Seguridad, justicia y el crecimiento económico

Seguridad, justicia y el crecimiento económico
Todos sabemos que tras el cambio de Gobierno, el país se encontró en una situación económica difícil| Archivo

No hay dudas que las medidas adoptadas por la actual administración poco a poco le han devuelto la confianza sobre el futuro del país tanto al sector empresarial como a los consumidores, sin embargo, la creciente inseguridad pública y la falta de un sistema judicial eficaz, capaz de perseguir y sancionar a quienes delinquen, sin importar su estatus económico o social,   garantizando así la igualdad ante la ley y la certeza del castigo, se han constituido en todo un reto, si es que se quiere lograr una verdadera reactivación económica que nos vuelva a poner en la senda del crecimiento.

Todos sabemos que tras el cambio de Gobierno, el país se encontró en una situación económica difícil y prueba de ello es que al cierre del primer trimestre el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 3.2%, manteniendo la tendencia a la desaceleración que ha caracterizado su evolución durante los últimos cinco años.

Sin embargo, hay que admitir que las medidas adoptadas por la nueva administración del presidente de la República, Laurentino Cortizo, para reactivar la economía y reducir el desempleo están teniendo resultados positivos, al devolverle la confianza a empresarios y consumidores sobre las perspectivas del país para este segundo semestre de 2019 y de cara al 2020 año, lo que ya ha comenzado a impactar positivamente la actividad económica. A lo que se suma la aprobación de importantes iniciativas legislativas como la que reformó la Ley de Interés Preferencial y la Ley que crea el marco para el desarrollo de Asociaciones Publico Privadas (APP).

Y para muestra un botón. Según el ministro Consejero para la Facilitar la Inversión Privada, José Alejandro Rojas Pardini el pago de más de $500 millones en dudas por cancelar a proveedores de bienes y servicios, ya están teniendo efectos positivos en el país, especialmente en lo que se refiere a la confianza de los consumidores y puso, como ejemplo, lo ocurrido en la feria Capac Expo Habitat 2019 en la que se esperaban transacciones por el orden de los $120 millones, cifra que fue superada ampliamente al alcanzar los $180 millones.

Estos señalamientos del ministro Rojas Pardini se dieron durante su participación en los actos de inauguración del Panama Motor Show, la feria automotriz más importante de Panamá y Centroamérica, en la que expresó su confianza en que la misma alcanzará las proyecciones de ventas establecidas por la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá (Adap), las cuales se ubican en unos $90 millones.

No obstante, esta tendencia positiva podría verse afectada negativamente si la ola de actos delictivos que se registran en el país no es detenida prontamente, lo que implica dos cosas, una acción preventiva y eficaz de la Policía Nacional y el resto de los estamentos de la Fuerza Pública, y la certeza del castigo para quienes delinquen, algo que solo puede ser garantizado por un Órgano Judicial capaz de garantizar la igualdad ante la Ley para todos los ciudadanos.

La ola de homicidios, robos a mano armada y violencia generalizada que se vive a lo largo y ancho del país no se puede detener, si la Policía Nacional no cumple su rol de prevenir y perseguir a los delincuentes hasta ponerlos a órdenes de las autoridades competentes, pero tampoco si los jueces dejan en libertad a los presuntos partícipes de estos actos delictivos aplicando subterfugios legales, debido al tráfico de influencias o simplemente aceptando sobornos.

Esto no quiere decir que hay que violentar el derecho de los ciudadanos a la presunción de inocencia y/o la legítima defensa. El respeto a los Derechos Humanos jamás debe quedar en duda en un país democrático.

Sin embargo, hay que garantizar que todo aquel que cometa un delito reciba la sanción que impone la Ley sin importar su situación económica o social, este es un requerimiento básico de nuestro contrato social y una necesidad para que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades económicas con normalidad.

Además, la seguridad pública es uno de los elementos fundamentales que son evaluados por las empresas multinacionales al momento de determinar en qué país invertir, por lo que es importante que las autoridades le presten una mayor atención y adopten todas las medidas necesarias para que, tanto empresarios, inversionistas internacionales y consumidores no pierdan la confianza que apenas se está recuperando.

Finalmente, creemos prudente que el Ejecutivo convoque a las fuerzas vivas del país, representadas en los gremios empresarios, sindicales y docentes,  en las asociaciones de estudiantes y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), así como los miembros de los diferentes  estamentos de seguridad y la sociedad civil a discutir y aprobar, entre todos, un pacto para el combatir al crimen organizado y la corrupción, con el fin de mandar un mensaje alto y claro: Que Panamá no se someterá al crimen organizado y mucho menos a la delincuencia común.

Editorial
Edición 957
Del 7 al 13 de octubre
Capital Financiero

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