Una década de precios de transferencia en Panamá

Una década de precios de transferencia en Panamá
El régimen de precios de transferencia se introduce en Panamá a partir del año 2010Archivo

El régimen de precios de transferencia se introduce en Panamá a partir del año 2010 y se encuentra contenido en los Artículos 762-A a 762-L del Código Fiscal. Además, existe la reglamentación sobre la materia a través del Decreto N°390 de 2016 y partir del 2019, la adopción del reporte país por país.

Los precios de transferencia son conocidos en el mundo tributario como los precios pactados en transacciones entre partes relacionadas.

A diferencia de un precio pactado entre partes independientes, el interés común que tienen las partes en este tipo de transacciones puede ocasionar que los precios no reflejen las funciones realizadas y los riesgos asumidos por cada una de las partes.

Cuando se trata de un grupo multinacional, con filiales ubicadas en distintas jurisdicciones, con distintas tasas impositivas y que realizan transacciones entre ellas, las autoridades fiscales de estas jurisdicciones procuran que estos precios concuerden con los precios de mercado para asegurar que la renta declarada en su jurisdicción y el impuesto pagado, sean apropiados.

A este concepto de igualar los precios de transferencia a los precios que hubieran pactado partes independientes se le conoce como el “Principio de Plena Competencia” o “Arm’s Length Principle” y es el estándar internacional adoptado por los países para controlar la erosión de las bases imponibles como consecuencia de los flujos intragrupo.

En el caso de Panamá, la legislación ha adoptado los criterios internacionales contenidos en las Directrices de Precios de Transferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), entre los que se encuentran los criterios de vinculación, la definición de los sujetos obligados, los métodos, las medidas estadísticas y los factores de comparabilidad para validar el cumplimiento del principio de plena competencia.

Además, la legislación establece las obligaciones documentales ante la Dirección General de Ingresos (DGI) y las sanciones por incumplimiento.

Durante estos primeros diez años, el régimen ha ido evolucionando y ampliando su ámbito de aplicación para ahora no solo abarcar operaciones transfronterizas, sino también operaciones locales en el caso de que una de las partes esté ubicada en un régimen o zona económica especial.

También se ha evolucionado en cuanto a la adopción de estándares internacionales después de unirse Panamá al marco inclusivo del Proyecto BEPS de la Ocde en 2016.

La evolución en cuanto a documentación ha significado la exigencia de más información en los informes de precios de transferencia, el estudio de precios de transferencia y la documentación del grupo empresarial, esta última que se asemeja al archivo maestro del proyecto BEPS de la Ocde.

El mayor nivel de detalle en la documentación permite a la Administración Tributaria evaluar los niveles de riesgos para la apertura de auditorías de precios de transferencia.

En este sentido, la DGI ha venido ejerciendo sus facultades de control a través de la aplicación de multas por omisión del informe de precios de transferencia que pueden llegar hasta $1 millón, la solicitud de estudios de precios de transferencia y la apertura de procedimientos de fiscalización.

Esto ha dado como resultado procedimientos contenciosos tributarios, generando criterios jurisprudenciales al respecto.

En el año 2017, se publica el primer fallo de fondo del Tribunal Administrativo Tributario (TAT) sobre un caso de fiscalización de Precios de Transferencia en Panamá.

A partir de entonces, se ha ido desarrollando Jurisprudencia de fondo, siendo la Resolución de Fondo N.° TAT-RF-062 de 10 de septiembre de 2020 el fallo más importante en cuanto el monto alcanzado y el desarrollo de criterios técnicos discutido por el TAT.

Dentro la jurisprudencia, hay algunos aspectos que se pueden identificar como lecciones aprendidas. En primer lugar, se observa que tanto la DGI como el TAT dejan evidenciadas las inconsistencias presentadas por los contribuyentes en su análisis de precios de Transferencia.

Estas inconsistencias detectadas entre las distintas obligaciones de precios de transferencia que se presentan ante la DGI, han sido los indicios más relevantes para la apertura de auditorías de precios de transferencia.

Algo que también que se ha puesto de manifiesto en los criterios jurídicos y la jurisprudencia es que la información financiera de la parte analizada es exhaustivamente revisada por parte de la DGI y del TAT y cualquier ajuste a la misma podrá ser sujeto a cuestionamientos.

Asimismo, los cambios en metodología de un periodo a otro y una selección inadecuada de un método de precios de transferencia pueden ocasionar la apertura de una auditoría y producir un ajuste de precios de transferencia por parte de la DGI al contribuyente.

En cuanto al análisis de comparabilidad, que realmente es el eje central del análisis de precios de transferencia y se encuentra contenido en el Artículo 762-E del Código Fiscal, el TAT ha demostrado estudiar de manera detallada los cinco factores de comparabilidad con la finalidad de rechazar o admitir las operaciones comparables en cada uno de sus fallos, demostrando el nivel técnico que ha alcanzado dicha instancia.

El último fallo del TAT de 10 de septiembre de 2020 es el más cuantioso para casos de precios de transferencia hasta el momento, por un monto total de impuestos a pagar más de más de $13 millones.

De este fallo, podemos resaltar algunas lecciones clave para los contribuyentes, por ejemplo, que la elaboración del estudio precios de transferencia antes la presentación del informe de precios de transferencia podría mitigar los riesgos de ajustes de precios de transferencia, dado que reduce la posibilidad de presentar inconsistencias ante el fisco y garantiza la simetría de información.

Adicionalmente, se resalta en diversas ocasiones que la información financiera de las empresas comparables resultante de bases de datos debe ser verificada respecto a la información pública disponible y, sobre todo, que cualquier ajuste a la comparabilidad deberá ser únicamente con la finalidad de mejorar la comparabilidad, debe ser documentado y tener razonabilidad económica.

Después de estos diez años de evolución y de lecciones aprendidas para los contribuyentes y autoridades fiscales, nos preparamos ahora para más cambios en aspectos de sustancia, analíticos y de documentación como producto del Proyecto BEPS, a los retos en el proceso analítico que nos deja el coronavirus (COVID-19) y a cambios estructurales como las propuestas para la tributación de la economía digital, que presenta desafíos importantes en la aplicación del principio de libre competencia.

Todo parece indicar que la próxima década se vislumbra aún más interesante y controversial para los precios de transferencia en Panamá.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Frida Medrano Cebrián,
Socia
Galíndez, Medrano & Asociados

 

 

 

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