Un acto irresponsable y criminal

Un acto irresponsable y criminal

Todos los ciudadanos tienen derecho a protestar, ya sea para defender nuestros derechos o para repudiar las acciones de particulares o del Estado

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A estas alturas es irrelevante tratar de determinar por qué el país se ha visto sumido en una virtual epidemia de influenza tipo A H1N1.

Con un aeropuerto internacional que mueve más de 15 millones de personas al año, es factible que la influenza que hoy nos afecta haya llegado procedente de algún país de Suramérica donde esa enfermedad está haciendo estragos como Brasil o Venezuela.

Es posible que la infección llegara a Panamá con los migrantes cubanos, cuyo tránsito a Estados Unidos (EE.UU.) se vio truncado temporalmente obstaculizado por la decisión, primero de Nicaragua y después de Costa Rica, de cerrar sus fronteras, pero que el presidente Juan Carlos Varela, alegando razones humanitarias, les dio albergue durante meses, hasta que se pudo establecer un puente humanitario que facilitó su viaje vía aérea a México para que luego pudiesen ingresar por tierra a su destino soñado.

También es posible que sea simplemente una consecuencia de la llegada de la estación lluviosa, que regularmente trae consigo un aumento estacional de enfermedades como la gripe y la influenza, así como de los padecimiento propagados por el mosquito Aedes Egypti como el dengue, el chicungunya y ahora el virus del Zyka.

La realidad en todo caso es que el país afronta una grave crisis de salud pública ya que hasta el momento la influenza A H1N1 ha cobrado la vida de 22 personas (cifra que podría crecer antes que esta edición de Capital Financiero vea la luz este lunes 20 de junio), mientras que cientos de personas hospitalizadas y miles están o han padecido la enfermedad.

Esta enfermedad ha llevado a las autoridades educativas a suspender las clases en un gran número de colegios y miles de padres de familia han optado por no enviar a sus hijos a clases, ya sea porque se encuentran enfermos o por temor a que se enfermen, tomando en cuenta la alta letalidad que se ha presentado en esta ocasión.

Se trata pues de un escenario sumamente complejo y que requiere del trabajo diligente y la buena fe de todos los profesionales que laboran en el sector salud. Es pues un escenario en el que las amenazas de huelga de los técnicos de la salud, en demanda de que se haga efectivo un aumento salarial que ha sido objeto de una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia, no solo es irresponsable, sino también criminal.

Todos los ciudadanos tienen derecho a protestar, ya sea para defender nuestros derechos o para repudiar las acciones de particulares o del Estado que a nuestro juicio generan algún tipo de perjuicio para el país. Sin embargo, aprovechar una crisis de salud para tratar de forzar al Ejecutivo a intervenir en los asuntos del rgano Judicial es un acto que carece de toda legitimidad democrática y que raya más bien en el chantaje descarado.

Nadie puede dudar de la importancia que tienen los técnicos de la salud en nuestras clínicas y hospitales públicos, sin embargo, su lucha por un mejor reconocimiento económico a sus esfuerzos choca con una barrera natural y es que por el nivel técnico de sus estudios sus emolumentos no se pueden, ni deben, equipararse al de las enfermeras y auxiliares de enfermería que han cursado estudios de licenciatura.

Se trata de un hecho difícil de aceptar para cualquiera, porque el ser humano es egoísta y le cuesta admitir que sus reclamos carecen de fundamento. Pero la realidad es que los miles de pacientes que hoy están afectado por la influenza A H1N1 no tienen la culpa de ello y por tanto sería injusto y criminal que cualquiera de ellos llegue a perder la vida si los técnicos de la salud optan por realizar medidas de fuerza para tratar de alcanzar un aumento salarial que los ubicaría en el mismo rango que a los profesionales que han cursado estudios de licenciatura.

Por ello las autoridades de salud, y especialmente el nuevo ministro de esa cartera, Miguel Mayo, deben estar atentas ante cualquier intento de desestabilizar la atención al público en un momento tan crítico como el que vivimos actualmente y para adoptar las sanciones correspondientes en caso de que se termine por afectar la salud de los ciudadanos, lo que incluye la presentación de las denuncias penales correspondientes para quienes abandonen sus puestos de trabajo y provoquen, directa o indirectamente, la muerte de algún paciente.

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