Transacciones financieras demandan mayores requisitos

Nuevas medidas para evitar el blanqueo de capitales

Business 1

En Panamá, para realizar cualquier tipo de transacción financiera era imprescindible portar el documento de identificación personal (cédula), ya que con otro documento era imposible poder llevar a cabo el trámite bancario.

Pero, hoy los requisitos para ejecutar cualquier tipo de trámite en el sector financiero se han  incrementado, por lo  que ya no basta solo el documento de identificación personal, ahora a este requerimiento se añade la licencia de conducir, expedientes de cuentas  y  correspondencia comercial, destacó Julio Aguirre, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

Estas nuevas exigencias se fundamentan en la entrada en vigencia de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

La nueva legislación establece un sinnúmero de medidas preventivas, entre las que figuran el mantenimiento de registros, que obliga a las instituciones financieras que operan en el país a mantener, por un periodo de cinco años, todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales, para que las entidades puedan cumplir  con rapidez  las peticiones de información de las autoridades competentes.

Cabe resaltar que dichos registros deben ser suficientes para permitir la reconstrucción de las transacciones individuales (incluyendo los montos y tipos de monedas involucradas, de existir alguna) de manera tal que se ofrezcan evidencias, de ser necesario para el enjuiciamiento  de  personas involucradas en actividades criminales.

Aunado a esto las empresas  financieras deben conservar todos los registros obtenidos como copias o registros de la cédula, pasaporte, tarjetas de identidad, licencia de conducir o documentos similares, expedientes de cuentas y correspondencia comercial, incluyendo los resultados de los análisis realizados.

Por ejemplo, investigaciones preliminares para establecer los antecedentes y el propósito de transacciones complejas, inusualmente grandes, por un periodo de al menos cinco años luego de terminada la relación comercial o después de la fecha de efectuada la última  transacción comercial.

Aguirre señaló que el mayor riesgo será la debida diligencia que deben ejecutar los regulados.

Por ello, también es imprescindible que los regulados conozcan a  sus clientes y  su perfil transaccional, además de sus empleados y sus negocios, entre otros detalles que  servirán para crear un  perfil del riesgo,  y   asegurarse que las operaciones que éste ejecute se hagan con transparencia, explicó Alejandro Melo, sub director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Aseguró que en la medida que los regulados ejecuten la debida diligencia, estarán preparados para levantar cualquier reporte solicitado por las autoridades competentes,  como el caso de los fiscales, que están autorizado para ir directamente a la entidad financiera a solicitar las pruebas para la investigación de una posible actividad de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, entre otros delitos establecidos en la Ley 23.

Adicional a esto los fiscales pueden solicitarle a la UAF los  reportes de personas sospechosas que estén  bajo investigación, en los casos que el delito esté ligado al blanqueo de capitales. 

Karelia Asprilla
karelia.asprilla@capital.com.pa
Capital Financiero

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