Unificar criterios, el reto de las zonas libres y francas en Panamá

Unificar criterios, el reto de las zonas libres y francas en Panamá

El objetivo debe ser luchar juntos contra la piratería, la falsificación y el contrabando

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Unificar criterios, invertir  en sistemas tecnológicos innovadores, cumplir las normas establecidas a cabalidad y ejecutar la debida diligencia exigida en la reciente aprobada Ley 23 del 27 de abril del  2015 son algunos de los desafíos que están enfrentando las distintas zonas libres y francas que operan en el territorio panameño.

Esta fue la conclusión a que llegaron los expositores en el foro denominado: Lucha contra el lavado de dinero, desafíos de las zonas libres y francas, organizado por Capital Financiero, tema que se encuentra en la palestra a nivel global, donde el Gobierno de Panamá y el sector privado han tomado medidas para tratar de blindar la actividades comerciales y financieras de este flagelo.

Los expositores del foro y en especial Roberto Sayavedra,  director  senior de Global Risk & Investigations, quien expuso el tema: Como Establecer un  Programa Efectivo de Control y Cumplimiento en las Zonas Libres y Francas, señaló que para lograr ser menos vulnerables al blanqueo de capitales y al financiamiento de armas de destrucción masiva   todo sujeto obligado debe mantener documentación de debida diligencia de su cadena comercial, que sus negocios sean reales, comercialmente razonables y con adecuado sustento documental y financiero.

Aunado a esto el sujeto obligado debe conocer el origen de los fondos que recibe como pago por las operaciones que realiza, contar con mecanismos para monitorear efectivamente a sus clientes y proveedores en función del riesgo que estos representan y que sus colaboradores se encuentren adecuadamente capacitados en materia del lavado de dinero y  financiamiento del terrorismo.

Además, debe contar con procesos y políticas para detectar y reportar de manera efectiva transacciones o actividades sospechosas y  controles para el manejo de transacciones en efectivo y cuasiefectivo, sustentó el experto.

Sayavedra  aseveró  que con esta nueva forma de operar y cumplir con las normas establecidas, las operaciones de las zonas especiales de Panamá dejarán de ser un tabú y añadió que todo esto se logrará con la creación de un Manual de Cumplimiento ajustado a la ley y las actividades particulares del sujeto obligado implementando el procedimiento conozca a su cliente.

Por su parte, Marissa Lasso de la Vega, coordinadora de la Comisión Contra el Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), expuso el tema: Comercio Ilícito en Panamá, y  aseguró que la clave para enfrentar los desafíos de las zonas libres y francas en Panamá es que los empresarios se adecuen a los cambios.

Para lo cual deben Integrar y unificar sus esfuerzos con el fin de luchar contra los delitos de piratería, falsificación y contrabando que afectan a todos los panameños, por lo que  Lasso de la Vega recomendó a los empresarios realizar cambios en su forma de operar.

Para lo cual deben conocer  bien no solo a sus clientes, sino a sus proveedores, con el objetivo de conocer la ruta y los  giros de sus negocios, y así contar con un perfil adecuado de éstos, y al final cuando elaboren el informe que deben entregar a la entidad reguladora puedan documentar los datos relevantes de sus transacciones comerciales.

Para Leroy Sheffer, consultor y  experto en Comercio Exterior y Políticas Públicas, los grandes desafíos de las zonas libres y francas en el país tienen que ver con  el cumplimiento de las nuevas regulaciones sobre lavado de dinero.

Y la implementación de sistemas tecnológicos innovadores para  facilitar la transparencia y el  cumplimiento a cabalidad de  las normas establecidas, para así mermar los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, hay que resaltar que, pese a  que la Ley 23 es una norma bien trabajada que regula las actividades comerciales financieras y no financieras del país, aún hay mucho trabajo por hacer en el mercado panameño, debido a que este tipo de normas crean retos no solo para los regulados, sino para las entidades reguladoras.

Como es el caso del Ministerio de Comercio e Industria (Mici) y de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA),  que necesitan reforzar sus sistemas tecnológicos para hacer eficiente y rápido los  proceso de vigilancia.

Sheffer considera que se deben  unificar los criterios sobre las normas que rigen tanto a las zonas libres como a las zonas francas que operan en Panamá, ya que al homogenizar los criterios se evitará que empresarios de las zonas libres emigren hacia las zonas francas y se logrará blindar al mercado panameño contra el  delito de blanqueo de capitales.

Por otro lado, la Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Carlamara Sánchez, manifestó que es imprescindible que los sujetos obligados apliquen la debida diligencia básica a todos sus clientes, y que en el caso  de una  Persona Políticamente Expuesta (PEP) se profundice en el proceso.

Conociendo,  por ejemplo, el nombre del beneficiario final, la fuente de sus fondos y el tipo de actividad que realiza,   para que de esta manera el regulador pueda realizar su  trabajo de supervisión con mayor facilidad.

Y en el caso que el cliente se niegue a cooperar con el proceso de  debida diligencia, el caso se reporte de inmediato a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 23 del 2015, que establece que si el cliente se niega a dar información solicitada por el sujeto obligado, es considerado una persona sospechosa.

El sujeto obligado debe emitir a la UAF un reporte de operaciones sospechosas para que los supervisores de esta entidad levanten un proceso de investigación en contra de su cliente, puntualizó Sánchez.

Sánchez recordó que las sanciones por el incumplimientos de la Ley 23 van desde  $5.000 hasta $1 millón.

Karelia Asprilla
karelia.asprilla@capital.com.pa
Capital Financiero

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