Transnacionales obligadas a presentar informes financieros

Transnacionales obligadas a presentar informes financieros
La DGI evalúa la adquisición de la solución tecnológica que permita cumplir los trámites.| Cortesía

Las empresas multinacionales que no cumplan anualmente con el Reporte País Por País (CbCr, por sus siglas en inglés) o la notificación correspondiente, podrían ser objeto de sanciones entre $1,000 y $5,000, y cierre por dos días.

Las sanciones están contenidas en el artículo 756 del Código Fiscal de Panamá. También se establece que el incumplimiento repetido puede derivar en multas de $5,000 a $10,000 e incluso el cierre por 10 días, extensible a 15 días de persistir la infracción.

El pasado  27 de mayo de 2019 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo número 46 que establece el Marco Regulatorio País por País.

María José Luna, socia de Precios de Transferencia de la firma de consultoría Ernst & Young (EY), subrayó que “Panamá ha estado alineándose a los estándares internacionales en temas de tributación, con el objetivo de ser más transparente para el sector empresarial y ante los gobiernos del mundo”.

De hecho, en el referido Decreto, se recuerda que desde el 31 de octubre de 2016, el país es parte del Marco Inclusivo “para la implementación de las recomendaciones proporcionadas por los países del G20 y la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económicos (Ocde)”.

La Ocde, a través del proyecto Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (Beps, por sus siglas en inglés), adoptó una serie de acciones que propician que los sistemas tributarios del mundo se ajusten a principios comunes basados “en la transparencia, sustancia, la justa y la libre competencia” e incluso procuran impedir la tributación cero.

El proyecto Beps establece 15 acciones. La número 13 se denomina Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país y justo es este Reporte el objeto del Decreto Ejecutivo número 46.

Luna precisó que el espíritu de la Acción 13 se orienta a que se muestre a las administraciones tributarias, “a través de la documentación y reportes, dónde se genera el valor, dónde están los riesgos y demostrar que las operaciones con entidades relacionadas de los grupos multinacionales en el exterior no están erosionando la base imponible ni trasladando utilidades” y buscando darles  visibilidad a las operaciones en cada país donde operan los grupos multinacionales.

El Decreto 46, en su Artículo 2 (obligación de presentar el Reporte País por País), conforme a la Acción 13, detalla que “toda casa matriz última de un grupo multinacional que tenga ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros, o su equivalente a balboas a la tasa de cambio a enero de 2015, en un periodo fiscal y que resida para efectos fiscales en Panamá, estará obligada a presentar anualmente el Reporte País por País”.

Este Reporte (detallado en el Artículo 4), debe tener información sobre ingresos, ganancias o pérdidas antes de impuestos, capital declarado, utilidades retenidas, número de empleados, entre otros aspectos.

Luna aclaró que si la empresa residente panameña, perteneciente a un grupo multinacional, no es la casa matriz última, no elaborará el Reporte, pero sí “notificará a la Dirección General de Ingresos (DGI) la identidad, la residencia fiscal de la entidad informante, así como el periodo fiscal que utiliza el grupo multinacional respectivo”.

La experta de EY reconoce que la publicación del Decreto en el mes de mayo genera un lapso estrecho para declarar porque el primer Reporte, “será exigible con respecto al periodo fiscal 2018 y deberá presentarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del cierre del periodo fiscal correspondiente”.

Luna aclaró que ni el Reporte ni la notificación generan pago de impuestos. El espíritu del proyecto Beps es lograr que los países signatarios, y sedes de los grupos multinacionales, compartan la misma información “otorgando a las administraciones tributarias información relevante para identificar riesgos, destinar mejor sus recursos y conducir sus fiscalizaciones de forma más eficiente”.

La experta dijo que las acciones de Beps no generan pérdida de competitividad para Panamá, ya que la mayoría de las economías más activas del mundo aplican idéntico estándar “y más bien el inversionista puede sentir mucha más seguridad de trabajar en un país que aplica las mismas reglas del juego”.

El Artículo 5 del Decreto Ejecutivo precisa que se presentará en formato XML Schema, “siguiendo las regulaciones y guías que para tales efectos defina la DGI y en el portal que ésta establezca, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo fiscal correspondiente”.

Publio de Gracia, director general de la DGI, a solicitud de Capital Financiero, informó que en la actualidad “evalúan las propuestas para la adquisición de la solución tecnológica que permita el reporte a la DGI en esta materia”.

Violeta Villar Liste
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

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