Sujetos no financieros, el talón de Aquiles en lucha contra el blanqueo de capitales

Sujetos no financieros, el talón de Aquiles  en lucha contra el blanqueo de capitales
Gafi exige a Panamá que regule apropiadamente los sujetos no financieros, porque detecta debilidad en ese apartado| Cortesía

Panamá debe aplicar las más de seis leyes y regulaciones bancarias y no bancarias que han sido promulgadas para prevenir el blanqueo de capital y el financiamiento del terrorismo, para poder  salir de la lista gris de “jurisdicciones con deficiencias estratégica” del Grupo de Acción Financiera  Internacional (Gafi).

A esta conclusión llegaron los expertos que participaron en el  Foro organizado por la  Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (Amcham), denominado: Posicionamiento y Futuro de Panamá en el Comercio Globa,  Imagen y Reputación Internacional.

El Gafi considera débil la comunicación entre el Órgano Judicial, el Ministerio Publico y Unidad de Análisis Financiero (UAF); la imputación por el delito penal de evasión fiscal y principalmente la supervisión de los sujetos no financieros.

El pasado mes de junio de 2019, Panamá fue incluida en la lista gris del Gafi; pero, pese a ello, no perdió las corresponsalías bancarias y, además acordó con  Citibank la emisión de $2,000 millones  en Bonos  del Estado.

Marcelo Gorrini, gerente general de Citi, destacó que existe un gran apetito en el mercado internacional por los bonos de Panamá, pero el país tiene desafíos que atender para que la economía siga creciendo, entre ellos, aplicar el marco regulatorio que aprobó, ya que las empresas buscan invertir en naciones con estabilidad y donde la justicia funcione.

El ministro consejero para la Inversión Privada, José Alejandro Rojas Pardini, admitió que, aunque los estándares técnicos exigidos por el Gafi aumentaron de 87% a 95%, se ha fallado en la efectividad el Órgano Judicial, la UAF y el Ministerio Público por la falta de formatos adecuados de comunicación.

No hay que politizar la situación, porque muchos casos se enviaron al Consejo de Seguridad y no al Ministerio Publico y eso afectó la efectividad”, explicó Rojas Pardini.

Precisamente, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sentó en una misma mesa al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León; al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero;  a la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell; al canciller Alejandro Ferrer y David Saied, director de la UAF, para darle cumplimiento a la agenda de Estado que busca sacar a Panamá de la lista gris del Gafi.

“El Gafi exige proactividad en imputaciones y condena en casos de alto perfil, pero no creo que hemos sido muy eficientes en eso”, indicó Michelle Moreno, directora de la Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales, quien considera que también hay fallas en las imputaciones por el delito de evasión fiscal  tipificado  en la  Ley 70 de 2019.

La  Ley 70 reformó el Código Penal y dictó pena de prisión de dos a cuatro años para quien, en beneficio propio o de un tercero, incurra en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional y afecte la correcta determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar, total o parcialmente, los tributos correspondientes.

Las penas son aplicables cuando el monto defraudado en un periodo fiscal es igual o mayor a  $300,000, pero si el monto es menos de $300,000 no pasa a la esfera penal, sino que queda bajo competencia de la Autoridad Tributaria.

El viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, admitió que la Dirección General de Ingresos (DGI) no es efectiva en el cobro de los impuestos, ni  contra la evasión fiscal, lo que envía un mal mensaje a la sociedad panameña y afecta los ingresos corrientes del Estado.

Gafi exige a Panamá que regule apropiadamente los sujetos no financieros, porque detecta debilidad en ese apartado.

Resulta evidente que no fue suficiente la Ley 23 de 27 de abril de 2015, que creó la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, para regular los sujetos obligados no financieros (Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia Panamá Pacífico, casinos, agentes inmobiliarios, corredores de bienes raíces, empresas contratistas de construcción, empresas de transporte de valores y casas de empeño).

la citada Intendencia también regula actividades realizadas por profesionales sujetos a supervisión como abogados, contadores públicos autorizados y notarios cuando  realicen en nombre de un cliente compraventa de inmuebles, valores, administración de cuentas bancarias, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomisos y demás.

La directora de la Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales considera que el mayor reto de Panamá son los sujetos no financieros, puesto que en la plataforma de servicios se desenvuelven 25,000 abogados y  corredores de bienes raíces, que tienen que ser regulados y capacitados adecuadamente.

El Gafi  en su visita “in situ” encontró debilidades como: Desfases en la aprobación del proyecto de ley 591 (que penaliza la evasión fiscal); falta de cumplimiento de las normativas AML (Anti-Money Laundering) prevención del blanqueo de capitales en los sectores no financieros;  fallas en la generación de reporte de operaciones sospechosas (ROS) oportunos por parte de los sectores no financieros.

También recomendó mejorar el intercambio de información financiera y  la capacidad de investigar y procesar el  lavado de activos que involucre delitos fiscales extranjeros.

“Panamá no puede tener solicitudes de información de otros países y tomar dos a seis  meses en contestar. ¿Cómo queda Panamá?. Esto es una onda expansiva donde todos se dan cuenta: El Gafi, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la Unión Europea”, cuestionó la directora de la Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales.

Orlando Rivera
orivera@capital.com.pa
Especial para Capital Financiero

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