Subsidios trepan 48% con este gobierno

Subsidios trepan 48% con este gobierno

Marianela Palacios Ramsbott
mpalacios@capital.com.pa
Capital

El ritmo de crecimiento de la economía panameña no es lo único que ha dado un salto enorme en los últimos dos años. Los subsidios del Estado también.
En 2009, los subsidios contemplados en la Ley de Presupuesto sumaban $554 millones, y este año la cifra se elevó a $821 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esto representa un incremento de 48% o $267 millones. Este monto es mayor a las recaudaciones adicionales que el fisco consiguió en 2010, producto del alza del 5% al 7% aprobada con la última reforma tributaria para el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms): $212 millones.
Ese aumento de 48% en los subsidios responde principalmente a tres de los programas sociales activados por la administración de Ricardo Martinelli: El programa 100 para los 70, la beca universal y la entrega gratuita de uniformes, útiles y libros escolares, sumaron $166 millones anuales a los gastos de la nación (Ver recuadro: Evolución de los subsidios).
También han influido en este repunte la ampliación de la Red de Oportunidades, otra promesa de campaña; el alza del petróleo, que impactó tanto al subsidio eléctrico como al del gas licuado; la activación del fondo de garantía para el fomento empresarial y el fondo solidario de vivienda, que se creó para que las familias de bajo recursos puedan adquirir una vivienda.
Además, los compromisos adquiridos durante la administración de Martín Torrijos con la Caja del Seguro Social (CSS) para cubrir sus déficits también están pesando en esta cuenta fiscal.
Para ser exactos, los desembolsos que hará este año el Ejecutivo para cubrir esos huecos financieros del seguro social representan un tercio del total de los subsidios que se pagan actualmente.
El equipo económico de la actual administración, durante la campaña electoral, dijo que trabajarían por el desmantelamiento progresivo de los subsidios y de los incentivos fiscales, pero hasta el momento poco se ha avanzado en esta materia.
De hecho, los incentivos fiscales también han crecido con este Gobierno, aunque bastante menos que los subsidios: 13% (Ver gráfica: Subsidios e incentivos presupuestados).
Sí se ha logrado disminuir el incentivo aplicado a las agroexportaciones no tradicionales a través de los Certificados de Abono Tributario (CAT), que fueron cuestionados duramente en el quinquenio presidencial anterior por presuntos actos de corrupción y una serie de irregularidades. Los CAT bajaron de $22,7 millones en 2009 a $17,5 millones en 2011.
Pero esa reducción fue más que compensada por un nuevo incentivo fiscal aplicado a las agroexportaciones, el Certificado de Fomento a la Agroexportación (CEFA), que fue creado por la administración Martinelli, que comenzó a aplicarse el año pasado y que en 2011 cuenta con un presupuesto de $10,5 millones.

Preocupación generalizada
Todos los profesionales consultados para este informe especial, entre ellos el financista Felipe Chapman (Indesa), la abogada Irene Giménez (Goethals Consulting Corp.) y el economista Aristides Hernández (Latin Consulting), muestran preocupación por los subsidios existentes y recomiendan a las autoridades irlos desmantelando progresivamente
Me preocupan especialmente los subsidios permanentes, pues crean graves distorsiones y comportamientos indeseados difíciles de corregir. Sin embargo, estoy a favor de los programas de transferencias de recursos a los grupos más vulnerables, siempre y cuando sean temporales y cuenten con planes creíbles para no crear dependencia permanente en estos, destacó Chapman.
Giménez considera que con el fuerte crecimiento que ha tenido la economía en los últimos años, los subsidios deberían tender hacia la baja en lugar de al alza.
Si aumentan, entonces quiere decir que el crecimiento no es tal o no está llegando a todos, porque si así fuera la gente podría por sí misma proveerse todo. La realidad es, como siempre, que los subsidios se utilizan como medidas populistas, destinadas a fortalecer proyectos políticos, y que tienen como objetivo seguir manteniendo industrias ineficientes, ya que de otro modo no necesitarían estos apoyos del Estado, opina la abogada.
A su juicio, el principal problema radica en que estas transferencias de dinero se realizan casi siempre a costa de los proyectos productivos que aportan el dinero. Y por eso, a la larga, la política de subsidiar a unos en detrimento de otros, trae más dependencia y pobreza.
La socia de Goethals, al igual que Chapman, no se opone a los subsidios puntuales, para casos determinados y temporales, pero la experiencia le sugiere que mucho de lo que se concibe originalmente como temporal termina siendo permanente. Y una prueba de ello es la propuesta de darle rango constitucional al 100 para los 70 y a la beca universal, que hizo a principios de este año la actual administración.
Los niveles actuales de subsidios no son sostenibles, advierte Hernández, quien considera que los subsidios e incentivos vigentes cuestan más de lo que sugiere la cifra oficial que está presentando el MEF, que el monto real ronda los $1.000 millones.
Y efectivamente, si a la cifra oficial de subsidios ($821 millones) e incentivos ($110 millones) se suman sólo las becas de estudio del Ifarhu, Senacyt, Inadeh y otras entidades públicas (que en conjunto superan los $135 millones), el total sobrepasa ya los $1.000 millones.
Además, Hernández asegura que esa cantidad seguirá en aumento en los años venideros, entre otras cosas por la situación financiera del Seguro Social.
Las transferencias del Gobierno a la CSS no son suficientes para detener el deterioro de programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Todos sabemos que las reformas a la CSS en 2005 fueron temporales, y que la curva negativa de las reservas del programa de IVM retornaría en corto plazo, afirmó el economista.

La versión oficial
El viceministro de Economía, Frank De Lima, justificó la escalada de los subsidios alegando que la mayoría de los programas nuevos que se han sumado a la lista formaron parte del plan de Gobierno y que la deuda social existente en Panamá debía atacarse en forma directa e inmediata con esos programas sociales.
Uno de los principales problemas del país es la educación y con el programa de la beca universal el Gobierno está dando un bono monetario para que los estudiantes continúen en la escuela, sin fracasar, y para que los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos dado que tienen que ir a reunirse con los maestros para poder retirar la beca. Y Los útiles escolares se dan porque, según la Constitución, la educación debe ser gratuita, comentó.
Al ser consultado sobre las razones por las cuales no han sido desmantelados o minimizados otros subsidios, además del CAT, el funcionario respondió que eso se debe al incremento de los precios a nivel global.
El petróleo sigue subiendo y ahora, con la crisis que se está dando en el Medio Oriente, no se sabe con certeza hasta qué precio llegue.  Por el momento, tenemos subsidios en electricidad, petróleo y gas y vamos a mantenerlos para no encarecer la vida de los pobres, acotó.
El desmantelamiento progresivo de estas asistencias a empresas y a las personas con menores ingresos, sigue en los planes del Ejecutivo, pero a futuro.
Por ahora, sólo trabajan para focalizar mejor el subsidio del gas licuado, como se ha hecho en otros países, ya que actualmente personas que no requieren de este subsidio gozan del beneficio. Los responsables de ese trabajo son la Secretaría de Energía y el Banco Mundial.
Vamos a mejorar el subsidio del gas licuado para que solo lo reciban las personas que verdaderamente lo requieren.  También, con la entrada de más generadoras de electricidad de fuentes renovables, se va lograr abaratar el costo promedio del KW, y así se reducirá el monto destinado al Fondo de Estabilización Tarifaria, anunció.

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