Una realidad difícil de afrontar

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Desde el primero de julio de 2014 a la fecha las entidades encargadas de apoyar el  desarrollo del sector agropecuario, encabezadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), han invertido $95 millones para tratar de sacarlo de la profunda crisis en que lo han sumido 25 años de políticas públicas orientadas a favorecer la importación de alimentos bajo la premisa de que nuestros productores no solo eran ineficientes, sino que sus productos son de mala calidad y excesivamente costosos respecto a la oferta que se puede adquirir en los mercados internacionales.

Hoy en día sabemos que esa corriente de pensamiento ha fracasado a tal punto que los propios organismos que la fomentaron en su momento, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, se han visto forzados a reconocer que ningún país puede poner su seguridad alimentaria en manos del mercado internacional debido a que los precios de los alimentos registran un alto nivel de volatilidad, lo que puede tener resultados catastróficos para sus ciudadanos.

Otro hecho que hoy es aceptado como realidad es que en la gran mayoría de los productos que se comercializan en los mercados internaciones son suplidos por los productores de los países desarrollados quienes ofrecen mejores precios debido a que cuentan con millonarios subsidios y ayudas económicas estatales. Se estima que en Estados Unidos estos apoyos estatales suman alrededor de $40.000 millones anuales y que en la Unión Europea la cifra es ligeramente inferior a ese monto, lo que evidencia que sus productores no son tan eficientes como algunos han querido hacernos ver.

El problema es que desde la administración del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, el país apostó por adelantar un proceso de apertura de mercado basado en dos premisas, la primera era abandonar la producción de aquellos rubros que en ese momento se podían adquirir a mejor precio en los mercados internacionales y la segunda era concentrar los esfuerzos de los productores en aquellos rubros en los que teníamos alguna ventaja competitiva y que eran altamente demandados en los principales mercados de consumo.

La idea era ofrecer a los consumidores alimentos más económicos, gracias a la reducción progresiva de los aranceles de importación, al tiempo que los productores mejoraban sus  ingresos exportando productos de mayor valor como frutas tropicales, vegetales y tubérculos no tradicionales, un mundo de hadas en el que todos seríamos felices y comeríamos perdices.

Sin embargo, la realidad ha sido otra. Los empresarios dedicados a la importación y distribución de alimentos jamás transfirieron la reducción arancelaria a los precios, convirtiendo ese ahorro en una ganancia adicional, mientras que los productores jamás recibieron el apoyo económico y técnico necesario para incrementar el volumen y calidad de su producción con fines de exportación.

El resultado no podía ser otro que una catástrofe social. Tan solo al cierre del primer trimestre mientras la economía panameña crecía a un ritmo de 5,9%  el sector agropecuario registró una caída en el valor de su producción de 0,8%, a pesar de todo el esfuerzo realizado por el titular del Mida, Jorge Arango, para tratar de devolverle la confianza a los agricultores y ganaderos del país para que retornen o incremente su actividad productiva, al limitar las importaciones de alimentos a la satisfacción de las necesidades reales del mercado y a las fechas en que la producción nacional no puede satisfacer la demanda.

Por si fuera poco la extensión de la estación seca a nivel nacional, y especialmente en la región de Azuero, ha puesto en jaque la producción de arroz, maíz, leche y carne de res, generando un incremento en el precio al consumidor de algunos de estos productos, todo lo cual pone en evidencia que reactivar el agro panameño no solo será una tarea difícil y de largo aliento, sino que demandará una  mayor inyección económica.

La situación exige también una nueva actitud por parte de los productores quienes tendrán que explorar nuevos métodos de cultivo y cría de animales utilizando nuevas tecnologías, como la agricultura en ambiente controlado y la agricultura vertical, que eleven la productividad de sus negocios para ofrecer a los panameños alimentos de alta calidad a precios accesibles durante todo el año (eliminando su dependencia del clima), algo que debe ser acompañado por el Estado, mediante el otorgamiento de incentivos fiscales.

También es necesario darle un mayor impulso al Plan Nacional de Trazabilidad Ganadera y la certificación de las plantas procesadoras de carne de res y cerdo, para facilitar la exportación de carne y productos procesados a los mercados internacionales, especialmente a Estados Unidos y Europa.

Igualmente es necesario explorar nuevos mercados para nuestros productos, ya que existe una gran cantidad de oportunidades que no estamos aprovechando, y un ejemplo de ello es Turquía, un país europeo con más de 70 millones de habitantes al que Panamá no exporta casi nada, a pesar de que cuenta con una alta demanda de productos como café, banano, piña, vegetales y frutas tropicales. 

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