Un tema que no se puede postergar

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La economía panameña sigue teniendo perspectivas positivas y el país sigue siendo un puerto seguro para la inversión extranjera, sin embargo, si queremos seguir avanzando por la senda del desarrollo económico y social es menester que quienes tienen la responsabilidad de administrar la nave del Estado afronten rápidamente algunos temas que sin duda podrían afectarnos negativamente.

Uno de esos temas, que debe ser abordado con urgencia, es la necesidad de retomar en la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley que busca ofrecer al operador que gane la licitación del futuro puerto de Corozal, los mismos incentivos fiscales que gozan los operadores de las terminales portuarias existentes actualmente en el país.

Esta iniciativa legislativa fue rechazada a principios de este año, cuando fue sometida a primer debate en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea de Diputados, y aun cuando el  presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que ese proyecto de ley sería objeto de algunos cambios con el fin de volverlo a someter a la consideración de los parlamentarios y lograr así que fuese aprobado. Sin embargo, hasta la fecha el Ejecutivo no ha cumplido con lo prometido.

La importancia del puerto de Corozal ha quedado demostrada cuando un total de 11 empresas portuarias y navieras internacionales, entre las que figuran algunas de las más grandes del mundo, han expresado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) su disposición a participar en la licitación de la concesión administrativa del mismo.

Esto debería ser más que suficiente para que el presidente Varela comprenda la necesidad de contar con una ley que equipare a esa nueva terminal con sus competidores, para garantizar la igualdad de condiciones que haga atractiva la multimillonaria inversión que sin duda representa desarrollar un puerto que podría llegar a mover poco más de 5 millones de TEUs al año.

No obstante, hay que tener presente que el desarrollo de facilidades portuarias como las que la ACP desea desarrollar en Corozal no solo requieren una fuerte inversión de capital, por ejemplo, el puerto de Rodman adelanta en este momento un proyecto de expansión valorado en $400 millones, sino que, además generaría un importante número de puestos de trabajo bien remunerados, algo fundamental en un momento en el que la tasa de desempleo en el país se ha incrementado, al cierre de agosto de este año a 5,1%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

Por supuesto, existen otras alternativas que podrían ahorrarle al presidente Varela el tener que invertir su capital político en lograr que la Asamblea apruebe una ley de equiparación fiscal para el puerto de Corozal. Por ejemplo, algunos especialistas en el tema marítimo han sugerido la posibilidad que la ACP mantenga el control administrativo de esa nueva terminal, por lo cual solo tendría que convocar a una licitación internacional para el diseño y construcción del puerto, por lo que no sería necesario contar con una ley de equiparación, ni siquiera si en última instancia se llega a contratar a un tercero para ejercer la administración de la operación portuaria.

Finalmente, no importa cual camino se escoja, es claro que el país necesita preparase para aprovechar de la mejor manera los beneficios que generará el Canal ampliado, y que el puerto de Corozal es un proyecto que va en esa línea y por tanto debe ser ejecutado lo antes posible, porque de lo contrario la expansión de nuestra vía acuática terminará por favorecer a otros países, que sí se han venido preparando para sacar provecho al incremento del volumen de carga que atravesaría el istmo de Panamá a partir del 2016 como Estados Unidos,(EE.UU.) República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Jamaica e incluso Cuba.    

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