Una oportunidad para mostrar independencia

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Asamblea

Contrario a lo prometido en campaña cuando el presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que bajo su administración no se crearían ni aumentaría ningún impuesto que afectara los bolsillos de los panameños y bajos recursos y la clase media, el Consejo de Gabinete aprobó  enviar a la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de Ley que impone una tasa adicional de $0,05 por cada litro de gasolina (lo que equivale a $0,19 por galón), con el fin de recaudar los dineros con que se sufragará un nuevo aumento a los jubilados y pensionados del país.

La propuesta para este incremento se definió de acuerdo a porcentajes y tramos salariales, estableciéndose un rango para su aplicación: Jubilación o pensión menor de $250,00  recibirá un incremento de $55,00 mensuales; de $250,01 hasta $270,00  recibirá un incremento de $50,00 mensuales; de $270,01 hasta $300,00 recibirá un incremento de $40,00 mensuales; de $300,01 hasta $400,00 recibirá un incremento de $35,00 mensuales; de $400,01 hasta $600,00 recibirá un incremento de $30,00 mensuales y de $600,01 hasta $800,00 recibirá un incremento de $20,00 mensuales.  

Nadie en su sano juicio puede criticar el interés del presidente Varela por mejorar la situación económica de los más de 200.000 jubilados y pensionados que se beneficiarán con esta medida, sin embargo, es evidente que amarrar el incremento de las jubilaciones a un aumento del impuesto a la gasolina, tomando como justificación que el precio de este producto ha disminuido significativamente debido a la caída del precio del petróleo a nivel internacional no parece prudente, pues nadie en este momento puede predecir cuánto tiempo el valor de ese producto básico va a mantenerse a la baja.

De hecho, mientras algunos voceros del Ejecutivo aseguraban que la baja del petróleo y sus derivados debe mantenerse por lo menos por espacio de dos años, con el fin de justificar la medida, la Secretaría Nacional de Energía emitió un comunicado en el que informó de un aumento en todos los combustibles a nivel nacional. Este incremento fue de $0,0199 por litro para la gasolina de 95 octanos ($0,0755 por galón), de $0,0345 por litro para la gasolina de 91 octanos ($0,1309 por galón) y de $0,0187 por litro para el diésel bajo en azufre ($0,0710 por galón).

Bajo este argumento se asegura que el país ahorrará unos $1.000 millones anuales gracias a la caída del precio del petróleo y que es justo que los consumidores den un aporte solidario para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, sin embargo es importante aclarar que un estudio del Colegio Nacional de Economistas de Panamá ha ubicado entre $700 y $750 millones el ahorro que experimentará el país.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Caja de Seguro Social (CSS) el incremento del impuesto a los combustibles permitirá recaudar unos $100 millones adicionales a lo que se recauda actualmente, de los cuales $80 millones se destinarán a financiar el aumento de las jubilaciones y pensiones, mientras los $20 millones restantes se dirigirán a apuntalar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

Pero lo más preocupante de todo esto ha sido que esta medida ha sido adoptada de forma inconsulta, ya que en las reuniones del Consejo de Gabinete en que se trató el aumento de las jubilaciones no se abrió un espacio para conocer la opinión de los gremios empresariales, sindicales y profesionales del país, ni para que estos presentarán alguna alternativa que ayudara a evitar que algo tan importante quedara atado a un producto con un precio tan volátil como el combustible.

Por suerte, todavía existe una posibilidad de que se evite un error tan garrafal y se busquen otras alternativas para recaudar o ahorrar los $80 millones que se requieren para garantizar el merecido aumento de los jubilados pues el tema está ahora en las manos de la Asamblea Nacional de Diputados, rgano del Estado que ahora tendrá la oportunidad para demostrarle al país que es verdaderamente independiente del Ejecutivo y que puede, a través del proceso legislativo, encontrar nuevas y mejores alternativas para que el beneficio de un sector importante de la población no afecte la calidad de vida de todos los consumidores del país.

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