Un error que traerá graves consecuencias

Un error que traerá graves consecuencias

 El cliente canceló la totalidad del capital y los intereses adeudados a la CA, por lo que esa entidad bancaria ha admitido públicamente que no sufrió ningún perjuicio

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Sin querer entrar en el fondo del asunto en términos legales, la decisión del Ministerio Público de abrir un proceso penal por supuestos actos de corrupción en el otorgamiento de una línea de crédito contra el ex presidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros (CA), Riccardo Francolini,  y otros ex miembros de ese cuerpo colegiado, entre ellos Eleonor Samudio de Ávila y el director de Noticias de la emisora Next Tv y la emisora radial KW Continente, Fernando Correa, sin duda alguna podría terminar convirtiéndose en un precedente nefasto para la banca estatal, que traería consecuencias negativas para el país.

Lo primero que hay que señalar es la necesidad de que la actuación del Ministerio Público en este caso se apegue a Derecho y de que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia de todos los implicados.

No obstante, es importante acotar que la CA, como el resto de los bancos que operan en la plaza panameña, es regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y además está regida por su propia Ley Orgánica. También es importante tener presente que sus Estados Financieros, que son de dominio público, fueron auditados por la prestigiosa firma de consultoría económica KPMG, que dio fe de que para el período 2009-2014 se cumplieron con los niveles de liquidez, solvencia y adecuación de capital exigidas por las normas bancarias, incluyendo las provisiones crediticias.

En segundo lugar, hay que tener presente que la transacción que es objeto de las investigaciones por parte del Ministerio Público fue una línea de crédito por $20 millones aprobado por la Junta Directiva a favor de la empresa HPC-Contratas-P&V, que originalmente ganó la licitación para la construcción del Centro de Convenciones Amador por un valor de $197 millones, financiamiento que aparentemente cumplió con todos los procedimientos exigidos por la Ley, así como los usos y costumbres que caracterizan el negocio bancario.

Por ejemplo, es un hecho público y notorio que este préstamo contó con la garantía de un terreno valorado en $24 millones, es decir, $4 millones por encima del valor de lo adeudado. A lo que hay que agregar que en su momento, el cliente canceló la totalidad del capital y los intereses adeudados a la CA, por lo que esa entidad bancaria ha admitido públicamente que no sufrió ningún perjuicio.

Lo tercero es que ni los directivos de la CA ni los miembros de su Junta Directiva, ni de ningún banco, pueden ser considerados como responsables del destino final que un cliente de a los fondos una vez le es otorgada una facilidad de crédito, ya que su labor es garantizar que el proceso de otorgamiento de ese crédito cumpla con los requisitos establecido en la Ley Orgánica de esa entidad y las normas bancarias, incluyendo contar con las garantías necesarias para recuperar dichos fondos en caso de incumplimiento por parte del cliente.

Vale la pena acotar que la Junta Directiva de la CA está facultada para aprobar todo tipo de operaciones de crédito, hasta un máximo de aproximadamente $65 millones, que equivale al 25% del capital del banco, que es el límite establecido por la SBP. Además, la Ley Orgánica dispone que la CA puede otorgar todo tipo de préstamos, con la única limitante que debe destinar el 33% de las utilidades netas del banco al financiamiento de viviendas de interés social, algo que siempre se ha cumplido.

Ahora entremos al fondo del problema. Este es que la actuación del Ministerio Público, sin importar cuál sea el resultado final de este proceso, seguramente tendrá un impacto negativo para la banca estatal y para un gran número de entidades públicas, porque llevará a muchos ciudadanos con los conocimientos y la experiencia necesaria para formar parte de sus Juntas Directivas a rechazar cualquier posibilidad de participar en las mismas, ya que sus actuaciones podrían ser objeto de acciones penales en el futuro, sin importar si estas se dieron de buena fe y cumpliendo con los procedimientos establecidos legalmente.

Se trata de un riesgo que para muchos no valdrá la pena, ya que ser miembros de una Junta Directiva de cualquier entidad estatal, incluyendo la CA, no conlleva el pago de emolumentos, sino de una dieta por reunión, dieta que por muy alta que sea jamás podrá pagar la pérdida del prestigio profesional acumulado y el escarnio público al que serían sometidos si el Ministerio Público presume la existencia de alguna irregularidad en sus actuaciones o  que lo actuado supone un riesgo para supuestos fondos estatales.

Ante esta situación urge que la SBP, entidad que regula la actividad bancaria en el país, se pronuncie sobre la competencia o no del Ministerio Público para investigar el supuesto riesgo que pueden conllevar las operaciones de crédito en la banca estatal.

No obstante, para evitar que esta lamentable situación se vuelva a repetir, es imperioso que el país abra un debate que permita reevaluar el marco legal en el que operan los bancos estatales, especialmente los que  participan en el mercado con licencia general, como son el Banco Nacional de Panamá  (BNP) y la CA, y explorar la posibilidad de convertirlos en sociedades anónimas que operen amparados en las normas del derecho privado, aun cuando el 100% de sus acciones sean propiedad del Estado panameño.

Se trata de una figura que ya existe y bajo la cual operan la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), Tocumen, S.A. y la Empresas Nacional de Autopistas (ENA), por lo que solo habría que adecuarla a las particularidades de la banca para darle una salida a la situación generada por las acciones del Ministerio Público.

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