Un proceso que debe replicarse

Un proceso que debe replicarse
El resultado inmediato ha sido una aceptación casi unánime de las designaciones| Archivo

No hay ninguna duda que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sorprendió a propios y extraños al anunciar los nombres de las nueve personas que fueron designadas por el Consejo de Gabinete para ocupar los cargos de magistrados principales y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, no sólo por haber seleccionado a personas con los conocimientos y la experiencia necesaria para desarrollar una buena labor en esos cargos, sino también por la forma como se llevó a cabo el mismo proceso de selección.

El mandatario dio a conocer el pasado lunes los nombramientos de Maribel Cornejo Batista, María Eugenia López Arias y de Carlos Alberto Vásquez Reyes para magistrados principales para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y también de otros seis magistrados suplentes de ese máximo tribunal de justicia.

Para la selección de los tres designados como magistrados principales, y de los designados como magistrados suplentes, se conformó una Comisión Especial Evaluadora integrada por 11 personas que entrevistó a 123 aspirantes a magistrados principales y suplentes. Dicha Comisión Evaluadora estuvo conformada por representantes de los decanos de Derecho de las universidades del país; del Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Ejecutivo, Judicial, Legislativo, un representante del sector obrero, otro de los gremios empresariales y de la Defensoría del Pueblo. Un miembro del Comité Ecuménico participó como observador del proceso.

La Comisión Evaluadora le remitió posteriormente al Órgano Ejecutivo otra lista más reducida de 32 candidatos, un total de 21 aspirantes para la Sala Penal y 11 para la Sala Contencioso Administrativo.

Además, el Ejecutivo contrató los servicios de consultores estratégicos y una empresa privada dedicada a la búsqueda de ejecutivos de alto perfil (head hunter) que se encargaron de aplicar a los candidatos una evaluación psicométrica con pruebas de alta tecnología, además de pruebas de razonamientos críticos para conocer las actitudes de trabajo.

Se trató de un proceso metódico que ha permitido al presidente Cortizo cumplir con su obligación constitucional de designar a los magistrados principales y suplentes de la CSJ y con su promesa de campaña de hacerlo atendiendo a los parámetros establecidos en el Pacto de Estado por la Justicia, pero aplicando los mismos procedimientos con que las grandes multinacionales reclutan a sus ejecutivos, en lugar de que primara el interés político y/o el amiguismo, que es como hasta ahora se había designado a las personas en tan importantes cargos.

El resultado inmediato ha sido una aceptación casi unánime de las designaciones, siempre hay quienes ejercen su derecho a opinar objetándolo todo, entre los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo gremios empresariales, profesionales del derecho, partidos políticos y organizaciones sindicales y sociales.

Y la pregunta que debemos hacernos es si esta metodología, tomando en cuenta los resultados y la aceptación de la población, podría replicarse a la hora de designar no sólo a los magistrados de la CSJ, sino también a aquellas personas que ejercen cargos importantes dentro de la estructura gubernamental.

Por ejemplo, sería interesante aplicar este proceso de selección a la hora de designar a figuras como Contralor General de la República o como Defensor del Pueblo, de forma que nos aseguremos que los candidatos al cargo realmente cuenten con las competencias y conocimientos necesarios para desempeñar su labor de forma eficaz y teniendo como eje rector los mejores intereses del país.

Este proceso también sería especialmente útil al momento de designar a las personas encargadas de sociedades anónimas estatales como Tocumen, S.A., la Empresa Nacional de Autopistas, S.A., Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), el Metro de Panamá y MetroBus, S.A., que requieren de personal altamente especializado y con las habilidades que exige el siglo XXI en todas sus líneas de ejecutivos.

Finalmente, esta metodología podría ser un paso en la necesaria ruta a la profesionalización del servicio público, en donde ya es hora que los aspirantes a ocupar cualquier posición en las entidades estatales y municipales, se sometan a exámenes psicométricos, pruebas de conocimiento y pruebas de oposición, de forma que el país tenga a su servicio el mejor talento posible, lo que requiere no sólo salarios más competitivos en las entidades gubernamentales, sino también el respeto a la permanencia de quienes lleguen por esta vía a sus cargos.

Editorial
Capital Financiero
Edición 964
Del 2 al 8 de diciembre de 2019

 

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