Urge extender el Bono Solidario y la Ley de Interés Preferencial

Urge extender el Bono Solidario y la Ley de Interés Preferencial

Aunque aún no hay una cifra oficial, es evidente que, en materia de crecimiento económico, el 2018 no resultó como se esperaba, ya que según todas las estimaciones, incluyendo las del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el incremento  del Producto Interno Bruto (PIB) nacional al cierre del 2018 se ubicará entre 3.5% y 4%, un desempeño que en gran medida es resultado del impacto negativo que tuvo la huelga protagonizada por los obreros de la construcción, en demanda de una nueva Convención Colectiva y de incrementos salariales.

De acuerdo con las estimaciones del MEF, la huelga de casi un mes de los trabajadores del sector de la construcción, aglutinados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), implicó una reducción de 1% en las proyecciones del crecimiento del país. Bastan algunos datos económicos para constatar el impacto devastador de la huelga en la economía del país. 

El valor de las construcciones y adiciones registradas en los principales municipios del país pasó de $2,144.0 millones en 2017 a sólo $1,131.0 millones en 2018, lo que represente una caída de 39.8%. Como consecuencia de esta situación la producción de concreto premezclado registró una baja de 21.4% y la de cemento gris 13.8%. Mientras que el total de propiedades (horizontales y no horizontales) inscritas en 2018 se redujo en un 7.9%, en comparación con 2017.

Además, la demanda de mano de obra del sector construcción, medida a través de los nuevos contratos por obra determinada registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), pasó de 85,573 en 2017 a 74,581 en 2018, mostrando una reducción interanual de 12.8%.

Lógicamente, todo esto vino a agravar la situación de la industria de la construcción y el mercado inmobiliario, que  ya estaba afectado por una reducción de la demanda, debido a la pérdida de capacidad de compra de los ciudadanos, como consecuencia de la desaceleración de la economía;  de los ajustes en las políticas de crédito y  del incremento de las tasas de interés por parte la banca; el incremento de los costos de construcción y el impacto en los mismos del creciente número de trámites burocráticos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios tanto residenciales como comerciales o para la ocupación de los proyectos una vez terminadas las obras.

Ante esta realidad, los gremios del sector, como la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), el Consejo Nacional de la Vivienda (Convivienda) y la Asociación de Corredores de Bienes y Raíces (Acobir) han solicitado la extensión de la vigencia de la Ley del Bono Solidario, beneficio que culmina en diciembre de 2019, para facilitar la compra de viviendas de interés social de hasta $60,000, mediante un aporte de $10,000 por parte del Estado, en beneficio de familias con ingreso familiar de hasta $1,500.

Vale destacar que recientemente el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha emitidos dos decretos ejecutivos que incrementaron el tope del valor de las viviendas de $50,000 a $60,000 y extendió su alcance a Colón, Santiago, Chitré, Las Tablas, Los Santos, David, Penonomé y Bocas del Toro, porque solo amparaba a familias de Panamá y Panamá Oeste. Además, cifras oficiales indican que desde su establecimiento, el Estado panameño ha destinado al Bono Solidario unos $278 millones, lo que ha estimulado la construcción de 37,666 viviendas, con participación de 855 promotores de viviendas.

Igualmente, los dirigentes de la industria de la construcción y del sector inmobiliario, han solicitado una modificación a la Ley de Interés Preferencial, de forma que se aumente el valor de las viviendas que pueden acogerse a este beneficio. La propuesta apunta a amparar con interés preferencial a viviendas que cuesten hasta $150,000 y con un subsidio del 2% para las unidades entre $120,000  y $150,000.

Siempre habrá quienes se opondrán a este tipo de medidas, por considerar que estos aportes del Estado deberían destinarse a resolver otros problemas, sin embargo, hay que tener presente que se espera que los aumentos salariales pactados en la Convención Capac-Suntracs generen un incremento de entre 8% y 10% en los precios de las viviendas.  Esto agravaría el déficit habitacional en el país, el cual, de acuerdo con la Capac, se sitúa por encima de las 170,000 viviendas.

En todo caso, lo peor que pueden hacer las autoridades es quedarse de brazos cruzados y ver cómo la industria de la construcción y el sector inmobiliario continúan cayendo, tendría un impacto negativo para el resto de la economía del país y, más grave aún, limitaría el crecimiento de la demanda de mano de obra, lo que ya sabemos que se traducirá en un incremento de la informalidad y la pobreza a nivel nacional.

Por eso urge que el Ejecutivo que lidera el presidente Juan Carlos Varela, implemente la propuesta de los gremios empresariales para extender los beneficios del Bono Solidario y la Ley de Interés Preferencial, lo que no sólo permitirá a más panameños adquirir una vivienda, mejorando la calidad de vida de sus familias, sino que dará impulso a nuevos proyectos inmobiliarios a lo largo y ancho del país, generando empleos, riqueza y bienestar para todos los panameños y convirtiendo nuevamente a la construcción en uno de los motores del crecimiento económico del país.

Editorial
Del 25 de febrero al 2 de marzo de 2019
Capital Financiero

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