Secuestro de cuentas y activos de La Prensa atenta contra la libertad de expresión, asegura la Cámara de Comercio

Secuestro de cuentas y activos de La Prensa atenta contra la libertad de expresión, asegura la Cámara de Comercio
Los señalamientos de Leignadier se dieron, luego que Corprensa informó en un comunicado al país, que lleva la firma del presidente de su Junta Directiva, Diego Quijano Durán, que en la mañana de este sábado 4 de julio, esa empresa fue notificada del secuestro de todas sus cuentas bancarias| Cortesía

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) señaló que el secuestro de las cuentas bancarias y activos de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), como parte de una demanda civil por presuntos daños y perjuicios interpuesta por el ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares, casi ocho años después de presentada la demanda, más allá de las razones en que se fundamenta, “es de suma preocupación para por el peligro que sus consecuencias pueden representar para la continuidad operativa de un importante medio de comunicación del país y por ende para la libertad de expresión”.

Según el gremio empresarial, la libertad de expresión e información es un derecho inalienable del ser humano, consagrada en nuestra Constitución Política, y aun cuando exige responsabilidades en su uso, medidas de esta naturaleza en contra de uno de los principales medios escritos del país pone en riesgo la capacidad de producir los diferentes medios de comunicación que edita Corprensa y podría limitar las fuentes de información de los panameños.

“Entendemos la potestad que le otorga la Ley al demandante a defender su honor y su honra; sin embargo, una acción de este tipo en los tiempos que vivimos no sólo es un duro golpe al derecho a la información de los ciudadanos, sino que pone en riesgo el sustento de los más de 240 colaboradores de Corprensa” señaló Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cciap.

Corprensa explica las implicaciones del secuestro

Los señalamientos de Leignadier se dieron, luego que Corprensa informó en un comunicado al país, que lleva la firma del presidente de su Junta Directiva, Diego Quijano Durán, que en la mañana de este sábado 4 de julio, esa empresa fue notificada del secuestro de todas sus cuentas bancarias.

“Por medio de nuestro banco, se nos informó de un Oficio de Secuestro por la suma de $1.13 millones. La instrucción proviene del Juzgado Civil que conoce la causa de una demanda presentada en marzo de 2012 por el ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, y en la que reclama $5.5 millones por daños y perjuicios. El secuestro también alcanza las acciones de la subsidiaria Inmuebles Industriales, S.A., que es la propietaria del terreno y el edificio donde están las salas de redacción de los periódicos La Prensa y Mi Diario, así como la rotativa y las oficinas administrativas de Corprensa” enfatizó el comunicado.

Corprensa calificó la acción judicial como “un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos ya que reprime la continuidad operativa de la empresa ya que con ella se congelan los fondos utilizados para cumplir con nuestras obligaciones contractuales, y realizar el pago de bienes y servicios y, sobre todo, los salarios de los 240 asociados de la corporación”.

Finalmente, se anunció que para aclarar cualquier duda y brindar más información se realizará una conferencia de prensa el lunes 6 de julio a las 10:00 a.m. en las instalaciones de Corprensa y que también se transmitirá por medio de la plataforma Zoom.

Secuestro no coarta libertad de expresión: Pérez Balladares

En tanto, una aclaración publicada en su página Web www.toroperezballadares.com señala que la medida cautelar dictada por el Juzgado Decimoquinto Civil de Circuito de Panamá, a cargo de la jueza Lina Castro de León, está encaminada a garantizar las acciones legales que emprendió  en 2012 contra el conglomerado al que pertenece el diario La Prensa, por la difusión de información, que califica como “falsa”, en una serie de artículos publicados el 21 y 22 de marzo de 2011, en las versiones impresa y digital de dicho medio de comunicación, haciendo alusión directa a que el exmandatario estaba involucrado en un “caso de blanqueo de capitales que era investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público”.

De acuerdo con la publicación “a pesar de que se demostró ampliamente que esos señalamientos eran falsos, La Prensa no tuvo la disposición de retractarse y en consecuencia, en marzo de 2012 el exmandatario introdujo una demanda civil por $5.5 millones en contra de la Corprensa por daños y perjuicio, “al vincularlo de manera intencional e injuriante al blanqueo de capitales”.

Agrega que “la ejecución de este secuestro no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodística a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos la libertad de prensa en el país” y destacó que los abogados de Pérez Balladares “solicitaron la acción amparándose en lo dispuesto en el artículo 533 y siguientes del Código Judicial, con la finalidad de evitar que el proceso civil en contra de la Corprensa sea ilusorio en sus efectos”.

“La orden de secuestro corresponde a la evolución natural del caso N° 20896, en el que ambas partes han ejercido las acciones legales que contempla la Constitución de la República de Panamá y las leyes complementarias que salvaguardan los derechos de todos los ciudadanos”, concluyó.

Más informaciones

Comente la noticia

Ver todas las noticias
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com