Regulación de extranjeros versus política migratoria

Regulación de extranjeros versus política migratoria

Nunca hemos definido en qué áreas de la economía tenemos carencia de recursos humanos debidamente preparados y requerimos traer gente con esas capacidades de otros países

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Panamá es un país de inmigrantes. Eso nadie lo puede dudar. Ni siquiera aquellos pueblos que llamamos originarios son autóctonos del istmo, porque hay que recordar que el ser humano moderno llegó a América durante la última glaciación, atravesando el estrecho de Bering, y que los contactos posteriores con otros pueblos se dieron en América del Norte gracias a las exploraciones de los Vikingos y a los viajes de los navegantes proveniente de las islas de la Polinesia, en el extremo Sur del continente, específicamente en Chile y Perú.

A lo largo de nuestra historia hemos recibido ola tras ola de inmigrantes y estos han contribuido con su trabajo y su cultura a construir el Panamá con que hoy contamos. Por ejemplo, los chinos comenzaron a llegar a Panamá para la construcción del ferrocarril interoceánico en 1850, los afrocaribeños francófonos arribaron el país durante la fallida construcción del Canal por parte de Francia y cuando Estados Unidos asumió y concluyó esa obra monumental la mano de obra provino mayoritariamente del Caribe anglófono.

La presencia de los estadounidenses en la desaparecida Zona del Canal fue otro elemento que contribuyó, queramos o no, junto a esas culturas, a la conformación del panameño, una conformación en la que las manifestaciones culturales de los pueblos del interior del país sirven como columna vertebral.

Por todo ello, no es extraño que los panameños seamos tan abiertos al momento de aceptar a los migrantes de otros países que vienen en busca de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. De hecho, recientemente hemos experimentado, por diversas razones, una fuerte migración de personas procedentes de Colombia, República Dominicana, Venezuela y Nicaragua.

Esa migración se ha registrado precisamente en los años en que el país ha experimentado una larga etapa de expansión económica que redundó en una drástica reducción de la tasa de desempleo, al punto que hace algunos años este indicador se ubicó en 4,1% y hoy ronda el 5,1%, lo que indica que el país tiene pleno empleo y que las personas que están
desocupadas son aquellas que se están moviendo a otros puestos de trabajo (desempleo friccional) o aquellas que carecen de los conocimiento y las competencias que exige el mercado para ocupar una plaza laboral (desempleo estructural).

No obstante, hay que admitir que esa migración e incorporación de mano de obra extranjera a la economía panameña se ha dado de forma desorganizada debido a que el país una ha contado con una verdadera política migratoria. Nunca hemos definido en qué áreas de la economía tenemos carencia de recursos humanos debidamente preparados y requerimos traer gente con esas capacidades de otros países, no solo para trabajar, sino para que nos ayuden a formar a nuestros trabajadores.

Así las cosas, la política migratoria de Panamá durante la administración de Ricardo Martinelli se limitó a regularizar a los extranjeros que ingresaron al país como turistas y decidieron permanecer aquí como indocumentados en ferias masivas denominadas Crisol de Razas mediante el pago de una especie de multa.

La actual administración ha emitido dos nuevos Decretos Ejecutivos, el 167 y el 168, que si bien deroga el Decreto que dio vida al Crisol de Razas mantiene su misma filosofía, facilitar la regularización de los indocumentados mediante pago de una especie de multa y el compromiso de afiliarse a la Caja de Seguro Social (CSS) y pagar los impuestos correspondientes a las ganancias que generen en el país.

Ciertamente, este mecanismo facilitará la regularización de cientos de miles de personas que hoy laboran ilegalmente en Panamá, pero no resuelve el problema de la demanda de mano de obra, porque muchas de estas personas no pueden ejercer sus profesiones en Panamá sin convalidar sus títulos universitarios, por lo que seguirán laborando en las sombras, evadiendo (voluntaria o involuntariamente) el pago de las cuotas de la CSS y de los impuestos.

Lo que el país necesita es una política migratoria como la que han diseñado muchos otros países para resolver su falta de mano de obra calificada, en la que se otorga residencia y permiso de trabajo a las personas que cumplen con el perfil que el país requiere. Así, por ejemplo, podríamos resolver el problema de la falta de médicos generales y especialistas, y de muchos otros perfiles laborales especializados que hoy en día no están disponibles.

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