Reglamentación de Ley 23, otro paso para salir de lista gris

Reglamentación de Ley 23,  otro paso para salir de lista gris

La debida diligencia es el antídoto para contrarrestar las transacciones ilícitas

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La Gaceta Oficial 27845-B del 13 de agosto de 2015 contiene el Decreto Eje-cutivo 363 del Minis-terio de Economía y Finanzas (MEF) que reglamenta la Ley 23 del 27 de abril del presente año que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

Entre los objetivos de la Ley 23 están: Prevenir los riesgos que se derivan de la posibilidad que los productos y servicios financieros ofrecidos en la plaza panameña sean utilizados de manera indebida.

El primer artículo del Decreto Ejecutivo 363 define: Blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y las medidas pertinentes de debida diligencia.

Se define, blanqueo de capitales como la conducta, realizada, ya sea personalmente o por interpuesta persona, que consiste en recibir, depositar, negociar, transferir o convertir dinero, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, prevenientes de actividades ilícitas.

La lista es larga e incluye: Soborno, tráfico de migrantes, trata de persona, estafa, robo, secuestro, extorsión, homicidio por precio o recompensa, pornografía y corrupción de menores, falsificación de monedas, valores o de documentos, pandillerismo, contrabando, defraudación aduanera y hasta ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles.

Entre tanto, el financiamiento del terrorismo tiene que ver con proporcionar, organizar o recolectar fondos o activos de origen lícito o ilícito, con la intención de que se utilicen para financiar, en todo o en parte, la comisión de actos de terrorismo o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporativas graves a la población.

El Decreto Ejecutivo que consta de 27 artículos, refuerza los controles de debida diligencia para el sector financiero y no financiero del país. Además de los reportes que deben suministrar a la Unidad de Análisis Financiero para la prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de Panamá.

Por su parte, el artículo 12 respecto a la aplicación de la debida diligencia reforzada, identifica alto riesgo en las personas expuestas políticamente, negocios con un alto volumen de operaciones en efectivo, personas jurídicas y otras estructura jurídicas extranjeras con registro de acciones al portador, así como a las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas panameñas cuyo beneficiario final no sea verificable.

También se incluyen las relaciones de negocios y operaciones con clientes de países, territorios o jurisdicciones de riesgo; o que supongan transferencia de fondos desde o hacia tales países. Así como los países para los que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), exija la aplicación de medidas de diligencia ampliada o reforzada.

El MEF a través de un comunicado de prensa indicó que la reglamentación de la Ley 23 es un avance importante para la implementación del plan de acción pactado con el Gafi con miras a excluir a Panamá de la lista gris de dicho organismo.

Sujetos no financieros

Por su parte, el Decreto 361 del 12 de agosto de 2015 publicado en la Gaceta Oficial 27844-C organiza la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del MEF.

Entre sus funciones están: Diseñar normas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, sobre la base de un enfoque basado en riesgo, dirigidas a los sujetos obligados no financieros.

Bajo esta categoría están: Casas de empeño, casinos, empresas de bienes raíces, casas de cambio, cooperativas, Lotería Nacional de Beneficencia, empresas de transporte de valores y empresas dedicadas a la compra y venta de piedras preciosas.

También forman parte de la lista las empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia Panamá Pacífico, en la Zona Franca de Barú, la Bolsa de Diamantes de Panamá y las zonas francas.

Así como las compañías dedicadas a la compra y venta de autos, Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Hipotecario Nacional.

El ministro del MEF, Dulcidio De La Guardia, sostuvo en el XVI Foro de Inversionistas realizado el  pasado 12 de agosto, que han redoblado los esfuerzos por crear un centro financiero más transparente para salir en febrero de 2016 de la lista gris de Gafi y que a la fecha el plan de acción para lograr la meta tiene un avance de un 90%.

El optimismo de Panamá, contrasta con las palabras del director de Gafi de Latinoamérica, Ricardo Gil, quien dejo entrever en el XIX Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero, realizado en Panamá que salir de la citada lista exige cumplimiento y no solo la aprobación de leyes. (Ver nota: Nueva Leyes no garantizan exclusión de listas grises, página 3).  

José Hilario Gómez
jgomez@capital.com.pa
Capital Financiero

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