Sobre el diálogo con Francia

El Ejecutivo panameño ha aceptado la petición de Francia para tratar de resolver mediante el diálogo sus diferencias en materia fiscal y normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales

Los abogados afirman constantemente que más vale un mal arreglo que un buen pleito y es innegable que esta máxima del derecho tiene mayor validez en lo relativo a las relaciones entre estados, ya que  siempre es mejor encontrar una solución negociada a las diferencias que surgen entre un país y otro, que entrar en un conflicto que nadie sabe cómo puede terminar.

Sin embargo, al momento en que una de las partes aplica medidas discriminatorias en perjuicio de la otra, negociar debe ser una decisión condicionada por la parte afectada al cese inmediato de cualquier acción que perjudique sus intereses, de forma que ambas naciones puedan sentarse a dialogar sin apremios y en igualdad de condiciones, reconociendo así el principio de Derecho Internacional que establece la igualdad entre los Estados.

Hemos hecho este preámbulo para que nuestros lectores puedan comprender la actitud crítica con la que este periódico valora la decisión del Gobierno Nacional de acoger, sin la menor consulta y sin ninguna exigencia, la solicitud presentada la primera semana de enero de 2017 por el Ministerio de Economía de Francia para iniciar un  diálogo con Panamá, con el propósito de desarrollar una hoja de ruta que permita atender diversos puntos pendientes en la agenda de transparencia y cooperación fiscal entre ambas partes. Y, según ha podido confirmar Capital Financiero, este diálogo dará inicio el 17 de enero próximo, en la ciudad de París.

Lo primero que hay que decir, ya que consta en un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es que dicha propuesta de diálogo fue planteada a la Embajadora de Panamá en Francia, Pilar Arosemena de Alemán, por un Consejero Fiscal. Es decir, que no ha sido el producto de una petición oficial presentada a la consideración del Gobierno de Panamá, vía diplomática, por el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, u otro alto miembro del Ejecutivo galo, ya fuese un ministro o un viceministro, sino por un funcionario de tercera o cuarta categoría, por lo cual no debió ser ni aceptada ni rechazada: Simplemente, se debió dar por no recibida.

En segundo lugar, hay que recordar que desde el mes de abril de 2017 el señor Sapin, en nombre del gobierno francés, tomó la decisión de incluir a Panamá en la Lista de Estados y Territorios No Cooperativos en materia fiscal (por lo que son considerados como paraísos fiscales), y que este hecho implica que a partir del lunes 2 de enero, las empresas francesas que mantengan relaciones comerciales con Panamá serán objeto de sanciones, lo que sin duda alguna tendrá un impacto negativo en la competitividad y el desempeño económico del país. 

En tercer lugar, y no por ello menos importante, hay que recordar que en noviembre del año pasado, precisamente al recibir el informe que contiene las recomendaciones del Comité de Expertos Independientes, convocado a raíz del escándalo generado por la filtración de información de la firma forense Mossack Fonseca, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció la presunta decisión de su gobierno de adoptar medidas de retorsión contra aquellos países que mantengan políticas discriminatorias contra la República de Panamá, señalando directamente a Francia y dando plazo hasta el 31 de diciembre para ser excluidos de la unilateral lista de Estados y Territorios No Cooperativos en materia fiscal.

Tomando en cuenta este escenario, consideramos que, en primer lugar, el presidente Varela ha debido, antes que nada, cumplir la advertencia hecha a Francia y, a partir de 2 de enero, aplicar contra ese país algunas de las acciones que le faculta la Ley de Retorsión, aprobada el año pasado precisamente para que el Estado panameño pueda responder a medidas discriminatorias aplicadas por otros países, ya que no hay nada peor para un Estado que amenazar con la aplicación de sanciones contra otro Estado y luego no adoptarlas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque esto evidencia debilidad y temor. En todo caso habría sido mejor no anunciar ninguna medida, ya que mientras Francia ha cumplido sus amenazas, Panamá no ha hecho nada más que quedar en ridículo.

Y es que, como mínimo, la Cancillería panameña ha debido convocar al embajador francés, Philippe Casenave, a una reunión para pedirle explicaciones y transmitirle el profundo desacuerdo de Panamá con lo actuado por su gobierno, además de llamar a la embajadora Arosemena de Alemán a consultas, y no enviarla de vuelta a París hasta que se suspendan las medidas discriminatorias contra nuestro país.

Por otra parte, al momento de recibir la propuesta de diálogo de Francia lo correcto habría sido solicitar a ese gobierno que esa petición se presentara a través de los canales diplomáticos, Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante una nota formal que llevara la firma del señor Sapin u otro funcionario de alto rango del gobierno francés, y que dicha misiva incluyera, por lo menos, la exclusión provisional de Panamá de la lista de Estados y Territorios No Cooperativos en materia fiscal, así como la suspensión de cualquier medida discriminatoria que pudiera afectar a las empresas francesas que mantienen algún tipo de relación económica o comercial con Panamá. 

De todas formas lo hecho, hecho está. El Ejecutivo panameño ha aceptado la petición de Francia para tratar de resolver mediante el diálogo sus diferencias en materia fiscal y normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales, por lo que no podemos hacer otra cosa que desear que este proceso culmine exitosamente, con la elaboración de una hoja de ruta que permita establecer mecanismos para mejorar la transparencia de nuestra plataforma de servicios financieros y una mayor cooperación en materia fiscal entre ambas partes; aunque, a decir verdad, los panameños debemos comprender que hemos entrado en una posición bastante desventajosa a esta negociación.

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