Un acuerdo que era de esperarse

Un acuerdo que era de esperarse

Asamblea

En política no hay sorpresas, sino sorprendidos, reza un adagio popular. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en el caso del proceso abierto por la Asamblea Legislativa contra el Magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, pudo haber dejado perplejos a un gran número de personas que seguramente esperaban que en esta ocasión, el imputado fuera a parar con sus huesos en la cárcel, como habían exigido públicamente varios voceros de organizaciones de la sociedad civil, en nombre del pueblo panameño.

Es comprensible que un acuerdo en el que la sanción de privación de libertad se limita a 60 meses y en donde solo se incautan algunas propiedades y no las cuentas bancarias que por alguna razón se vieron vinculadas al proceso puede generar malestar e incluso disgusto en quienes consideran que Moncada Luna merece una pena mayor.

Sin embargo, al valorar este caso hay que tener presente que aun cuando el proceso contra el todavía magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia se ha dado dentro del marco del sistema penal acusatorio, es también, y sin duda alguna, un proceso político pues si el expediente seguía su curso y las investigaciones del fiscal, Pedro Miguel González, eran acogidas como buenas por las jueces de garantía, sería el pleno de la Asamblea Legislativa a quien le correspondería determinar la inocencia o culpabilidad del imputado.

En este contexto y atendiendo al principio de economía procesal, como lo ha admitido el fiscal González, acepta un acuerdo en el que Moncada Luna se reconoce culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputaban y accede a devolver algunos de los bienes que de acuerdo con la investigación fueron adquiridos de forma inapropiada o por lo menos de manera dudosa.

Es evidente que el acuerdo alcanzado era de esperarse pues no habría sido nada inteligente por parte de Moncada Luna someterse por más tiempo al escarnio, mientras que para González tratar de obtener en el pleno los votos necesarios para condenar al imputado, dos tercios de los 71 votos existentes, habría sido una especie de salto al vacío como bien lo han definido algunos abogados de la localidad.

No obstante, los panameños, que siempre tendemos a ver el vaso lleno o vacío, debemos valorar positivamente la aceptación de culpabilidad del señor Moncada Luna y aprender que los avances de los procesos de fortalecimiento institucional y de lucha contra la corrupción, como el que experimentamos en este momento en el país, se dan con pequeños pasos y victorias parciales, pues los delitos de cuello blanco no siempre son fáciles de investigar y sancionar.

Hace 10 o 5 años habría sido impensable que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia hubiese sido sometido a un proceso penal y menos que aceptaría una sanción de 60 meses de privación de la libertad.

Ciertamente hace falta mucho camino por recorrer para poner fin a la corrupción, pero hay que recordar que se trata de un fenómeno social difícil de erradicar en Panamá, Estados Unidos, España, China, Japón y cualquier otra parte del mundo, pero lo importante es que ya estamos dando los primeros pasos y que el mensaje para quienes hoy ocupan cargos públicos es muy claro: Los panameños ya no toleramos más la corrupción y estamos dispuesto a perseguirla y sancionarla, caiga quien caiga. 

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