Un presupuesto para reactivar Panamá

Un presupuesto para reactivar Panamá

El presupuesto constituye la piedra angular de la política fiscal de un país. Esta ley encuadra los ingresos y los gastos del gobierno, y contabiliza la diferencia que requiere de financiamiento (es decir, el déficit). Además, autoriza los gastos en materia de capital humano y físico para cada una de las entidades del Estado, particularmente aquellas en el Sector Público No Financiero (Spnf), que incluye el gobierno central, la Caja del Seguro Social (CSS), empresas y agencias públicas varias.

En 2019, los $19,500 millones que efectivamente se presupuestaron representaron alrededor de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por consiguiente, su diseño y programación para el 2021 son clave para sostener los esfuerzos de recuperación económica que encabeza el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

El vocablo se explica por sí sólo: El presupuesto parte de “supuestos” razonables, particularmente sobre el comportamiento de los ingresos.

Estas entradas, a su vez, se derivan de la actividad económica en general. El anteproyecto de presupuesto del 2021, de manera conservadora, estima una contracción del 9% para este año y un crecimiento de 4% para el próximo año, línea base para las proyecciones de ingresos, gastos y el déficit a financiar.

En efecto, empresas y gremios locales como Indesa, la Cámara de Comercio de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), así como entidades internacionales como Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Bank of America y Moody’s Inverstors Service en promedio estiman una contracción de 8% para este año, y repuntes para el 2021 que oscilan entre 4% y 5%.

Esta contracción afectará los recursos que estarán disponibles para el gobierno central. Para el 2021, se estima la recaudación de ingresos corrientes en casi $7,000 millones, un 17% por debajo de lo recaudado en el 2019, niveles similares a los experimentados en el 2014. Esto constituye un retroceso de siete años a causa de las secuelas del coronavirus (COVID-19).

Por eso, el anteproyecto que presentó el ministro Héctor Alexander ante la Asamblea Nacional de Diputados justifica una programación de gasto mesurada, prudente y balanceada en materia operativa y de inversión.

Así, el aumento en el gasto en servicios personales (por el orden de $202 millones) es explicado totalmente por leyes especiales que otorgan aumentos salariales a funcionarios del Ministerio de Seguridad (Minseg) por el orden de los $75 millones, la CSS por $62millones, el Ministerio de Educación (Meduca) por $29 millones, el Órgano Judicial por $16 millones y otras entidades por $20 millones.

También aumentan los gastos en intereses, el precio de hacerle frente temporalmente a estos compromisos mientras dure esta crisis.

Estas obligaciones son ineludibles y constituyen una fuente de inflexibilidad presupuestaria. No obstante, el presupuesto reduce los gastos en servicios no personales en $281 millones, por ejemplo, en viáticos baja en $55 millones, pero aumenta la inversión pública en $240 millones, esto con el fin de balancear aspectos de austeridad con un gasto de capital que inyecte recursos al país cuando más se necesitan (especialmente en inversión física, que representa poco más de un tercio del total de $6,200 millones).

Esto último merece algo más de detalle. Una de las publicaciones insignia del Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que por cada $1.00 que se invierte en capital, se generan en promedio $4.00 adicionales de crecimiento. Esto se conoce como el efecto multiplicador de la inversión, y es un aspecto clave para sostener la recuperación económica.

No obstante, el presupuesto también calibra la inversión con la ejecución histórica, y por tanto se canalizaron mayores recursos a entidades con buen desempeño en la gestión específica de proyectos.

 

Vista la caída en los ingresos, el gobierno central financiará poco más del 90% del déficit del Spnf con recursos de crédito. El déficit del Spnf se estima en $4,700 millones, un 7% del PIB. No obstante, esta cifra está un punto porcentual por debajo del promedio de las economías avanzadas, emergentes y en desarrollo (déficits que oscilan alrededor de un 8% del PIB, de acuerdo con los informes del FMI). Si mantenemos esta política, balanceando una política de inversión anti-cíclica (que invierta más en tiempos de crisis) con un manejo conservador (que mantenga déficits prudentes), podremos sobrellevar lo más agudo de la pandemia y mantener nuestro buen crédito a nivel internacional.

Las tasas de interés están en mínimos históricos, y la programación prudente de los ingresos y egresos del Estado contribuye a que la prima de riesgo de la deuda panameña (por encima de sus pares) regrese gradualmente a niveles normales. Esto facilita nuestro acceso a la liquidez que ofrecen los mercados internacionales.

Sin embargo, el gasto público no tendrá el mismo rol en el crecimiento económico a futuro. Panamá sufrió un desgaste en un modelo económico que desatendió temas medulares como el gasto social. La prioridad ahora es fortalecer paulatinamente el clima de inversión, que impulse la generación de empleo en el sector privado.

Por eso es necesario mantener el buen crédito del país. Además, a pesar que el COVID-19 reorientó las estrategias a corto plazo en el Plan de Gobierno, tanto la educación como la salud continúan siendo inversiones de prioridad por sus altas tasas de rentabilidad social, que impactan directamente el capital humano y la calidad de vida de la población. Así, 15% del presupuesto ($3,600 millones) se volcarán al sector salud, y un 12% ($2,900 millones) se facilitarán para la educación.

Las prioridades del presidente Cortizo y su equipo ante el COVID-19 siguen siendo resistir los embates del virus mientras no tengamos cura. También enfrentar de manera mesurada, prudente y balanceada los choques adversos a la actividad económica, empleo y pobreza mediante políticas públicas que promuevan la inversión y generen crecimiento.

Además, buscan fortalecer la recuperación económica y laboral apoyando sectores transversales, como lo son las micro, pequeñas y medianas empresas, y enclaves estratégicos como el agro, la logística y el sector bancario. Más importante, ser solidarios con las poblaciones vulnerables afectadas por las secuelas económicas de la crisis sanitaria. El anteproyecto de presupuesto de 2021 cumple este cometido, y en medio de una situación difícil, proporciona estabilidad y sostén a la economía naci

Eloy Fisher
Doctor en economía y secretario general
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

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