Tenemos que avanzar hacia la democratización del sistema eléctrico

Tenemos que avanzar hacia la democratización del sistema eléctrico
Como consecuencia de ello, hoy estamos muy lejos de aquellos días del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.| Cortesía

La verdad sea dicha, Panamá ha logrado grandes avances en materia de energía en los últimos 25 años. Y es que la reestructuración del sistema realizada durante la década de 1990 por la Administración del expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, ha permitido que sea la empresa privada la que lleve el peso de las inversiones en materia de generación y distribución de energía, mientras que el Estado pasó a ser el diseñador de las políticas públicas en esta materia, el garante de la transmisión de la energía desde los puntos de producción a los mercados de consumo y el Regulador del sistema, supervisando el desempeño del mercado y la atención al cliente.

Como consecuencia de ello, hoy estamos muy lejos de aquellos días del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (Irhe) en que el país vivía apagones fortuitos a cada momento o cortes del fluido eléctrico programados y sectorizados, que paralizaban la economía constantemente, todo ello producto de la falta de recursos estatales, no sólo para invertir en los proyectos de generación que necesitaba la nación, sino también en el mejoramiento y el mantenimiento de las líneas de transmisión y de las redes de distribución.

Hoy el país no sólo cuenta con un plantel de generación capaz de satisfacer el 100% de la demanda de energía, unos 1,500 megavatios (MW, por sus siglas en inglés), sino que en los últimos años hemos logrado diversificar nuestra matriz energética, incorporando un mayor número de fuentes de energía como la hídrica, la eólica y la solar, así como fuentes fósiles menos contaminantes y costosas como el Gas Natural Licuado (GNL).

De hecho, se estima que el 40% de la energía que consumimos los panameños proviene de las hidroeléctricas con que cuenta el país y que, en verano, cuando baja la producción de estas plantas, la energía generada en las plantas solares y eólicas hacen su mayor aporte al sistema, limitando al mínimo la producción de energía a base de carbón, diésel o coque.

Sin embargo, es evidente que el país necesita implementar una nueva ola de reformas al sistema de generación y distribución de energía no sólo para incorporar nuevas tecnologías que hagan más eficiente, limpia y económica la producción de energía o permitan optimizar las redes de distribución (mediante el desarrollo de redes inteligentes), sino también nuevos conceptos como la democratización del sistema energético, lo que debe culminar en una mayor participación ciudadana tanto en el diseño de las políticas públicas como en la producción de energía y la gestión de la red de distribución, tal como está ocurriendo hoy en día en países más avanzados que el nuestro, como Alemania.

Un ejemplo de la necesidad de iniciar un proceso de “Transición Energética”, como lo llaman los alemanes, es la situación que se ha registrado con los grandes clientes. Es cierto que la posibilidad de constituirse en gran cliente y contratar el suministro de energía directamente con un generador es un avance en el camino correcto, sin embargo, la aplicación de un aumento de 9.3% en la tarifa a este nicho de mercado envía un mensaje contradictorio a quienes invirtieron tiempo y recursos para optar por esta alternativa, en busca de una tarifa más baja, y que ahora deben asumir un aumento tarifario que desdibuja sus planes de reducir sus costos de operación.

Esta experiencia pone de manifiesto que Panamá, igual que el resto de América Latina, necesita abrir su sistema de generación y distribución de energía a la competencia, que debe democratizar el sistema de forma que tanto los grandes clientes como los consumidores particulares no sólo puedan elegir qué empresa le entregará la energía, sino también cuál planta de generación le despachará esa energía.

Igualmente, es importante que estas reformas permitan la incorporación de la energía distribuida al sistema, es decir, que cada ciudadano y empresa del país pueda utilizar fuentes renovables para generar energía no sólo para reducir su consumo, sino también para suministrar energía excedente al sistema, aportando energía limpia y barata a sus conciudadanos y ayudando a proteger el medio ambiente.

De hecho, en Alemania ya es factible comprar un panel solar, instalarlo en el techo de su vivienda o el balcón de su apartamento u oficina y conectarlo directamente al sistema, para reducir su consumo de la red energética, algo con lo que nosotros sólo podemos soñar en este momento, no por falta de tecnologías disponibles para hacerlo realidad, sino por falta de una estrategia que favorezca la participación ciudadana en la generación de energía.

Por supuesto, siempre habrá quien alegue la necesidad de contar con potencia firme que garantice la energía que necesita el país en momentos en que las fuentes renovables no pueden generar al 100% de su capacidad instalada, sin embargo, tengamos presente que esta situación está siendo superada por los avances que se registra en la tecnología de los sistemas de almacenamiento, diseñados precisamente para darle estabilidad a la generación sostenible.

Afortunadamente, todo parece indicar que el nuevo secretario Nacional de Energía, Jorge Rivera Staff, está comprometido en hacer los ajustes necesarios al Plan Estratégico 2050, diseñado por las administraciones anteriores, y corregir algunas fallas que pueden llegar a afectar negativamente el desarrollo del sistema de generación y distribución de energía, y que se manifiestan en una mala calidad del servicio en algunas zonas del país y en el constante crecimiento de las tarifas, por lo que se ha planteado la necesidad de revisar el tema.

Lo que se quiere, ha dicho Rivera Staff, es tener la posibilidad de tener comercialización independiente y precisamente son los grandes clientes el núcleo para generar esta actividad y señales como las que envía el régimen tarifario no son las que se quieren.

Pero, más allá de la voluntad del nuevo gobierno, es necesario tener presente que para construir una tarifa que constituya un factor de desarrollo para Panamá y no siga siendo un obstáculo para el crecimiento económico y social del país hay que democratizar el sistema, y que este cambio deberá ser bueno para todos los actores involucrados, pero siempre teniendo presente los mejores intereses del país y especialmente el de los consumidores.

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