Una tema de justicia

Una tema de justicia

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A solo semanas de iniciar un nuevo año lectivo el país vuelve a enfrentar el debate sobre la necesidad de establecer algún tipo de incentivo fiscal para aquellos padres que, en su gran mayoría, hacen grandes sacrificios económicos para dotar a sus hijos de una educación que les permita enfrentar los retos de la economía del siglo XXI a través de la formación que se imparte en los colegios particulares.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República,  en el año 2014 el país registró 424.621 estudiantes de nivel primario, de los cuales 59.598 cursan estudios en colegios particulares. Mientras que de los 311.816 estudiantes que cursan los niveles de premedia y media unos 50.237 acuden a colegios particulares.

Y a pesar que de los más de 735.000 alumnos que cursan estudios primarios, de premedia y media unos 110.000 acuden a colegios particulares, el presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca) para el año 2015 sumó la nada despreciable cifra de $1.878,0 millones, lo que representa un gasto por estudiante de $1.494,55 anuales. Esto significa que los padres de familia de la denominada clase media y muchos padres de la denominada clase baja están llevando sobre sus hombros una carga,  que conformé a la Constitución de la República de Panamá,  es una responsabilidad del Estado: Proveer a los niños y jóvenes del país, sin ningún tipo de discriminación, de un sistema educativo de calidad.

Por tanto, es de justicia que el Estado le reconozca a estos padres,  ya sea parte o la totalidad del esfuerzo económico que realizan para que sus hijos acudan a colegios particulares, lo que por cierto aumentan su costo año tras año, dificultando la permanencia de muchos niños y jóvenes en este segmento del sistema educativo y obligando a muchos padres a optar por trasladar a sus hijos a los colegios públicos, con todo el gasto que esto conlleva para el Meduca.

Otro elemento que hay que tener presente es que la mayoría de los niños y jóvenes que cursan estudios en colegios privados no reciben apoyo estatal a través del programa de la Beca Universal, que otorga una asistencia económica a todos los estudiantes de los colegios públicos según su nivel de estudio y a algunos estudiantes de colegios privados, específicamente a los que acudan a colegios privados de bajo costo, los que por cierto, cada vez son menos. Además, hay que tener presente que la mayoría de los padres que reciben estos incentivos no realizan ningún aporte al fisco nacional, pues los ingresos de la mayoría están por debajo del umbral establecido para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR),  por lo que solo pagan el Impuesto Educativo, que no cubre los gastos que realiza el país en este renglón.

Es comprensible que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se muestre reticente a que el país otorgue nuevos incentivos fiscales, sacrificando parte de los ingresos que actualmente percibe el Estado. Sin embargo, evidentemente es necesario evaluar los pros y contras de otorgar un incentivo fiscal a quienes mantienen a sus hijos en colegios particulares.

Algunos pros podrían ser que estos padres contarían  con mayores recursos para gastar, lo que daría un nuevo impulso al consumo interno, también podrían optar por ubicar a sus hijos en colegios más prestigiosos y con mejores resultados educativos, lo que a largo plazo se traducirá en un Recurso Humano mejor formado.

Claro que siempre hay contras, como la reducción de los recursos de que dispone el Estado para responder a las demandas de la población en materia de infraestructura, transporte, educación, salud y servicios básicos a través del Presupuesto General del Estado.

Ya el titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, ha expresado en múltiples ocasiones su oposición a otorgar exenciones fiscales, convencido que en Panamá las tasas impositivas son todavía bajas, en comparación con otros países.

No obstante, debemos recordar que la mayoría de los ciudadanos de este país, incluyendo a los padres de clase media, no reciben ningún tipo de exención fiscal y que el ISR le es retenido en la fuente (descontado directamente de su salario), por lo que no se les puede achacar a ellos los bajos niveles de tributación generados por las flexibilidades otorgadas a las personas jurídicas por nuestro sistema tributario.

Por supuesto, también se pueden ensayar soluciones salomónicas, como reducir un porcentaje predeterminado del ISR que pagan las personas naturales al fisco, de forma que estos cuenten con un apoyo que hoy no existe y que el MEF pueda establecer un monto de descuento tolerable para las arcas nacionales.

Al final, debemos recordar que de lo que hablamos aquí no es de impuestos o dinero, sino de educación y de la formación de las nuevas generaciones, y que es con este prisma con el que se debe abordar el tema, que se espera sea debatido en la Asamblea Nacional de Diputados las próximas semanas.

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