Un perjuicio que hay que sancionar

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En múltiples artículos publicados en esta columna he sido enérgico al advertir que la búsqueda de justicia no debe ser una excusa para no respetar la presunción de inocencia y garantizar el derecho a la legítima defensa de aquellos que resulten ser señalados por las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

Sin embargo, mi apego a las normas democráticas que deben regir los procesos judiciales no implica, bajo ninguna circunstancia, que este servidor tenga la más mínima intención de respaldar los actos de corrupción por los que están siendo procesados un gran número de funcionarios de alto y no tan alto perfil de la administración del ex presidente Ricardo Martinelli.

Por ejemplo, para mí es sorprendente e inaceptable el reciente informe emitido por la Contraloría General de la República  la venta de granos al Programa de Ayuda Nacional (PAN), en el cual se determinó un perjuicio económico al Estado por $12,31 millones.

El documento destaca que sin que mediara solicitudes previas relacionadas con el desarrollo de los proyectos sociales, ni se evidenciara el destino final de los productos, la Dirección Ejecutiva del PAN realizó pagos a proveedores para el suministro y distribución de granos por la suma de $9,27 millones.

Se trata de un acto que no solo atentó contra las arcas públicas sino también contra la seguridad alimentaria de la mayoría de los ciudadanos, porque estos precios inflados sin duda marcaban en alguna medida el techo al que algunos comerciantes inescrupulosos vendían estos granos, básicos en la dieta del panameño común, lo que explica las altas tasas inflacionarias que caracterizaron la gestión del ex presidente Martinelli y el alza desmesurada que experimentó el costo de la canasta básica familiar.

Ciertamente los primeros que debe responder ante la justicia por esta lesión son precisamente quienes en su calidad de funcionarios públicos incumplieron con el sagrado deber de velar por los mejores intereses del país y custodiar, como lo haría un buen padre de familia, el patrimonio de la nación. Sin embargo, no hay que olvidar que para bailar tango se necesitan dos personas y que los empresarios que inflaron los precios de los productos que adquiridos por el PAN, ya sea para enriquecerse ellos mismo o para pagar coimas a quienes les otorgaron esos contratos chuecos, también deben enfrentar a la justicia en este caso.

La sanción de estos actos debe ser ejemplar y su cumplimiento implacable, porque el país debe enviar un mensaje claro a todo aquel que hace negocios con el Estado y es que no se habrá de tolerar, bajo ninguna circunstancia, esta suerte de estafa a las entidades públicas.

Hitler Cigarruista
hcigarruista@capital.com.pa
Capital Financiero

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