Universidad de Panamá propone retornar al sistema solidario y que el Estado aporte al problema financiero de la CSS

Universidad de Panamá propone retornar al sistema solidario y que el Estado aporte al problema financiero de la CSS

Volver de manera completa al sistema solidario en el caso del Programa de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS) y lograr que el Estado “aporte significativamente a la solución de los problemas financieros de la CSS”, son parte de las propuestas de la Universidad de Panamá, contenidas en el documento Seguridad social y sistema de pensiones en Panamá: Crisis y alternativas sociales, presentado a la Comisión del Diálogo por la CSS, luego de la aprobación por parte del Consejo Académico.

El documento es un completo estudio que cuenta con el respaldo de las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Dr. Eduardo Flores Castro, junto al equipo integrado por el Dr. José Emilio Moreno; vicerrector Académico; Dr. Jaime Javier Gutiérrez, vicerrector de Investigación y Postgrado; Mgter. Arnold O. Muñoz Agrazal, vicerrector Administrativo; Mgter. Mayanín Rodríguez, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles; Mgter. Denis Javier Chávez, vicerrector de Extensión; Mgter. Nereida E. Herrera T., secretaria general; y Dr. Carlos Bellido, director general de Centros Regionales Universitarios, Extensiones Universitarias y Anexos.

Participan en el estudio, como miembros de la Comisión Universitaria de Agenda Nacional,  los profesores de la Universidad de Panamá (UP),  Denis Javier Chávez, vicerrector de Extensión y quien la preside;  Juan Antonio Jované De Puy; Aracelly De León de Bernal, José Antonio Gómez Pérez,  Rolando Murgas Torraza, Ana Patiño Martínez, Israel Gordón Canto, Víctor Hugo Herrera Ballesteros, Jorge Aued Huertas y  Elpidio González Aguilar, en este caso como egreado de la UP.

En la introducción del estudio se recuerda que “en 2020,  frente a difíciles condiciones sanitarias y socioeconómicas que vive Panamá, fue presentada a la faz nacional la Visión de la Universidad de Panamá para afrontar tal situación crítica, mediante una propuesta denominada Estrategia Alternativa de Desarrollo Integral e Inclusivo – Visión de la Universidad de Panamá”, la General Universitario”. (No. 5 – 20 de 7 de octubre del mismo año)”.

La Comisión Universitaria de Agenda Nacional (CUAN),  “designada por el rector Eduardo Flores Castro el 30 de julio de 2020, preparó la estrategia aludida y ha continuado trabajando para cumplir con los objetivos de su establecimiento”.

En esta ocasión, la CUAN presenta un estudio analítico y en profundidad sobre el sistema de seguridad social nacional, denominado, “Seguridad Social y Sistema de Pensiones en Panamá: Crisis y Alternativas Sociales” que busca dar respuesta “a una crisis hoy ya desbordada en el régimen de jubilaciones y pensiones, particularmente como herencia desestabilizadora de la vigente Ley No. 51 de 27 de diciembre de 2005; y ante la cual, la sociedad panameña está obligada a buscar y conformar soluciones a las consecuencias negativas resultantes de tal legislación”.

Los miembros de la CUAN resaltan que cualquier acción “de la nueva lógica económica” debe tener como prioridad “la protección de toda la población frente a los diversos riesgos de la vida”.

Observan que estas propuestas son pertinentes por cuanto está en marcha el proceso de Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social que amerita, de la sociedad en su conjunto, “plantear sus intereses y perspectivas”.

El objetivo general, “plantea analizar las características de la seguridad social en Panamá, identificando las interconexiones principales existentes entre: las instituciones; el Estado y sus políticas nacionales de seguridad social y salud pública; y la sociedad, con su población, estructuras productivas y dinámicas sociopolíticas”.

De igual modo se desprenden tres objetivos: establecer la situación actual de seguridad social en Panamá; realizar un diagnóstico de la Caja de Seguro Social, con respecto a la grave crisis actual del Programa de Vejez, Invalidez y Muerte (PIVM), en particular el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), también llamado “Solidario” y  desarrollar la propuesta de Retorno Completo al Sistema Solidario (SEBD) en lo referente al PIVM, incluyendo las estrategias y medidas que se deben adoptar para la estabilización del sistema de pensiones a largo plazo.

Propuestas

En función del diagnóstico del documento “y con el aporte de las diversas organizaciones sociales preocupadas por el tema”, se proponen varias alternativas.

“La base de la propuesta alternativa es volver al modelo solidario a todo el sistema de pensiones. Esto, además de evitar que el costo de los desaciertos de la Ley 51 recaiga sobre los asegurados vinculados al subsistema solidario (SEBD), permitirá, como lo han tenido que reconocer a regañadientes los propios impulsores de las cuentas individuales, un balance positivo hasta el 2036 y reservas hasta el 2041 (Junta Técnica Actuarial, 2021)”, indican.

“Con esta ganancia de tiempo se podría, a partir de las medidas inmediatas aquí presentadas, estabilizar y consolidar la seguridad social pública, universal y solidaria”.

El estudio también propone “un estilo de crecimiento económico que sea capaz de distribuir equitativamente los frutos del progreso. Con solo volver a la distribución del ingreso existente en el 2007, entre remuneración de los asalariados y el excedente bruto de explotación, se podría lograr un incremento de 22.6% de las cuotas captadas por la CSS, se trataría actualmente de un monto de cerca $517.5 millones, los que seguirían acrecentándose con el crecimiento de la economía”.

El “Estado deberá reconocer la deuda previsional generada por los abusos sistemáticos contra la CSS, así como por los problemas financieros originados en la Ley 51”, señalan.

Al respecto, indican que debe ocurrir por dos vías:

a. La constitución de un capital semilla para la creación del Fondo de Seguridad Social de Panamá, el cual deberá ser administrado por la CSS. Este podría provenir del traspaso de activos del Estado. Entre otros se señala el 25% de las acciones de las empresas privatizadas. De este fondo, solo se deberán utilizar una parte de los beneficiarios a fin de no deteriorarlo. Esto de manera inmediata podría entregar a la CSS un ingreso anual de cerca de $33.0 millones. Este deberá elevarse a medida que la economía se vaya expandiendo.

b. Una transferencia anual de recurso para fortalecer las finanzas de la CSS. “En el caso del programa de IVM esa transferencia debería estar entre el 1.5% y el 2.0% del PIB. El valor de un aporte de este tipo hubiera estado entre los $1,016.8 millones y los $1.335.8 millones durante el 2019″.

“Que el Estado se haga cargo del financimiento de salud que la CSS presta a los beneficiarios (que seguirán siendo atendidos por la institución) Esto significa que el Estado cumpla con su responsabilidad constitucional. Esto permitiría mejorar significativamente los servicios de Salud que presta la institución y que, eventualmente con un ajuste de la Ley, se pueda redigirir parte de la cuota aportada actualmente para salud hacia el programa de IVM para fortalecerlo. Esta medida podría elevar los recursos de la CSS es más de $621.1 millones”, se argumenta en el estudio.

En relación con el alto nivel de informalidad que existe en el país proponen, entre otras acciones, que el Estado los apoye cubriendo la cuota patronal y, en el caso de los sectores más precarios, tener acceso a pensiones no contributivas por parte del Gobierno.

Para los trabajadores cuenta propia no informales, se deberá aplicar la Ley para asegurar sus aportes.

Otras propuestas contemplan “establecer los mecanismos necesarios, como son las inspecciones, las auditorías y la facultad de los jueces ejecutores, con el fin de eliminar la morosidad, la evasion y la elusión; que una parte de la renta nacional obtenida a partir de los recursos naturales del país sea dedicada a la atención de las pensiones”.

Como una manera de elevar la rentabilidad de las reservas de la CSS, se inclinan por dos vías:

-Modificar la Ley a fin de permitir que la CSS pueda realizar directamente inversiones productivas, rentables y seguras.

-Que el Estado asegure la participación de la CSS como partícipe en el financiamiento de los grandes proyectos de inversión pública.15.

En el estudio se establece que “el principio de la obligatoriedad, el cual se consigna en Artículo 3 de la Ley 51, riñe con las concesiones que se han venido haciendo a los funcionarios extranjeros de las empresas transnacionales ubicadas en nuestro país” y al respecto se promueve que todo trabajador asalariado esté afiliado a la CSS.

Cabe señalar que el informe se complementa con artículos de análisis de referencia que dan sustento a las propuestas y aportan a la discusión presente y futura en relación al destino de la CSS.

Violeta Villar Liste
[email protected]
Capital Financiero

 

Más informaciones

Comente la noticia