Un discurso limitado

VARELA

Si existe un evento que puede marcar el rumbo del país, después de la toma de posesión del mandatario de turno este es sin duda alguna el discurso en el que tras la elección anual de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados el presidente de la República hace un balance de su actuación durante los últimos 12 meses y define los derroteros a seguir para el país en los siguientes 12 meses.

Este discurso se conoce en Estados Unidos como El estado de la Nación, porque cada presidente de ese país aprovecha la oportunidad de presentar sus iniciativas no solo ante los miembros del primer rgano del Estado, que es el Congreso, sino también a todos los ciudadanos, evaluando lo actuado durante un año de gestión para destacar los logros alcanzados y establecer una hoja de ruta, tanto en lo económico como en lo político, a fin de facilitar el alineamiento de las fuerzas sociales en torno a las iniciativas que impulsará el Ejecutivo el siguiente año.

No obstante, en Panamá el valor de este evento anual se ha perido paulatinamente, en la medida en que los mandatarios centran su discurso en hacer un análisis de la coyuntura política que vive el país, en lugar de mostrar fehacientemente los avances que ha registrado su gestión para dar respuesta a los problemas reales que enfrenta la población y definir claramente sus metas en esta materia para el siguiente año.    

Por ello no es de extrañar que en su comparecencia anual ante la Asamblea Nacional de Diputados el presidente de la República, Juan Carlos Varela, haya señalado tajantemente: No vengo a hablar de logros, centrando su intervención en una profunda explicación sobre su visión de la administración pública y el ejercicio del poder, al afirmar que el país cuenta con un gobierno comprometido con la transparencia, respetuoso de la separación de poderes, la libertad de expresión y los derechos humanos, es decir, un gobierno basado en el diálogo y en la búsqueda de consensos, cuya única razón de ser es servir al pueblo panameño.

Todo eso es positivo, sin embargo, quizás habría sido de mayor provecho para el país escuchar cómo piensa el Ejecutivo afrontar los problemas económicos y sociales que aquejan a la mayoría de los panameños, como el aumento del costo de los productos de primera necesidad que no forman parte de los 22 alimentos cuyo precio están controlado, el aumento de la violencia y la inseguridad pública, la falta de insumos y medicamentos en la mayoría de los hospitales públicos, la mora quirúrgica de la Caja de Seguro Social, la inminente crisis actual del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de esa entidad y la crisis que vive la educación pública en todos sus niveles, incluyendo el universitario.

De hecho, entre las pocas cifras que mencionó el presidente en su discurso destacan una inversión de $95 millones en el sector agropecuario con el objetivo de incentivar la producción local de alimentos y la reducción de un  25% en el número de homicidios que se registran en el país. Sin embargo, la realidad es que durante el primer trimestre de 2015 el valor agregado del sector agropecuario, en lugar de crecer, registró una caída de 0,6%, mientras por otro lado, los ciudadanos claman por una mayor presencia policial en las calles para frenar la ola de hurto, robos, homicidios e incluso de femicidios que golpea, ya no solo a los barrios populares o las ciudades de Panamá y Colón, sino a todas las comunidades del país.

Pero en lugar de explicar cómo está y seguirá respondiendo a las demandas de la población, el primer mandatario del país aprovechó la ocasión para anunciar un ajuste salarial de $110 mensuales para las unidades de la fuerza pública y un  aumento del salario mínimo en las entidades públicas hasta $500 mensuales. Aunque no mencionó nada sobre la necesidad de que empresarios y trabajadores definan el salario mínimo que habrá de regir en el país a partir de 1 de enero de 2016.

A lo que hay que agregar, que tal como ha ocurrido con sus predecesores, luego de prometer la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para dotar al país de un nuevo pacto social, ahora desde el poder, el presidente Varela considera que no es el momento indicado para hacerlo.

En resumen, el discurso del presidente Varela para evaluar su primer año de gestión y definir la hoja de ruta para el segundo  año fue bastante limitado y no ha ayudado a los ciudadanos, ni al sector privado, a tener claridad y confianza respecto al futuro del país. 

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