Un tema que debe ser discutido a profundidad

Un tema que debe ser discutido a profundidad
El aumento a los jubilados y pensionados,  debe ser entendido como parte de la grave situación que atraviesa el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social | Archivo

La decisión de los diputados de aprobar una Ley para aumentar los emolumentos que reciben mensualmente los jubilados y pensionados, atendiendo a que muchos de ellos tienen ingresos por debajo de lo que necesitan para vivir decorosamente, es como tratar de poner una vendita adhesiva en una herida grave.

Tal como advertimos, en el editorial de la Edición 909 de Capital Financiero, este tema, el aumento a los jubilados y pensionados,  debe ser entendido como parte de la grave situación que atraviesa el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) que, según un estudio del economista Felipe Argote, verá desaparecer las reservas del subprograma de beneficio puro para el año 2025, fecha en la que se tendrá que enfrentar un déficit de $237 millones, el cual crecerá exponencialmente en los años subsiguientes para alcanzar los $11,704 millones en el año 2032.

Lo anterior nos dice que se trata de un problema que requiere de una solución más integral y compleja, que por tanto no se agota con simplemente aprobar incrementos de $60.00 para los jubilados que reciben una pensión de $500.00 o menos, de $45.00 para quienes devengan entre $501.00 y $1,000.00 mensuales y de $35.00 a quienes devengan una pensión de entre $1,001.00 y $1,500.00 mensuales“.

Peor aún si se pretende sustentar esos incrementos mediante el establecimiento de dos nuevos impuestos: Uno de 7% a las remesas panameñas a beneficiarios en el extranjero y otro de 5% sobre las ganancias netas anuales de las máquinas tragamonedas y de los centros de apuestas en casinos y salas de juego.

No obstante, es importante destacar que todos los gremios empresariales que han rechazado esta iniciativa de los Diputados de la República, y han solicitado el veto presidencial al proyecto de Ley 621, también han dejado claro que no se oponen a la posibilidad de buscar una fórmula que permita concretar el aumento a los jubilados, por considerarlo justo y necesario.

De hecho, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), a través de su presidente Carlos Troetsch, ha dejado abierta la posibilidad que, al vetar ese documento, el Ejecutivo lo devuelva a la Asamblea Nacional de Diputados para que sea sometido a un debate con todos los sectores de la sociedad, con el fin de encontrar una solución que permita garantizar un aumento a los jubilados, sin que esto afecte el desempeño de diversos sectores de la economía ni agrave la crisis financiera que se cierne sobre la CSS.

Y es que, ciertamente, el aumento a los jubilados debe ser debatido a luz de la situación económica del país, pero también de la grave crisis financiera que atraviesa el sub programa de reparto puro del IVM de la CSS: Un tema que, lastimosamente, ha sido obviado por las últimas dos administraciones gubernamentales; a pesar de saber que existe la posibilidad clara de un colapso, que podría arrastrar al país a una crisis económica y social sin precedentes.

En todo caso debe esperarse que el Ejecutivo tome en cuenta los riesgos que implica para el país el proyecto de Ley 621, debido a su posible impacto negativo en el sector financiero panameño, toda vez que el impuesto de 7% a las remesas -establecido en su Artículo 4– podría aplicar a un gran número de operaciones de transferencia de recursos económicos al exterior que no sólo incluyen las remesas familiares, sino también los pagos de préstamos a bancos, pagos a suplidores, depósitos a plazo fijo, dividendos enviados a sus sedes centrales, entre otros, atentando así contra la seguridad jurídica de quienes realizan estas operaciones y poniendo en riesgo el ingreso de Inversión Extranjera Directa (IED) al país.

También se debe tener presente que aplicar un nuevo impuesto de 5% a las ganancias netas anuales de las máquinas tragamonedas, y de los centros de apuestas en casinos y salas de juego, podría significar el inicio de una nueva ola de despidos y cierre de empresas en este sector de la economía”.

Los riesgos están sobre la mesa, por lo que la razón aconseja que el tema sea debatido de manera más pausada y profunda, para lo cual el Ejecutivo tendría que vetar el proyecto de Ley 621, por inexequible, y devolverlo a la Asamblea Nacional de Diputados para que sea sometido a un verdadero proceso de consultas y que, de ese modo, se pueda encontrar una mejor solución para beneficio de los jubilados, de los que en los próximos años deberán jubilarse y del país.

Editorial
Edición 910
Del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2018

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