Retención del Impuesto de Inmuebles se cumpliría en tres fases durante 2019

Retención del Impuesto de Inmuebles se cumpliría en tres fases durante 2019
La Banca objeta que la DGI pueda cambiar el método si le resulta ineficiente| Archivo

El mecanismo de retención del Impuesto de Inmuebles por medio de entidades financieras, cooperativas y otros entes, podría cumplirse hasta en tres fases durante el año 2019.

Cabe destacar que la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificar la resolución emitida por la Dirección General de Ingresos (DGI), que obliga a los bancos a entregar, antes del 15 de enero de 2019, la información sobre las fincas sujetas al mecanismo de retención del Impuesto de Inmuebles, por la imposibilidad de cumplir con el plazo.

El MEF, en un comunicado, manifestó su disposición de mantener una comunicación constante con los agentes retenedores “con el propósito de coordinar y realizar los ajustes que sean necesarios con el  fin de adecuar lo contemplado en el Decreto Ejecutivo No. 362”.

Bajo el espíritu de este comunicado se busca consensuar una primera fórmula que implicaría proceder a la retención en tres etapas:

En abril de 2019 se retendría el impuesto de todas las propiedades nuevas (comerciales y residenciales).
En agosto de 2019, los locales comerciales existentes hasta el 31 de diciembre de 2018.
En diciembre de 2019, las residenciales existentes hasta el 31 de diciembre de 2018.

Por otra parte, la ABP solicita eliminar el Artículo 8 del Decreto Ejecutivo número 362, del 29 de noviembre de 2018, que reglamenta el mecanismo de retención.

Este artículo señala que la DGI tendrá la facultad de adoptar otro sistema “que cumpla con la finalidad consagrada en la Ley”.

Javier Mitre Bethancourt, asesor jurídico tributario del MEF, principal redactor de la nueva Ley del Impuesto de Inmuebles y sus reglamentos, señaló a Capital Financiero que esto implicaría adoptar otra fórmula más eficiente “si el mecanismo de la apertura de la cuenta de manera voluntaria por parte de los deudores, no cumple con los objetivos recaudatorios”.

De ocurrir,  “bajo el mandato legal deberá la DGI procurar que se establezca un nuevo mecanismo por medio de otro Decreto Ejecutivo, en coordinación con el sector bancario, sin que en ningún momento se pueda interpretar que la DGI pueda ordenar al banco otro sistema con ausencia de un Decreto Ejecutivo que lo regule”, resaltó.

De cualquier modo corresponderá esperar el resultado final de las conversaciones entre ambas partes.

Bienes y procedimientos
El artículo 2 del Decreto 362 especifica que los bienes objeto de la retención son propiedades y sus mejoras, financiados “a través de préstamos o créditos hipotecarios o garantizados por fideicomisos de garantía y de emisión de valores”.

Las excepciones alcanzan a los bienes inmuebles declarados patrimonio familiar tributario, a la vivienda principal o los bienes inmuebles exonerados.

El pago de este impuesto corresponde a “las personas naturales o jurídicas que tengan la condición de deudor”.

Deberá la DGI determinar y comunicar a los agentes de retención “cuáles bienes inmuebles deben considerar objeto de retención, así como el valor a retener por cada bien”.

De igual modo, la DGI informará a los agentes de retención “sobre los saldos, intereses y recargos pendientes de pago por concepto de la retención del Impuesto de Inmuebles a fin que informen a los contribuyentes”.

La DGI notificará cuáles propiedades son patrimonio familiar tributario o vivienda principal, y, por tanto, no serán objeto de la retención.

El agente de retención debe remitir a la DGI los financiamientos vigentes, efectuar las retenciones, comunicar los estados de cuenta a los deudores e ingresar el monto recaudado a favor del Tesoro Nacional.

Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), considera que promover dos hechos distintos, la reforma a la Ley de Impuesto Inmobiliario y la moratoria para el pago de este tributo, en un mes tan complejo como diciembre, ha significado confusión en la población.

Por un lado, dijo que se debió incentivar el aprovechamiento de los beneficios de la exoneración que  vence el 2 de enero de 2019 y, en otro momento, proceder a informar a las personas  sobre los cambios de la Ley.

En su experiencia cree que el Gobierno deberá dar nuevos plazos a los contribuyentes para poder cumplir.

Impugnaciones
Los abogados Olmedo Guillén y Víctor Martínez han interpuesto  recursos contra la Ley 66 y el Decreto 362 por considerar que violan disposiciones constitucionales.

Mitre Bethancourt ofreció su versión, en particular, ante las recientes demandas contenciosas-administrativas contra el Decreto Ejecutivo 362.

Mitre señaló que las demandas alegan que los bancos del sistema financiero nacional no pueden entregar información sobre las operaciones crediticias de sus clientes a la DGI, “y porque el Decreto indica que el impuesto se puede pagar, en meses, en tres cuotas o anual y no la forma que establece la Ley”.

Destacó  que las modificaciones recogidas en la Ley 66 establecen la obligación al agente de retención (en este caso bancos y otras entidades financieras) a informar a la DGI sobre las sumas retenidas.

El experto tributario precisó que no se puede confundir el periodo o momento de la retención con los plazos de pago del impuesto.

Dijo que el Decreto establece opciones de descuento del impuesto según la conveniencia del deudor del banco, hecho distinto a generar un nuevo plazo de pago de los tributos.

Violeta Villar Liste
violeta.villar@capital.com.pa.com
Capital Financiero

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