Suspender la vigencia del Código Tributario deja en estado de indefensión a los contribuyentes

Suspender la vigencia del Código Tributario deja en estado de indefensión a los contribuyentes
Panamá tiene en el Código Tributario un instrumento jurídico de avanzada que no debe demorar su total entrada en vigencia| Archivo

Suspender nuevamente la entrada en vigencia en su totalidad del Código de Procedimiento Tributario, aprobado mediante Ley 76 de 2019, deja en estado de indefensión a los contribuyentes y genera efectos en la seguridad jurídica de Panamá, alertó Javier Mitre Bethancourt, experto en temas tributarios a Capital Financiero.

Cabe señalar que este planteamiento también fue expuesto durante el foro virtual Codificación tributaria, organizado por Connectax, Iesa y Capital Financiero, durante el cual José Rivera, socio de RBC (Panamá), alertó sobre los efectos  del proyecto aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional de Panamá, que posterga hasta el 1° de enero de 2022, la entrada en vigencia del Código.

En concreto, se trata del proyecto de Ley 360 “que modifica la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 y dicta otras disposiciones”.

Otorga una tercera extensión de período de amnistía y en su artículo 5 aplaza al año 2022 la vigencia del Código de Procedimiento Tributario, “y sólo adelantó tímidamente algunos otros artículos, por propuesta de la Dirección General de Ingresos (DGI), pero sólo artículos que la DGI considera les conviene, sin ver todo el escenario de la defraudación fiscal penal”, afirmó el Dr.Javier Mitre Bethancourt, quien abordó  las principales consecuencias que implicaría para Panamá demorar la entrada en vigencia de este instrumento jurídico.

Dr.Javier Mitre Bethancourt,

Dr.Javier Mitre Bethancourt

-¿Cuáles efectos podría generar suspender la entrada en vigencia del Código Tributario?

-En primer lugar, es importante dejar claro que es entendible que la razón principal por la cual se propone suspender nuevamente la entrada en vigencia en su totalidad del Código de Procedimiento Tributario, aprobado mediante Ley 76 de 2019, responda en gran medida a la situación financiera que está viviendo el país.

Es un hecho que la adopción de este nuevo Código que transforma el sistema tributario administrativo, implica  destinar montos importantes en el presupuesto  para los cambios que requeriría la Dirección General de Ingresos (DGI).

Sin embargo, se ha perdido de vista, que estos cambios son importantes frente al escenario que plantea la vigencia del delito de defraudación fiscal penal, y que en consenso con los sectores conocedores de la materia, era necesario contar con un sistema tributario administrativo más garantista y moderno, que reconociera realmente y de manera efectiva los derechos de los contribuyentes, de tal manera, que ante el nuevo escenario de la tipicidad del delito fiscal se evitaran abusos y arbitrariedades , ya que el actual Código Fiscal carece de normas y conceptos que brinden ese estado de seguridad jurídica tributaria, por lo tanto, los efectos que podría generar suspender la vigencia del Código Tributario se pueden resumir en dejar en estado de indefensión a los contribuyentes.

-¿Cómo lograr conciliar el derecho a la defensa en los casos de defraudación fiscal penal?

-El derecho de defensa en los casos de defraudación fiscal penal, por tratarse de asuntos que son ya competencia de la esfera judicial, se logran conciliar adoptando todas las normas que en esta materia ofrece el sistema penal acusatorio desde el momento en que la DGI presente la primera denuncia por defraudación fiscal penal, y que lo ha podido hacer desde mayo del 2019, cuando entraron en vigencia las causales de defraudación fiscal penal mediante el Código de Procedimiento Tributario y la tipificación en el Código Penal de este delito.

El problema radica realmente, es lo que pueda ocurrir antes de dichas denuncias, ya que al posponerse la entrada en vigencia en su totalidad del Código de Procedimiento Tributario, están ausentes normas como los artículos 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 y 211 del nuevo Código de Procedimiento Tributario que desarrollan por primera vez, reglas claras y expresas de cómo se debe llevar a cabo las actuaciones de fiscalización por parte de la DGI a un contribuyente, donde pueden surgir casos de posible evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal, o el Artículo 34 de dicho código; el cual establece el principio de la autonomía de la periodicidad fiscal, de tal forma, que quede claro que cada período fiscal es independiente el uno del otro, lo cual es vital a la hora de determinar un posible delito de defraudación por razón de las cuantías, las cuales no se pueden sumar de período a período, sino que se deben juzgar de manera independiente.

Esto es indispensable a la hora de establecer si un caso alcanza el monto mínimo supuesto defraudado de los $300,000 para conocer quien competente de un posible ilícito tributario; o el propio artículo 297 que fija cómo debe proceder la DGI a la hora de sancionar.

-¿Cómo se explica que si el mismo Código generó las condiciones para la moratoria y otros beneficios fiscales se suspenda su entrada en vigencia?

-Efectivamente, el Código de Procedimiento Tributario fue excelente para servir de marco jurídico, que permitiera delegar funciones al Ejecutivo en tiempos de “emergencia nacional”, de tal manera que se pudieran normar mediante decretos ejecutivos los aplazamientos de términos y períodos que sólo podían modificarse mediante Ley,  y otros beneficios fiscales, porque sólo se adelantó la vigencia de esos artículos que la Administración Tributaria consideró eran los convenientes para su Administración en estos momentos, pero han olvidado o se desconoce, la realidad de la vigencia del delito fiscal y la necesidad de adelantar la vigencia de artículos que complementan el nuevo orden jurídico, para mantener un sistema tributario más garantista, como por ejemplo lo ofrecen los artículos aún sin vigencia, 145, 146, 147, 148 y 149  del Código de Procedimiento Tributario, sobre los efectos de las opiniones por consultas a la DGI que históricamente se ha cuestionado su falta de vinculación jurídica provocando inseguridad jurídica tanto para contribuyentes nacionales como extranjeros, algo muy cuestionado en un escenario en donde ahora existe un delito de defraudación fiscal judicializado, lo que no es muy atractivo para la inversión extranjera.

Otros artículos ausentes del Código de Procedimiento Tributario, el Artículo 13, que regula retroactividad de las normas cuando las misma resulte en la más favorable para el contribuyente a la hora de aplicar sanciones, que es clave para el nuevo escenario de penas, las cuales se reducen frente a las dispuestas en el Código Fiscal; el artículo 19, fija el concepto de hechos y simulación, como antesala para diferenciar las simulaciones de carácter doloso de las no dolosas; el artículo 20, sobre la cláusula anti elusiva general, en donde dicho artículo deja clara la diferencia entre elusión fiscal y defraudación fiscal o evasión fiscal, lo que es determinante para evitar que las autoridades enjuicien indebidamente a un contribuyente en un caso con posibilidad de pena de prisión, porque no se pudo distinguir una figura de la otra, considerando que por elusión fiscal no hay pena de prisión; el artículo 24, el cual introduce de manera expresa en el procedimiento fiscal ordinario el principio de buena fe en la actuación del contribuyente, de tal forma, que al igual que el principio de inocencia, se le dé el trato justo a un contribuyente señalado como supuesto evasor fiscal o defraudador del fisco por el mínimo de sus gestiones, entre otra serie de artículos pendientes de entrar en vigencia.

-¿Cuál es el tiempo prudencial para su entrada en vigencia?

-La verdad que el tiempo prudente, en nuestra opinión, ya pasó, toda vez que la entrada en vigencia debió ser en enero del año 2020, ya que el Delito de Defraudación Fiscal como hemos dicho, entró en vigencia desde principios del años 2019, y sobre todo que estos cambios, no implican el destino de nuevos montos presupuestarios, porque ya la administración tributaria cuenta con el Departamento de Defraudación Fiscal y el personal calificado para atender un 90% de los cambios propuestos por el nuevo Código de Procedimiento Tributario, y se ignoran  una serie de artículos que sólo requieren corrección como los literales c y d, numeral 1, del artículo 88 numeral 3 del artículo 89, el cual establece el plazo y cómputo de prescripción en atención al tipo de impuesto para levantar el informe en que la DGI fundamente una supuesta conducta dolosa en contra del Tesoro Nacional, ya sea por evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal, que actualmente, existe un vacío legal, ya que las normas que regulan la expedición de dicho informe están vigentes desde el 2019.

Por lo tanto, esto amerita esta corrección, además del plazo para imponer las sanciones incluyendo la evasión fiscal administrativa, ya que cuando fuera el caso de defraudación fiscal penal, aplicaran las normas del procedimiento penal judicial; (El artículo 89 se debe corregir agregando al numeral el literal d, y en el numeral 4, hacer referencia al numeral 3 del artículo anterior); así como la ausencia del artículo 107, que reconocen las reglas de la carga de prueba, tanto por alcances administrativo, como por asuntos de carácter doloso como la evasión fiscal administrativa o la defraudación fiscal penal; pendientes los artículo 129 y 130 ; ya que estos artículos son complementarios de los artículos  127 y 128 vigentes desde los tres meses de la promulgación del Código de Procedimiento Tributario, el cual es necesario para el correcto desarrollo del procedimiento mediante el cual pueden nacer los casos de posible evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal, y  no se introdujeron inicialmente para que complementaran la vigencia de los artículos 127 y 128 considerando que el resto de los artículos entraran en vigencia casi 6 meses después, pero nunca ocurrió.

También pendiente la corrección de los 20 días hábiles a que se refieren los artículos 127, 128, 208 y 209 del Código de Procedimiento Tributario.

 -¿Podría resultar Panamá afectada en su seguridad jurídica y atracción de inversiones?

-En lo personal pienso que sí, resulta afectada la seguridad jurídica y la atracción de inversiones, porque debemos recordar que otra de las razones para adoptar el nuevo orden de codificación tributaria basado en el modelo de Código Tributario elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y otros organismos internacionales, no sólo era el ajustarlo a la nueva realidad de vivir en un país con el Delito de Defraudación Fiscal tipificado en el Código Penal, sino además, para elevar la competitividad del país, ya que ante el ranking de los países que mejor facilitan realizar negocios o actividad comercial, específicamente en el rubro “servicios brindados desde la Administración Tributaria” Panamá no está bien posicionado, sobre todo,  en la medición de los tiempos, como el tiempo de devolución de impuestos, el tiempo en que se resuelven los conflictos, con una alta mora en resolver recursos de reconsideración, los tiempos en conceder exoneraciones, la falta seguridad jurídica por la consultas que se elevan a la DGI, entre otras deficiencias, que buscan corregirse con el nuevo Código de Procedimiento Tributario, que al posponerse de nuevo, manda un mensaje contradictorio a los inversionistas, y sobre todo a los contribuyentes nacionales que se les priva nuevamente de una relación fisco-contribuyente en verdadero plano de igualdad.

 -¿Cómo afectaría los procesos del país de adecuación a las normativas internacionales suspender casi año y medio la entrada en vigencia de este instrumento jurídico?

-En este aspecto, debemos aclarar que las adecuaciones a las normativas internacionales no se deberían ver afectadas, ya que recordemos que a los organismos internacionales, como el Gafi o la Ocde lo que le interesaba de Panamá, era por un lado, la tipicidad del Delito Fiscal, para que el mismo fuera conocido por un organismo más competente para este delito, como es el Ministerio Público en el contexto de la Asistencia Penal Internacional, y esto facilite la cooperación internacional en la lucha contra la evasión fiscal internacional y por otro lado, la adopción de Tratados o Mecanismos de Intercambio de Información Tributaria internacional, lo cual la DGI puede cumplir a cabalidad con Código de Procedimiento Tributario o sin Código Procedimiento Tributario, ya que si en el desarrollo de estas funciones se pudieran cometer abusos o arbitrariedades por parte de la DGI a sus contribuyentes nacionales o extranjeros, eso tiene sin cuidado al Gafi o a la Ocde.

Por eso es que siempre se manifestaba, a quienes se oponían a la adopción del delito fiscal y el intercambio de información tributaria internacional por ser presión de los organismos internacionales, que el Código de Procedimiento Tributario nada tenía, ni tiene que ver con la presión de organismos internacionales, y que en realidad es una lucha de hace muchos años de asesores tributarios y contribuyentes que entienden las ventajas y bondades del Código Tributario, basado en el modelo que recoge las buenas prácticas de lo que debe ser una relación fisco contribuyente, pero lastimosamente ante la falta de cultura y educación tributaria, el ciudadano común no comprende las ventajas y derechos que les ofrece este instrumento jurídico, y por otro lado, no podemos ocultar que existe un grupo de profesionales conocedores de la materia que son detractores de este instrumento, pero en especial porque sienten no obtuvieron el protagonismo que hubieren deseado en la elaboración del mismo.

Mitre Bethancourt también compartió los efectos más valiosos del Código, con énfasis en los artículos todavía suspendidos.

Son los casos del artículo 230, que establece cuáles son los bienes inembargables en los procesos de cobro coactivo de la DGI y fijaba paz y tranquilidad de los contribuyentes, entre estos bienes destacamos el patrimonio familiar tributario o la vivienda principal.

Artículo 258, que regula de manera más clara la facultad sancionadora de la DGI; artículo 260, principio de inocencia, seguirá ausente; artículo 261 reglas de tipicidad seguirá también ausentes;artículo 263, retroactividad de las normas más benignas al infractor; artículo 264 modalidades de extinción de las sanciones; artículo 265, sujetos infractores; artículo 266, cómplices de la evasión fiscal administrativa.

De igual modo, artículo 267 que excluye las opiniones de los profesionales de ser consideradas actuaciones de complicidad de delitos fiscales; artículo 268 responsabilidad subjetiva; artículo 269 eximentes de responsabilidad; artículo 270, seguridad jurídica de las infracciones; artículo 271,  regularización voluntaria de las sanciones; artículo 272, responsabilidad solidaria; artículos 274 y 275 agravantes y atenuantes de las sanciones; artículo 277, graduación de las sanciones.

El  artículo 280 que establece la clasificación de los tributos: se describe la diferencia entre, contravenciones, evasión, defraudación fiscal y economía de opción.

El especialista también hace referencia al artículo 294, el cual contempla desacato por atrasos en los envíos de expedientes desde la DGI al tribunal tributario, y las sanciones por asesorar elusión fiscal; artículos 380 y 381, garantías y derechos de los contribuyentes, así como la suspensión de los artículos que regulan el arbitraje tributario que nos ponen en la vanguardia de métodos alternativos de solución de conflictos y otorga competitividad al país, y se prolonga la designación de los jueces tributarios necesarios para descargar la mora de expedientes por conflictos.

Violeta Villar Liste
[email protected]
Capital Financiero

Más informaciones

Comente la noticia

Ver todas las noticias
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com