Se necesitan más que buenas intenciones

Se necesitan más que buenas intenciones
Los diputados argumentan que los emolumentos que reciben miles de jubilados y pensionados no alcanzan para cubrir sus necesidades mínimas| Archivo

Aunque no se puede afirmar con categórica certeza, por la cercanía de las elecciones de mayo de 2019, la verdad es que todo parece indicar que la decisión de la Asamblea Nacional de Diputados de debatir y aprobar una ley que permita aumentar los salarios de miles de jubilados y pensionados que recibe emolumentos mensuales por debajo de los $1,500 tienen las mejores intenciones del mundo.

El problema es que tener buenas intenciones no basta para hacer las cosas bien y prueba de ello es que la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 621 que establece un aumento de entre $35 y $60 a los jubilados y pensionados de todo el país ha sido recibido con preocupación, por decir lo menos, en el sector empresarial debido al impacto catastrófico que podría tener de convertirse en ley de la República.

Los diputados argumentan que los emolumentos que reciben miles de jubilados y pensionados no alcanzan para cubrir sus necesidades mínimas, razón por la cual aprobaron un incremento de $60 para los jubilados que reciben una pensión de $500 o menos, de $45 a quienes devengan entre $501 y $1,000 mensuales y de $35 a quienes devengan una pensión entre $1,001 y $1,500 mensuales.

Y para financiar esos incrementos a los diputados les ha parecido buena idea establecer un nuevo impuesto de 7% del monto de las remesas enviadas al exterior y tasar con un 5% las ganancias netas anuales de las máquinas tragamonedas y de los centros de apuestas en casinos y salas de juego.

Medidas que evidentemente no fueron consultadas con los sectores que podrían verse afectados por su promulgación, ni con los gremios empresariales del país por lo que han generado un inmediato, duro y bien fundamentado rechazo de la cúpula empresarial, encabezado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Mediante un comunicado al país Gabriel Barletta, presidente de la Cciap, aclaró que los empresarios no se oponen al aumento de pensiones a los jubilados, pero advierte que para lograr ese objetivo se debe estudiar a profundidad de dónde provendrán estos fondos porque no se pueden aplicar a la ligera impuestos que tienen impacto sobre la inversión extranjera directa, sin medir las consecuencias que esto puede tener para el país.

Para ser concreto, lo que preocupa al sector empresarial es el contenido del artículo 4 del proyecto de ley 621 que establece el impuesto del 7% a las remesas panameñas a beneficiarios en el extranjero. Esa preocupación se debe a que la norma no define con claridad el significado de “remesas” por lo que perfectamente podría aplicarse a una amplia gama de transferencia de dineros al exterior como: Remesas familiares, pagos de préstamos a bancos, pagos a suplidores, depósitos a plazo fijo, dividendos enviados a sus sedes centrales, entre otros, atentando así contra la seguridad jurídica de quienes realizan estas operaciones .

Además, dado que Panamá importa la mayoría de los productos que consume, este impuesto de remesas aumentaría automáticamente el costo de la vida y eliminaría el ajuste que se le quiere hacer a los jubilados. Y no olvidemos que el tema de las pensiones no se agota con un aumento, toda vez que el país requiere una reforma profunda del sistemas de seguridad social.

En todo caso, para la Cciap, tal como ha sido aprobado este proyecto de ley pone en riesgo el sistema financiero nacional, dado que puede producir una movilización inmediata de capitales, encareciendo así los préstamos a los consumidores y el costo de la vida en general, a lo cual habría que sumar el impacto negativo que supone esta medida en lo que respecta las plazas de trabajo en el sector comercio, casinos, banca y de casas de remesas.

En conclusión: Es evidente que tal como fue estructurado este proyecto debe ser vetado por inexequible por el Órgano Ejecutivo, lo que no tiene porque sepultar en el olvido el necesario aumento a los pensionados y jubilados del país, sino más bien abrir los espacios necesarios para debatir ampliamente cuáles podrían ser las fuentes más idóneas para financiar una medida de este tipo sin afectar negativamente el desempeño de la economía, ni generar más desempleo.

Podríamos evaluar la posibilidad de financiar el aumento de los jubilados y pensionados con una reducción de la planilla estatal o de los fondos que la Asamblea de Diputados destina al pago de publicidad en las emisoras presuntamente vinculadas a algunos diputados, con la eliminación de algunos de los tantos subsidios existentes o con los fondos destinados a las planillas de servicios profesionales tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, ya que de esta forma se demostraría que los diputados de la República están dispuestos ir más allá de las buenas intenciones.

 

Editorial
Capital Financiero
Edición 909
22 al 28 de octubre del 2018

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