¿Regular Uber y Cabify?

¿Regular Uber y Cabify?

Buscan  ordenar movilidad colaborativa en Costa Rica Anteproyecto se trabaja en el Congreso

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¿Regular los servicios de transporte que se ofrecen mediante aplicaciones como Uber y Cabify? Una propuesta que se cocina, a fuego lento, en la Asamblea Legislativa, pretende lograrlo.

El anteproyecto de ley está en discusión entre diputados, Gobierno y las mismas empresas que ofrecen servicios de movilidad colaborativa en el país.

La iniciativa pretende ordenar un servicio que actualmente opera por la libre, sin regulaciones ni trámites burocráticos.

La receta propone crear una Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa que lleve los registros y autorice las operaciones de empresas como Uber y Cabify.

Los conductores destinarían un 5% de su pago por cada viaje a un fondo nacional que servirá para financiar proyectos sociales y de transporte en el país.

La idea de regular los servicios de Uber surge en medio de presiones de taxistas, quienes piden bloquear la aplicación.

Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, aseguró que los servicios de Uber son ilegales, pero no ha propuesto ninguna fórmula legal para regularlos u ordenarlos.

La receta

La llegada de Uber a Costa Rica en agosto del 2015 abrió el sistema de movilidad colaborativa en el país y trajo un nuevo actor a un mercado en el que ya competían taxistas, see taxis y piratas.

Cabify, acérrimo competidor de Uber en Europa y América Latina, confirmó a El Financiero que planean abrir operaciones en Costa Rica este año.

En un mercado que actualmente opera por la libre y se rige solo por reglas de oferta y demanda, surge una única receta que se gesta en el caldero del Congreso.

El plan crearía dos modelos de movilidad colaborativa: Cerrada y abierta.

La cerrada se aplicaría solo en empresas privadas, instituciones públicas y centros de enseñanza. Se trata de todas las iniciativas o planes que permitan a sus trabajadores hacer carpooling para reducir presas y contribuir con el medio ambiente.

El proyecto crea una serie de beneficios para quienes usen sus carros con este fin.

Por ejemplo, no tendrían que sujetarse a la restricción vehícular, ni pagar parquímetros municipales o peajes en autopistas.

Mientras que la movilidad colaborativa abierta es mucho más amplia y regulada en el texto del proyecto de ley.

Empresas como Uber o Cabify tendrán que registrarse en una Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic).

Para registrarse, tendrán que pagar una cuota equivalente a dos salarios mínimos.

La propuesta obligaría a las empresas a entregar al Meic un documento anual con todos los datos de sus conductores socios y de los vehículos.

La base de datos de los choferes debe ser actualizada cada seis meses, explicó Franklin Corella, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y autor de la propuesta regulatoria.

La iniciativa crea una serie de requisitos para los conductores que quieran trabajar con el modelo de transporte colaborativo.

Los choferes tendrían que presentar a las empresas su licencia al día, hoja de delincuencia, registro de infracciones de los últimos cinco años, póliza de seguro y una carta de autorización para usar el vehículo en servicios de transporte colaborativo.

Uber, Cabify y cualquier otra empresa que quiera operar en el país tendrá que entregar un distintivo a sus choferes socios para que sean identificados en carretera por los clientes.

Manuel Avendaño Arce
El Financiero
Costa Rica

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