Sociedad civil, descentralización y clientelismo

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A pesar de estar en mora en el cumplimiento de la Ley, que entró a regir el pasado 1 de julio de 2015, es comprensible que el Ejecutivo haya iniciado un proceso de consultas para determinar la ruta a seguir en el proceso de descentralización de la administración pública, que implica, fundamentalmente, dotar a los gobierno locales de las competencias y los recursos para responder a algunas de las necesidades más inmediatas de las comunidades.

Basta mencionar que según estimaciones oficiales, los fondos que de acuerdo con esta Ley deberán ser transferidos por el Gobierno a manos de los municipios del país estarán conformados por unos $180 millones provenientes de la recaudación de impuestos de inmueble de todo el país.

Se trata de un monto significativo de dinero, por lo que antes de entregarlo a los gobiernos locales es necesario determinar no solo cómo serán distribuidos (tomando en cuenta la gran diferencia en términos de tamaño, población y condiciones de desarrollo de cada uno de los distritos que conforman el país), sino también garantizar que estas estructuras administrativas cuenten con la organización y el recurso humano necesario para que los mismos sean invertidos debidamente y que los ciudadanos podamos acceder en todo momento a la información sobre cómo se administran esos recursos.

Bajo este criterio, el contralor general de la República, Federico Humbert, explicó que ya se inició un proceso de capacitación en los municipios, a fin que los funcionarios conozcan cómo es el trámite correspondiente y no haya obstáculos al momento que se inicie el proceso de descentralización.

Es esta una tarea vital, tomando en cuenta la crisis moral que afecta desde hace ya varios años a la denominada clase política panameña, debido a su insistencia en recurrir al clientelismo que caracteriza su relación con los votantes, quienes por falta de educación o simple conveniencia cambian su voto por alguna ventaja económica o material, en una transacción comercial que pone de manifiesto la inmadurez de nuestra democracia.

Ante esta realidad, hay que valorar especialmente las palabras de la vicepresidenta y Canciller de la República, Isabel de Saint de Alvarado, quien dijo que para ejecutar este proyecto es necesario que se tome en cuenta la participación de la sociedad, ya que de por medio habrá fondos públicos y son estos los que van a velar porque haya transparencia en la ejecución de los proyectos.

Todos sabemos que el centralismo administrativo que ha caracterizado al Estado panameño es un modelo agotado que debe dar paso a la descentralización progresiva y vigorosa de la administración pública, sin embargo, esa descentralización no debe convertirse en una patente de corso para que los alcaldes, representantes de corregimiento y concejales del país utilicen los recursos que ahora estarán a su disposición sin tener que rendir cuentas por ellos a los contribuyentes.

Hay que recordar que uno de los mayores escándalos de corrupción de la administración anterior se dio precisamente en una entidad, Programa de Ayuda Nacional (PAN), que debía responder a necesidades urgentes de la población y que manejaba contratos por montos significativamente bajos.

No obstante, es importante que cada una de las comunidades que se beneficiarán de la descentralización de la administración pública se organice, de forma que puedan darle el seguimiento debido a cada una de las contrataciones que las autoridades locales realizarán con los nuevos fondos a su disposición, de forma que puedan evitar que estos recursos sean dilapidados en prácticas clientelistas o actos de corrupción, porque si eso ocurre el dinero se perderá en el camino en lugar de ser invertido en proyectos destinados a mejorar su calidad de vida. 

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