento económico que se dará en la región, pueda seguir comercializando pescado y hacerlo un negocio más rentable. El segundo, a sus 50 años aún tiene energía para trabajar en cualquier oportunidad que se presente con la empresa bananera y poder así salir de la informalidad.


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