¿Un déficit de más de $800 millones?

Marianela Palacios

Capital

Valiéndose de la emergencia nacional declarada por el Gabinete tras las inundaciones de finales de 2010, el ministro Alberto Vallarino pidió a la Asamblea una dispensa que le permita exceder este año el tope de déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal.

En otras palabras, solicitó permiso para endeudar al país más de lo originalmente previsto.

Conforme a lo dispuesto en esa ley, el balance fiscal de Panamá podía tener un déficit de hasta 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011, pero con la dispensa puede alcanzar ahora hasta 3% del PIB, lo que en términos nominales representa más de $800 millones.

De llegar a ese tope, el 2011 pasará a la historia como el año con el hueco fiscal más grande registrado por Panamá en el siglo XXI. Al menos, por ahora.

Esperamos que la deuda pública no se agigante tanto este año, que esa dispensa no le haga olvidar a las autoridades la necesidad de mantener la disciplina fiscal y controlar mejor el gasto público, y que la proporción deuda-PIB siga en descenso.

En los 20 primeros meses de este gobierno, el saldo de la deuda panameña ha crecido más de $1.000 millones. Pero con un tope de déficit de hasta 3%, el incremento puede ser mayor al cierre de este año.

Lo cierto es que, a pesar del fuerte crecimiento económico y del fortalecimiento de los ingresos que vino tras la reforma tributaria, esta administración se ha endeudado en términos nominales a un ritmo mayor que cualquiera de las anteriores: Más de $500 millones por año.

Cosa que, por cierto, proyectó

Capitalal inicio de este gobierno. Y vale la pena resaltar que esa proyección fue categóricamente rechazada por el Ministerio de Economía y Finanzas por considerarla alarmista, pero hasta el momento se ha cumplido al pie de la letra.Es cierto que el aumento de la deuda ha obedecido principalmente al ambicioso plan de inversiones públicas, pero también es cierto que la burocracia estatal, en lugar de reducirse, ha seguido en aumento, y que una buena parte de la expansión del gasto tiene que ver no sólo con nuevos subsidios, programas sociales y alzas salariales por leyes especiales, sino con gastos de funcionamiento injustificados, consultorías millonarias y contrataciones directas.

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